Radio Perspectiva de Clase

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martes, 30 de abril de 2013

En Lanús destruyen pruebas del genocidio


(Kaos en la Red)
por Lisandro Martínez
La Cámara Federal en el camino a dar vía libre al negocio inmobiliario desechó la presencia de Vargas, testigo viviente de aquel horror, “maltratando al testigo” como lo señalaran miembros de la Comisión Pcial. de la Memoria. ...ha decidido autorizar la mega construcción de torres sobre Campomar.
Argentina. En Lanús destruyen pruebas del genocidio Con las mismas explicaciones vacías que hace Macri en la CABA para justificar la especulación inmobiliaria con los terrenos del Borda, amparándose en una resolución judicial, de igual modo se esconden para hacer negocios con Campomar, el Gobierno, Electroingeniería y el Municipio, sin olvidar que el proyecto inmobiliario fue votado por unanimidad en el honorable, donde el 90% de los sagaces Concejales nunca supo de que se trataba.

Con la misma línea argumental justificada en dictámenes judiciales, donde no importa el descrédito que incluso abarca ya a la propia Suprema Corte de Justicia -acusada en el Congreso de pactar con el gobierno para mantener el dominio de una caja millonaria-, el gobierno municipal y la Comisión Pcial. por la Memoria, amparándose en una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata plagada de irregularidades y contraria a la preservación del Centro Clandestino de detención tortura y fusilamiento, ha decidido autorizar la mega construcción de torres sobre Campomar.

Sin haber completado la Cámara Federal ninguna investigación seria y menos científica dejó hacer sin controlar a la Gendarmería que pasó el georadar por el campo, previamente trabajado a pala mecánica y modificado por el municipio de Lanús.

La Cámara Federal en el camino a dar vía libre al negocio inmobiliario desechó la presencia de Vargas, testigo viviente de aquel horror, “maltratando al testigo” como lo señalaran miembros de la Comisión Pcial. de la Memoria.

Antonio M. Vargas, sobreviviente de Campomar, declaró en 2009 ante la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y luego dos veces, en forma ampliada, ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en 2011 y en 2012. Aunque su testimonio es concluyente, la Cámara Federal lo desechó en la causa, sin haber hecho una reconstrucción de sus declaraciones en el lugar en donde afirma categóricamente haber estado detenido, torturado y sufrido simulacro de fusilamiento. La Cámara lo hace invocando la resolución 18/98 que la habilita para investigar los hechos con los desaparecidos pero no para la persecución penal y dice que no pueden aceptar en este fuero la figura del querellante, puesto que es una suerte de fiscal.

Pero la Cámara es del fuero penal ¿Por qué no investiga y persigue penalmente?.

La Cámara Federal no profundizó ninguna línea investigativa a pesar que personas destacadas de Lanús, entre otros el Director de Educación del Municipio Alfredo Giorno, el periodista Armando Lucchina, el detenido/desaparecido Víctor Basterra -1979/1984 en ESMA-, todos decididamente K, declararon públicamente que Campomar era un “Chupadero”; incluso Hernando Altamirano con DNI en el listado de agentes del Batallón 601 quien intervino como agente de la represión dijo a uno de los testigos “Campomar fue un centro de detención y transferencia”.

La Cámara no profundizó la atención sobre la decena de testigos, presentados por la Comisión de Vecinos ni procuró obtener otros nuevos como señaló el Juez Leopoldo Schiffrin.

¿Por qué sólo el Juez Schiffrin actuó con la valentía propia de un demócrata cuando rechazó el dictamen de la Cámara Federal de Apelaciones que apuraba la destrucción de Campomar?

¿Cuál era el apuro para no seguir un protocolo investigativo?

¿Por qué la Comisión para la Memoria puso distancia de la Comisión de Vecinos de Valentín Alsina, quién o qué la llevó a esa actitud?

¿Qué fuerza poderosa movió la aguja hacia la impunidad que permite la realización de la especulación inmobiliaria?

En Campomar funcionó un Centro Clandestino de detención, tortura y fusilamiento. En el predio de 24 ha. a pesar de los numerosos testimonios presentados ante la justicia, el gobierno, el municipio de Lanús y la empresa Electroingeniería comenzaron a construir un barrio de torres.

Desde agosto de 2012 las presentaciones hechas por la Comisión de Vecinos de Valentín Alsina por la Memoria, la Verdad y la Justicia lograron mantener en pie los restos históricos del horror vivido en la última dictadura.

La Cámara Federal de Apelaciones decidió en febrero algo muy sospechoso: no investigar dentro de la fábrica sino en el campo que la rodea descartando la posibilidad de hallar pruebas en los edificios que estaban en pie. Schiffrin, el único juez que estuvo en Campomar inspeccionándola visualmente, no acordó con esta medida judicial y firmó la resolución en disidencia, señalando que la investigación no termina con la búsqueda de huesos, es “prerrequisito indispensable investigar con todos los medios posibles la fábrica en su conjunto durante tres meses y buscar testimonios, sobre todo de sobrevivientes, antes de tomar cualquier medida”.

El 16 de abril el Intendente Díaz Pérez y Héctor Bonfiglio del Concejo Deliberante firmaron en Lanús un convenio de cooperación con la Comisión Provincial por la Memoria, con el objetivo de trabajar de forma mancomunada para preservar la memoria colectiva y promover información referida al cumplimiento de los DDHH. Estuvo presente Alfredo Giorno, director de Educación.

Este acto de “preservación de la memoria” fue la campana de largada para destruir Campomar.

A estas horas arrasaron con todas las pruebas, no queda el lugar tabicado y movieron los restos de la edificación, se han priorizado los negocios inmobiliarios frente a los DDHH.

Uno de los participantes del negocio millonario en Campomar, el directivo de Electroingeniería Gerardo Ferreyra, contestó en 2010 un reportaje donde confesó que fue militante, dirigente del ERP y ex preso político y dijo “Los sobrevivientes como yo no hemos perdido todos los ideales”. Nadie puede evaluar si perdieron el 10 ó el 99% de los ideales, lo que queda claro es que la historia no los absolverá. Mientras, a los inclaudicables los acompañará siempre la poderosa voz de Walt Whitman diciéndoles al oído:

“No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo.
Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión.
La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña y nos convierte en protagonistas definitivamente de nuestra propia historia”.

(fragmento de “No te detengas”)

La lucha continúa. El 4/5/3013 todos al festival por Memoria Verdad y Justicia en Campomar, 16 hs. en Oliden y Valentín Alsina con “Caramelo Santo”.

La historia oculta (y oscura) de Máxima Zorreguieta

(Tribuna de Periodistas)
LA TRAMA QUE LA CASA REAL HOLANDESA NO QUISO PUBLICAR
La historia oculta (y oscura) de Máxima ZorreguietaLa biografía "Máxima, una historia real", de los periodistas Soledad Ferrari y Gonzalo Álvarez Guerrero, se reedita ampliada y toma vuelo a propósito de la asunción de la mujer como reina de Holanda luego del anuncio de Beatriz que abdicó en favor de su hijo Guillermo.
Publicado originalmente en 2008, el libro traza un perfil íntimo de la princesa de los Países Bajos, princesa de Orange Nassau y señora de Van Amsberg nacida en el seno de una acomodada familia porteña hace 41 años.
Tan exhaustiva fue la investigación que incluso fueron amenazados por las huestes reales para que no se publicara la historia de "Máxima, la persona más popular en la Casa Real holandesa, incluso más que la reina", como señala Soledad Ferrari.
Aún así, los autores siguieron adelante y en marzo reeditarán una versión ampliada, donde revelan datos sobre las vinculaciones de la familia Zorreguieta con personajes de la historia reciente más oscura del país.
 "La Casa Real mandó a investigarla y se encargó de limpiar todo lo posible, salvo la historia del padre que era inocultable, y dejarla inmaculada. Es mucho más interesante que una princesa rubia y sonriente", cuenta la autora también de "Las Blaquier".
 Ante el hecho de que su padre, Jorge Zorreguieta, fue funcionario de la última dictadura militar y previo a la oficialización del romance, la Casa Real le encomendó al historiador Michiel Baud un informe sobre los antecedentes y el contexto en el que ejerció sus funciones y que se publicó por el Fondo de Cultura Económica.
Sin embargo, estas vinculaciones no son las únicas del entorno de la futura reina consorte. La reedición revela, por ejemplo, que la estancia que Máxima compró en Pipilcurá (Bariloche) es manejada por su tía, Marcela Cerruti, que vive en pareja con la ex nuera de Luciano Benjamín Menéndez, Claudia Méndez Casariego.
"Es una familia que no deja de desvincularse con la historia más negra de este país. Cuando Zorreguieta tenía una oficina de despachante de Aduana, su socio era Ofilio Cabanillas, sobrino de represor preso por robo de bebés. Son amigos, incluso de Blaquier, por más que ahora no quieren que los asocien", cuenta la autora,que sugiere roces familiares por cuestiones de dinero.
"Ella creció con eso. Como mucha gente de su edad no supo hasta hace poco lo que pasó en esos años negros y, recién cuando saltó lo del padre, se reunió con Estela de Carlotto y ofreció su ayuda que quedó en la nada", opina Ferrari.
El libro, editado por Sudamericana, indica que la futura reina de Holanda "no es la joven aristócrata y moderna, ni la jineta intrépida y aventurera, ni la economista brillante que nos cuenta la versión oficial", sino "una persona común y corriente".
A lo antedicho, hay que agregar dos datos incómodos para la biografía de la hoy reina: primero, renunció a la ciudadanía argentina; segundo, en el partido que se jugó entre Argentina y Holanda, mostró fervor por este último país.
¿Qué estamos festejando entonces?

Alexis Montefiore

1º de Mayo: Plaza Lorea 15:00 Hs.

lunes, 29 de abril de 2013

EL GLAMOUR DE LA REALEZA HOLANDESA MANCHADO CON LA SANGRE DE LOS ESCLAVOS LATINOAMERICANOS

(Agenda Oculta)
POR GUSTAVO VERA.
Una historia acreditada y judicializada, pero poco conocida, que ubica a Máxima Zorreguieta, futura reina de Holanda, vistiéndose durante años con diseños exclusivos confeccionados en talleres clandestinos donde los costureros eran sometidos a trabajo forzoso y otros eran víctimas de trata y trabajo esclavo. De Graciela Naum a Benito Fernández.

* por Gustavo Vera. 
Maestro y titular de la Fundación Alameda. 

La historia comenzó a descubrirse un 10 de diciembre de 2005 en la Alameda, cuando un sastre llamado Samuel León Lucana fue despedido de un taller clandestino y vino a denunciar las deudas salariales y las tremendas condiciones laborales a las que estaba sometido. El taller estaba ubicado en la calle Tilcara 2143, timbre 1 del barrio de Pompeya y era uno de los principales proveedores principales de Graciela Naum, la diseñadora exclusiva de la princesa Máxima Zorreguieta durante doce años. 

Al día siguiente, el 11 de diciembre de 2005, acompañamos a Samuel León Lucana a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad donde radicó la denuncia ante el abogado penalista Mario Ganora. 

En la Defensoría contó que su patrón, Abdón Yujra Mendoza, lo trajo a él y a otra decena de costureros de Bolivia con la promesa de un buen trabajo, casa y comida. Pero cuando llegaron al taller la realidad era otra: tenían que trabajar larguísimas jornadas que iban desde las 7.30 a las 23.30 horas por una paga miserable de 800 pesos. Al principio ni siquiera cobraban eso, porque durante meses Mendoza les descontó el pasaje y los costos del traslado desde Bolivia. A los que no sabían bien el oficio les iba peor, ya que apenas cobraban 200 pesos como aprendices. En el taller había 8 rectas, 1 collareta y 2 over que 12 costureros usaban sin parar hasta la medianoche, siempre para las marcas de Graciela Naum. Luego dormían amontonados en camas marineras, una al lado de la otra. Mendoza a veces solía irse los fines de semana y dejar a los costureros encerrados con llave, sin siquiera la libertad ambulatoria que solían tener algunos domingos. Antes de venir a la Alameda, Samuel le inició juicio laboral a Mendoza por las deudas salariales. Pero en la primera audiencia de conciliación a principios de diciembre de 2005 no llegaron a ningún acuerdo y esto decidió al sastre a recurrir a la Alameda. 

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad radicó la denuncia a fines de diciembre de 2005 ante la Cámara Federal. Pocos días después, el 11 de enero de 2006 Samuel hace pública la denuncia en el noticiero del canal 9 donde repitió lo mismo que había denunciado ante la Defensoria y la Alameda: “Supe de la existencia del taller por intermedio de un cuñado que estaba en Buenos Aires y que también trabajaba allí. (...) trabajé hasta el 15 de setiembre de 2005, día en que fui despedido. Mi patrón, Abdon Yujra Mendoza, se negó a blanquearme. (...) Todos los que trabajábamos ahí habíamos sido traídos de Bolivia por el patrón. El nos financiaba el viaje y nos descontaba el importe de las dos primeras remuneraciones. (...) dormíamos en camas marineras, y no había ni vacaciones, ni feriados…confeccionaba ropa fina, cosía blazers de mujer". 

Ningún otro medio se hizo eco de aquella noticia y Graciela Naum y por entonces la princesa Máxima que solía comprar esos blazers optaron por guardar silencio. 

Dos meses después se produjo el incendio en el taller textil clandestino de la calle Luis Viale al 1200 en Caballito, donde murieron calcinados 2 costureros y cuatro menores. Fue cuando el drama del trabajo esclavo ganó la primera plana de todos los diarios y comenzó a visibilizarse las denuncias que la Alameda venía haciendo desde el año pasado. Fue ahí cuando muchos medios se acordaron del caso del taller de Tilcara, de Graciela Naum y su clienta exclusiva, la princesa Máxima. 

Graciela Naum salió en varios medios a desmentir la denuncia, negando al principio vinculación alguna con el taller. Pero mientras tanto discretamente trato de tapar todo junto con el tallerista Abdon Yujra Mendoza al que apoyó económicamente para silenciar al costurero Samuel León Lucana. A principios de abril se realizó la segunda audiencia de conciliación laboral (SECLO) entre Mendoza y Lucana y el tallerista le ofreció al sastre 6000 pesos y dos máquinas, peor haciéndole firmar un acta donde desistía de todo reclamo laboral y además asegurándose que no saliera más en los medios de comunicación. El sastre cumplió con su palabra, pero ya era tarde. Había radicado la denuncia ante la Defensoria, hablado ante el canal 9 y la Alameda ya había denunciado el caso ante la Procuración General de la Nación y el Gobierno de la Ciudad. 

Quien hoy es designada reina anuncia públicamente que no comprará vestidos a Naum por sus talleres clandestinos: Con un escándalo que salpicaba a realeza de Holanda y que ya trascendía las fronteras argentinas, la Princesa Máxima resolvió dictarle a su secretario privado, Yvette Van Eechoujd, una carta que luego sería pública, dirigida a Graciela Naum: "En nombre de su Alteza Real, la Princesa Máxima de los Países Bajos, es mi deber informarle que la Princesa está profundamente conmovida por las noticias aparecidas en los medios de comunicación argentinos sobre las condiciones inhumanas en que se encuentran los empleados de algunos de sus proveedores. La Princesa está al corriente de que el gobierno argentino emprenderá acciones pertinentes y espera que esta situación se solucione pronto. Asimismo ella confía plenamente en que usted y sus compañeros de la industria textil tomaran todas las medidas necesarias para mejorar las condiciones de trabajo de toda la gente afectada. Hasta entonces, su Alteza Real se ve obligada a no adquirir ningún producto más de su empresa. Espero que comprenda esta decisión y le deseo en nombre de la Princesa que pueda solucionar esta horrible situación lo mejor posible". 

El 8 de mayo del 2006 Abdon Yujra Mendoza fue indagado por la justicia y su taller fue clausurado. Naum se negó a auditar a sus proveedores en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). En su lugar, contrató a un auditor privado holandés y el 8 de setiembre de 2006 dio una entrevista que fue tapa de la Revista 23 donde se asumió como "la primer arrepentida del trabajo esclavo". 

En ese extenso reportaje Naum dice que "me dí cuenta que pasaban cosas terribles que uno las veía, pero no las miraba, solo conocía la cara de mi tallerista. Me conmovió enterarme a través de un informe como es la situación de las mujeres que trabajan en su casa. Mujeres que sacrifican estar con sus hijos, se sientan a la máquina y tienen que sacar adelante el trabajo, porque les pagan por prenda. Se dañan la columna, la vista ¿quién se hace cargo? Todo el trabajo en el mundo de la moda es temporario, todo está diseñado para que el empresario haga las cosas con el menor compromiso posible; económico, social, humano. Uno piensa, si hago las cosas bien me va a salir más caro, voy a perder precio respecto a mi competencia. Porque si todos los demás están trabajando sin pagar sus impuestos, reciben todo el trabajo en negro, yo me pregunto ¿dónde está el beneficio de hacer las cosas bien? Estoy luchando contra molinos de viento. Me dí cuenta que tengo que hacerlo porque pretendo un mundo mejor, porque quiero que poco a poco las cosas vayan cambiando...". 


Pese a su arrepentimiento tardío y forzado por el escándalo y la carta de Máxima, Naum nunca se auditó con el INTI y tampoco tuvo que dar explicaciones como corresponde por la ley de trabajo a domicilio, por haber tercerizado su producción durante años en talleres clandestinos con trabajo esclavo. 

Esto último gracias a Oyarbide, que sistemáticamente en todos los casos se negaba a aplicar la ley 12.713, para dejar impune a las marcas y solo llevarse puesto a los talleristas. Efectivamente eso fue lo que ocurrió: el taller de Tilcara fue clausurado, Mendoza quebró y los costureros esclavizados quedaron en la calle. 

No obstante, desde la Alameda rescatábamos la actitud de la Princesa Máxima que aunque tres meses después y en medio de un escándalo público, había resuelto dejar de comprar vestidos a Graciela Naum por sus proveedores esclavistas. Sin embargo, nuestro cauto optimismo se derrumbó algunos años después en un taller clandestino de Avellaneda donde volvería a repetirse una situación similar en la que también aparecían los vestidos de la Princesa Máxima. 

EL NUEVO ESCLAVISTA PARA MÁXIMA. 

Benito Fernández, el taller clandestino de Avellaneda y los quince vestidos de Máxima: 

En los primeros días de junio de 2011 recibimos una denuncia de un taller clandestino de Avellaneda, ubicado en la calle Pitágoras 1790 en el que se confeccionaban diseños exclusivos de Benito Fernandez, Laurencio Adot y Jorge Ibañez. La costurera que hizo la denuncia tenía mucho miedo y no quería declarar ante ningún organismo judicial. Por esa razón, junto a la periodista Mercedes Ninci planificamos que dos costureros de la Alameda se infiltraran con cámara oculta en ese taller con la excusa de buscar trabajo a fin de acreditar lo que nos habían denunciado. 

Los costureros estuvieron dos días trabajando en el taller de la calle Pitágoras 1790, regenteado por la tallerista Lucía Nuñez y allí pudieron verificar que el taller no estaba habilitado, que tenía una instalación eléctrica precaria, que los costureros tenía que trabajar a destajo en jornadas que comenzaban a las 8 y podían extenderse hasta las 19, 20, 21 o 22 hs según la demanda de entregas de vestidos; que les pagaban la mitad del sueldo de convenio, alrededor de 6 pesos por hora y que por confeccionar vestidos exclusivos que los diseñadores vendían a más de veinte mil pesos les pagaban apenas unos cien pesos. Lucía Nuñez pagaba por prenda y en negro y contrataba de palabra, incluso a migrantes sin documentación en regla y se jactaba de que muchos famosos se iban a probar sus vestidos a ese humilde taller de Avellaneda. (http://www.youtube.com/watch?v=Ewl1g0zUROk ) 

TESTIGO CLAVE 

Además de la cámara oculta y la denuncia penal que recayó en el Juzgado Federal de Quilmes de Luis Armella, la Alameda y la periodista Mercedes Ninci aportaron un testigo clave, María Laura Migueles que había sido mano derecha de Benito Fernández durante más de 20 años en su maison. Migueles declaró ante la justicia y también ante los medios, que Benito Fernández pagaba coimas de la Dirección General de Impuestos (DGI), evadía impuestos y había usado los talleres clandestinos de las hermanas Lucía y Juana Nuñez (en Avellaneda y Wilde respectivamente) durante más de 20 años, siempre pagando a destajo y con migrantes en situación de vulnerabilidad. Migueles aportó inclusive fotos de años atrás en las que Benito Fernández aparecía en desfiles con las hermanas Nuñez, como prueba de que la relación era de larga data. 

En el taller de Pitágoras 1790 se confeccionaron al menos unos quince vestidos exclusivos de Máxima encargados por Benito Fernandez. Pero esta vez la encumbrada miembro de la realeza holandesa no adoptó la misma actitud que tuvo con Naum, quizás porque no se incendió ningún taller, ni había un escándalo de las proporciones gigantescas que hubo en marzo de 2006 con la muerte de seis ciudadanos bolivianos calcinados. Quizás porque Benito Fernández tuvo más "banca" que Naum y recurrió a sus contactos políticos y judiciales para dormir la causa, descuartizarla y dividirla en varios juzgados. 

En el juzgado de Armella mientras se trataba con abierta hostilidad e indiferencia a los denunciantes y se tomaban todo el tiempo del mundo para allanar dando tiempo a desmantelar todo, se recibía en el despacho privado a los abogados de los afamados diseñadores como si realmente ellos fueran las víctimas y no los victimarios. Al poco tiempo Armella sobreseyó a Benito Fernández en la causa por trata de personas y se declaró incompetente en los otros delitos (reducción a la servidumbre y violación de trabajo a domicilio y evasión impositiva que se tramitan en otros juzgados ahora). Mientras tanto, a fines del año pasado el canciller Héctor Timerman llevaba a Benito a París como representante de los diseñadores argentinos y este verano el gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli y el intendente Gustavo Pulti de Mar del Plata permitían que Fernández oficie algunos desfiles mediáticos. 

Un pedido al pueblo holandés. 

Reconocemos que la mayoría del pueblo holandés es sensible a la responsabilidad social y al respeto de la dignidad laboral. A ese pueblo le solicitamos que le exija a su futura reina que adopte con Benito Fernández la misma actitud que tuvo con Graciela Naum. Que corte públicamente el vínculo y deje de encargar vestidos a un diseñador que toda su vida confeccionó prendas en los talleres clandestinos de las hermanas Nuñez, que es un gran evasor impositivo y que estafa a los famosos con prendas "exclusivas" carísimas que los costureros confeccionan por apenas seis pesos la hora. Ya bastante mancha tiene Máxima con su padre, Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini que fue Secretario de Agricultura y Ganadería durante dictadura genocida, como para que además cargue con la mancha de haber sido vestida durante años por talleres clandestinos con trabajo esclavo. Esperemos que Máxima cuando sea consagrada reina, solamente tenga que ocultar a su padre y no también algunos de sus vestidos exclusivos hechos en los talleres del sudor de Buenos Aires.

Ante la situación planteada en el Htal. Borda


Comunicado de la Asociación de Psiquiatras Argentinos
(APSA)
La Comisión Directiva de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) manifiesta su más enérgico repudio al ingreso de efectivos de la Policía Metropolitana del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Hospital "José T. Borda" quienes, a través de fuerzas de asalto con escudos, palos y escopetas con balas de goma y gas tóxico iniciaron acciones de represión indiscriminada en varias oportunidades, generando gran cantidad de damnificados. 

El avasallamiento a un Hospital Público, la represión generalizada contra pacientes, familiares, médicos, enfermeros y trabajadores del Hospital es un hecho inadmisible.

Hay más de treinta heridos, entre ellos diez pacientes, siete profesionales, periodistas y un médico preso. Más allá del número concreto de heridos entre todos los pacientes del hospital cunde el miedo con las respuestas imaginables: crisis de ansiedad, reacciones paranoides, fantasías suicidas, que ha obligado a un estricto cuidado de emergencia por parte del personal profesional de guardia por el riesgo ocasionado a dichos pacientes por estos sucesos gravemente traumáticos para su salud física y mental.

Exigimos una inmediata investigación de los graves hechos y el castigo a los responsables de haber vulnerado la dignidad de los pacientes y sus familias y de todos los trabajadores del Hospital Borda. 

Sostenemos la irrestricta defensa del Hospital Público, reafirmamos nuestro compromiso ético con la dignidad de los pacientes y sus familias y expresamos nuestra solidaridad con todos los trabajadores, profesionales y no profesionales, del Hospital "José T.Borda".


Comisión Directiva APSA
Dr. Luis Herbst
Secretario

Dr. Horacio Vommaro
Presidente

El acuerdo entre el Pro y el kirchnerismo podría no haber terminado


(ANRed)
En un pacto sin precedentes entre el FpV y el PRO, se votaron 11 leyes claves en la legislatura porteña: se construirán algunas viviendas sociales, pero avanza la privatización de la Ciudad y terrenos del Hospital Borda corren peligro. El acuerdo alcanzaría al Polo Audiovisual y a la “Dubai de la Costanera”, que podrían ser votados en la próxima sesión de la Legislatura porteña, posiblemente el 22 de noviembre. El Grupo IRSA, principal inmobiliario del país, y aliado del macrismo y el kirchnerismo, es el gran ganador. Por Nicolás De Mestico, para ANRed.

Por ANRed - A (redaccion@anred.org)
En la madrugada del viernes 02 de noviembre, en la Legislatura porteña tuvo lugar un acuerdo bochornoso. El interbloque kirchnerista (Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y Frente Progresista y Popular) y el PRO, negociaron 11 leyes que dejan como saldo para la Ciudad de Buenos Aires la designación de algunos terrenos para la construcción de viviendas sociales, a cambio de múltiples negociados para empresas privadas y la posible quita de terrenos pertenecientes al Hospital Borda.

La negociación no resultó sencilla: el kirchnerismo debía aceptar algunos proyectos que venía criticando desde hacia tiempo, y otros en los que el móvil promotor era evidente: el avance de la privatización en la Ciudad. Es por eso que funcionarios como Diego Bossio y Axel Kicillof, viceministro de Economía y titular de la ANSeS, respectivamente, se hicieron presentes en la Legislatura para convencer a los legisladores kircheristas y aliados.

Lo que logró imponer el macrismo

El PRO consiguió la aprobación de la venta del Edificio del Plata (zona obelisco) para la construcción de un nuevo Centro Cívico en el sur de la Ciudad. La idea original es la de mover la sede gubernamental a terrenos que pertenecen a los Talleres Protegidos del Hospital Borda. Sin embargo, el conjunto de la comunidad del Hospital viene defendiendo esos espacios, irónicamente con apoyo activo de militancia kirchnerista. Recientemente, desde la Junta de Delegados del Hospital presentaron un amparo para suspender la construcción, y la Justicia ordenó suspender el proyecto. La medida ha sido apelada por el Ejecutivo porteño.

Otro proyecto aprobado fue el de la creación de un Distrito de las Artes, en el barrio de La Boca y parte de Barracas y San Telmo. Aquellos lugares de interés cultural en la zona tendrán exenciones impositivas y facilidades para tomar créditos. Sin embargo lo que representa este proyecto es un negociado más. Así lo explica la diputada Susana Rinaldi (del bloque ibarrista que decidió no acompañar con el voto este proyecto). En declaraciones publicadas en Pagina /12 dijo que es “un negociado inmobiliario enmascarado, que no está dirigido a favorecer a los artistas, sino a distintos empresarios que se beneficiarán con la exención impositiva que les permitirá deducir ingresos brutos en cualquier otra zona de la Ciudad”.

Además, se autorizó a que el Gobierno porteño tome una deuda por USD 250 millones para ejecutar obras en la cuenca del arroyo Vega en el marco del Plan Hidráulico, para prevenir inundaciones. Desde el kirchnerismo, anteriormente, habían acusado a Macri de subejecutar $ 40 millones y paralizar las obras en el arroyo.

Por últimos, entre los proyectos más importantes, y a la vez controversiales, se trató la cesión, por 30 años, de 37,5 hectáreas del Parque Roca a la empresa Centro de Transferencia de Cargas Administradora SA. Este espacio actualmente se destina a actividades deportivas y recreativas, pero pasará a ser un centro concentrador logístico. Estos capitales también serán beneficiados con exenciones impositivas.

Lo que logró imponer el kirchnerismo

A cambio, el kirchnerismo logró que se aprueben dos proyectos, adelantados por la presidenta Cristina Fernández en un discurso el 21 de septiembre pasado, que resultan claves para intervenir en la Ciudad. A partir de la rezonificación de terrenos ferroviarios en Nueva Pompeya, Parque de los Patricios, Caballito, Palermo y Liniers, se construirán viviendas sociales y se podrá financiar el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Los terrenos comprendidos en Caballito, Palermo y Liniers, serán destinados en un 65% al gobierno de la Ciudad para espacios verdes, y el 35% restante, se venderán a empresas privadas: por un lado, mediante fideicomisos se construirán edificios privados, por otro lado, se legalizará el Centro Comercial a cielo abierto que la empresa IRSA está construyendo en Palermo (ubicado entre las calles Godoy Cruz y J. B. Justo, a lo ancho; y Santa Fe y Paraguay, a lo largo). Con la caja que entre por la concesión de los terrenos, el kirchnerismo busca cumplir la promesa del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

La empresa IRSA, no sólo se beneficia con la legalización del Centro Comercial, sino también con las 4.500 viviendas que se construirán en Nueva Pompeya y Parque de los Patricios. Las mismas se enmarcan en el Plan Pro.Cre.Ar, cuyos créditos otorga el Banco Hipotecario. IRSA es dueña del 30% del mismo, siendo su dueño, Eduardo Elsztain, el presidente de ese banco.

Tanto los proyectos del kircherismo, así como la venta del edificio del Plata, necesitan una segunda lectura, por lo que luego de una audiencia pública tendrán que volver a ser aprobados.

Lo que se viene

Así como los bloques políticos que denuncian el acuerdo (Proyecto Sur, Buenos Aires para Todos, Coalición Cívica – ARI, MST) afirman que este comenzó con la votación de la nueva Ley de ART en el Congreso Nacional, pareciera que la novela aún ha terminado.

El último martes, se aprobó en la comisión de Presupuesto porteña la autorización para contraer un préstamo, por un valor de USD 216 millones con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) de Brasil, para adquirir 120 coches para la línea H del subterráneo.

Pero mucho más jugosos son dos proyectos que pueden ser tratados en los próximos días en la Legislatura porteña, y que tendrían al mismo beneficiario: la empresa IRSA.

Por un lado, se podría tratar próximamente la tan postergada aprobación de la construcción del barrio exclusivo Solares de Santa María, conocida como “Dubai de la Costanera”. Se pretende construir un barrio de lujo en las 70 hectáreas linderas a la Reserva Ecológica que pertenecen a la empresa inmobiliaria de Eduardo Elsztain. El proyecto está preparado desde el 2010, momento en el que fue enviado a la Legislatura, y en el cual IRSA se comprometía a invertir la gigantesca suma USD 1.000 millones, pero el macrismo hasta el momento no ha tenido los votos suficientes para aprobarlo.

Por otro lado, en la Isla Demarchi, muy cerca de los ex terrenos de la Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en donde está programado el barrio exclusivo, está pendiente la construcción del Polo Audiovisual en un terreno de 112.000 m2. Elsztain, estuvo en el anuncio de del proyecto, y participó en la elaboración del mismo. Una posibilidad, que aún no se ha confirmado ni desmentido, es que, además de un estudio de cine, se construyan viviendas; las que quedarían, en parte, en manos privadas. Esto beneficiaría, sin dudas, todavía más a IRSA.

El primer proyecto es impulsado por el macrismo, el segundo por el kircherismo. Ambos deben ser aprobados en la Legislatura porteña, que se reúne el próximo 22 de Noviembre. Sin embargo, ninguno de los dos partidos tiene los votos propios para que se lleve adelante. La última coincidencia, es que ambos proyectos benefician fuertemente a la empresa IRSA.

Sobre el SIBIOS: identificación biométrica en la Argentina

(Javier Smaldone)
El 7 de noviembre de 2011, la Presidente de la Argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció la puesta en marcha del Sistema Federal de Identificación Biométrica (SIBIOS). Dicho proyecto cuenta con el apoyo, entre otros, del FBI, el NIST y la Interpol. A continuación, un resumen de dicha presentación:

Así es que los argentinos tendremos en breve un sistema que permitirá —en tiempo real, de forma automatizable y hasta retroactivamente— identificar a cualquier persona a través de cualquier cámara, como la propia Presidenta lo afirma en el vídeo. Un sistema global, altamente eficaz, indetectable e ineludible de reconocimiento y —si así se quisiera— seguimiento de todas las personas. Y con la misma justificación de cada avance contra las libertades civiles que hemos visto a través de la historia: la seguridad.

Una aclaración importante es que, antes de analizar un proyecto de identificación masiva como el que se ha puesto en marcha en la Argentina, debemos dejar de lado el color político —o la ideología— del gobierno de turno. Deberíamos, en cambio, pensar para qué fines podría llegar a utilizarse dicho sistema con el peor gobierno que pudieramos tener o —sin ir más lejos— con uno con el que el lector no coincida en cuestiones como los derechos individuales, el respeto a los Derechos Humanos y la libertad de expresión.

El peligro puede verse en un escenario más simple aún —y no tan “conspiranoico” como pueda parecer una política de Estado de vigilancia hacia sus ciudadanos, aunque ejemplos sobran en la historia. Pensemos en cuánta gente tendrá acceso a semejante base de datos y software de identificación. La misma Presidente lo dice en su presentación (hasta agentes de tránsito). Está claro que la sola existencia de tal base de datos y tales mecanismos de identificación representan —cuando menos— un peligro para el derecho básico al anonimato y la privacidad. No un avance de los derechos de los ciudadanos, como parece querer decir la Presidente, sino un avance sobre estos.


A continuación, un artículo de la Electronic Frontier Foundation, institución reconocida mundialmente por su lucha en defensa de las libertades civiles. Por supuesto, este no es el único artículo escrito alertando sobre los peligros de SIBIOS.

Biometría en Argentina: la vigilancia masiva como política de estado
Por Katitza Rodriguez. Electronic Frontier Foundation.
Campaña conjunta de Fundación Vía Libre con Electronic Frontier Foundation.

Hace dos años, el Reino Unido desmanteló su sistema nacional de identificación y destruyó su registro de identidad nacional, en respuesta a un gran reclamo público contra un programa invasivo de la intimidad de las personas. Argentina, donde la lucha contra los registros de identidad nacional se perdió hace muchos años, y cada individuo está obligado a tener un DNI debido a una ley promulgada durante una dictadura militar, entró en el proceso de enriquecer su Registro Nacional de las Personas (Renaper) con información biométrica tal como huellas digitales y rostros digitalizados. Ahora, el gobierno planea redimensionar esa base de datos para facilitar “acceso fácil” al integrar esos datos en un nuevo sistema integrado orientado a la seguridad. Esto aumenta el grado de vigilancia generalizada, ya que las agencias de seguridad de Argentina tendrán acceso a repositorios masivos de información de ciudadanos, y serán capaces de mejorar las capacidades de hacer reconocimiento facial y por huellas digitales con tecnologías que permitan identificar a cualquier ciudadano en cualquier lugar.

En los últimos días de 2011, la Presidente Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, emitió un Decreto del Poder Ejecutivo ordenando la creación del Sistema Federal de Identificación Biométrica (SIBIOS), un nuevo servicio de identificación biométrica centralizado, con cobertura nacional, que permitirá a las agencias de seguridad hacer “referencias cruzadas” de información con datos biométricos y otros datos inicialmente recogidos con el fin de mantener la operatoria del Registro Nacional de DNI. Históricamente, las bases de datos de huellas dactilares en poder de la policía estaban limitadas a aquellos sospechosos o convictos de ofensas criminales. Sin embargo, la Policía Federal Argentina (PFA) recibió el manejo de una enorme base de datos con huellas digitales recolecatadas a los ciudadanos argentinos en general durante el proceso de emisión de pasaportes y cédulas de identidad. Desde marzo de 2011, esa base de datos fue integrada al sistema de emisión de documentos del RENAPER. Hasta entonces, la Policía Federal había logrado armar una base de datos con alredecor de 8 millones de huellas digitales, aunque según parece, ese procedimiento fue considerado demasiado lento por el gobierno argentino. Siguiendo el nuevo decreto, la iniciativa SIBIOS le dará a la Policía Federal acceso a la base de datos del RENAPER (y viceversa), duplicando el alcance de la Policia Federal a aproximadamente 14 millones de registros de huellas digitales digitalizadas. Empezando con el primer bebé nacido en 2012, Argentina comenzó a registrar información biométrica de los recién nacidos con SIBIOS. Se proyecta que, a medida que venzan los viejos pasaportes y se renueven los DNI, (y que nuevos bebés nazcan), la base de datos de SIBIOS crecerá hasta lograr registro de más de 40 millones de argentinos en los próximos dos años.

Pero la iniciativa de SIBIOS hará mucho más que expandir el número de huellas dactilares digitalizadas a las que la policía federal tendrá acceso. De acuerdo al discurso de la Presidente Fernández de Kirchner, el SIBIOS estará completamente integrado con las bases de datos de identificación, que además de los identificadores biométricos, incluyen imagen digital, estado civil, grupo sanguíneo y otras informaciones básicas que se recolectan desde el nacimiento y a través de la vida de las personas. Además, no sólo la Policía Federal tendrá acceso a este sistema integrado. SIBIOS fue diseñado para el uso de otras fuerzas de seguridad y organismos, incluyendo la Dirección de Migraciones, la Policía Aeroportuaria y la Gendarmería Nacional, incluso estará disponible a las fuerzas policiales y entidades provinciales, a través de un Acuerdo con el Estado Nacional. Sin embargo, no ha habido discusión pública sobre las condiciones bajo las cuales los oficiales públicos tendrán acceso a los datos. Los promotores de SIBIOS argumentan que el programa facilitará la aplicación de la ley y el acceso en tiempo real a los datos de los individuos, sin embargo las precauciones mínimas usadas para prevenir la vigilancia masiva por parte del estado siguen siendo una incógnita.

Tal vez la parte más preocupante de la iniciativa de SIBIOS son las tecnologías que se pretenden escalar para explotar estas bases de datos en la aplicación de la ley. La policía Federal, por ejemplo, será capaz de usar sus nuevos sistemas de reconocimiento facial para buscar en el inmenso repositorio de imágenes del RENAPER, para identificar personas en fotografías e incluso mediante cámaras de vigilancia. Las fuerzas de seguridad argentinas se están equipando con dispositivos móviles de lectura de huellas dactilares que les permitirán contrastar las huellas digitales de cualquier argentino contra la base de datos centralizada.

El peligro de una sociedad de vigilancia

Los sistemas nacionales de identificación y otros métodos similares de centralización de datos personales incrementan la capacidad del Estado en materia de vigilancia intrusiva. Junto con la recolección simultánea de identificadores biométricos, tales como rostros digitalizados, se crea una capa adicional de seguimiento que es aún más intrusiva y peligrosa. Como en el caso argentino, las tecnologías biométricas son esencialmente individualizantes y pueden interoperar fácilmente con tecnologías de bases de datos, permitiendo que violaciones extendidas de la privacidad sean sencillas y más dañinas.

Para nuestra alarma, la Presidente Fernández de Kirchner ha ido mucho más allá, al punto de abrazar el potencial de vincular el sistema de registro facial obtenido a través de las cámaras de vigilancia en la vía pública con las imágenes obtenidas a través de sistema SIBIOS. Gracias a que las tecnologías son cada vez más accesibles, las cámaras callejeras de videovigilancia están hoy en todas partes, por lo que esta funcionalidad es particularmente peligrosa, y tiene el potencial de llevar a un sistema de vigilancia política generalizada. (Esta visualización nos muestra por ejemplo, cómo es el sistema de más de mil cámaras instaladas sólo en la Capital Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Dada la prevalencia de cámaras en las calles y lo fácil que se ha tornado identificar un rostro anónimo entre miles, las personas que se preocupan por su privacidad y anonimato tendrán serias dificultades para preservar su identidad de las bases de datos biométricas en el futuro próximo. Hay un pronóstico de extremo riesgo en un mundo donde la foto de cualquier individuo, tomada por una cámara callejera o publicada en una red social, puede ser vinculada a su numero de ID nacional. Las tecnologías de entrecruzamiento de datos sólo van a mejorar en el futuro. (vean aqui y aquí para conocer más sobre sistemas de reconocimiento facial).

EFF viene advirtiendo desde hace tiempo que el seguimiento perfecto es dañino para una sociedad libre y democrática. Los ciudadanos tienen una expectativa razonable de mantener su privacidad y anonimato, en particular en relación a la construcción de perfiles. Una combinación de sistemas de ID biométricos manejados por el gobierno con sistemas generalizados de reconocimiento facial viola principios esenciales de las sociedades libres al facilitar la localización y el seguimiento de personas, centralizando peligrosamente estos datos, con los consiguientes riesgos de abuso por parte del estado.

Tal como dice Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, este tipo de vigilancia masiva puede tener serias consecuencias para aquellos que desean disentir políticamente:


“En nombre de la seguridad pública, Argentina ha impulsado políticas de vigilancia masiva incluyendo un monitoreo generalizado de los espacios públicos. La privacidad es particularmente esencial en un país que a lo largo de su historia ha tenido importantes movimientos sociales y políticos que han ganado las calles para hacer oir su voz. Es de enorme importancia que los activistas puedan permanecer anónimos en las manifestaciones públicas, en particular cuando están en desacuerdo con el gobierno. De esta manera, SIBIOS no sólo amenaza la privacidad de los ciudadanos y el derecho a la protección de sus datos personales, sino que también involucra una seria amenaza a los derechos civiles y políticos”.


En una entrevista a la prensa argentina, Mora Arqueta, Directora del RENAPER, explicó que el real propósito del sistema nacional de Identificación es “tener la mayor cantidad posible de información de las personas, y tomar al ciudadano como un individuo que interactúa con el Estado desde muchos lugares”. Sus comentarios admiten directamente la perversión del sistema que pasará del original, donde simplemente se asignaba un número de documento de identidad a un individuo a otro que viola de plano todos los principios establecidos en materia de minimización de la recolección de datos y pretende una recolección masiva e innecesaria de información personal. El problema de dejar que el gobierno retenga semejante cantidad de datos sensibles es que le otorga demasiado poder concentrado. Cabe preguntarse, por ejemplo, si quienes sancionaron el decreto se detuvieron a considerar qué hubiera ocurrido si la última dictadura militar argentina hubiera contado con una base de datos de estas características. El debate público en Argentina debe ser entonces sobre ese poder, y sobre los límites que se le deben fijar en esta materia. Para sostener una sociedad abierta y democrática es necesario mantener un nivel razonable de desconfianza en este tipo de política.

Los argumentos de Fernández de Kirchner de que SIBIOS ofrece “un salto cualitativo en la seguridad y en la lucha contra el crimen” son alarmantes y representan otra desviación más del propósito original con el cual fue creada la base de datos del RENAPER. Este argumento es engañoso, y falla en analizar seriamente los riesgos de SIBIOS y las limitaciones e impactos que tendrá en las libertades civiles y la protección de datos personales. Una y otra vez, hemos escuchado el dudoso argumento retórico de que la biometría es necesaria para luchar contra el crimen e incrementar la seguridad. De hecho, estas bases de datos biométricas masivas son un foco de atención de información sensible en riesgo de ser explotada también por criminales y estafadores de todo tipo.

Los derechos a la intimidad de las personas y la protección de datos están consagrados en los tratados internacionales y en la Constitución Argentina. Dada la enorme cantidad de preocupaciones que generan las bases de datos biométricas de este tipo y las posibilidades de filtraciones de seguridad en el futuro, es irracional recolectar información biométrica a nivel nacional en este formato. El gobierno argentino debe limitar la recolección, el procesamiento y la retención de datos al mínimo estrictamente necesario para cumplir objetivos específicos, y limitar las posibilidades de compartir información sensible. La EFF y la Fundación Vía Libre de Argentina seguiremos trabajando en forma conjunta contra este tipo de medidas intrusivas dispuestas por el Gobierno Nacional.

domingo, 28 de abril de 2013

La confirmación de que Fariña y Capitanich viajaron en el mismo avión


(Tribuna de Periodistas)
TRAMA EXCLUSIVA TDP
La confirmación de que Fariña y Capitanich viajaron en el mismo aviónHugo Alconada Mon, en diario La Nación del domingo 28 de abril, descubrió que el Lear Jet utilizado por el gobernador Jorge Capitanich para sus vacaciones privadas fue el que trasladó a Leonardo Fariña al Uruguay, específicamente, a Punta del Este, el 22 de enero del 2011, poco después que regresara el gobernador de Panamá junto con sus dos hijas.

La trama de las vacaciones de Capitanich en Panamá es una historia de "mala suerte". En aquel momento, el escándalo llegó a los medios merced a la denuncia en la red social Facebook que había realizado, la ex mujer del Coqui, la diputada nacional Sandra Mendoza, por no haber sido notificada, formalmente y por escrito, del viaje de sus dos hijas adolescentes que salían del país.
La madre se enteró por Facebook que sus hijas estaban vacacionando en el país caribeño. Rápidamente, la gobernación informó que el gobernador había viajado por motivos laborales para firmar un extraño convenio con Haití y que, por un desperfecto mecánico, el avión en cuestión había sido reparado en Panamá por lo que Capitanich había tenido que pasar un par de noches en ese país.
Sin embargo, el almanaque señalaba fin de año y el matutino "Libre", publicaba la confirmación de las reservas realizadas por el ex jefe de gabinete duhaldista en el lujoso hotel Trump Tower cuyas habitaciones cuestan, en promedio, 700 dólares la noche. La trama está relatada en el "El negocio de los Derechos humanos" (*). 
En esta oportunidad, luego de la nota del diario La Nación, también el gobierno chaqueño salió a desmentir la noticia. En un comunicado publicado en los medios locales, dijeron que “el gobierno del Chaco no tenía la operatoria del avión en enero del 2011” cuando lo usó Fariña.
Sin embargo, el diputado radical, Livio Gutiérrez, revisó sus archivos y halló que, ese mismo avión había salido el 25 de enero, tres días después que Fariña, en un vuelo oficial a Río de Janeiro, Brasil.
El 28 de enero de ese año, Leo Fariña volvió a subirse a la aeronave en cuestión. Extrañamente, la web oficial de la gobernación, el domingo al mediodía, había borrado la información acerca de los vuelos mencionados pero ya era tarde. Gutiérrez ya tenía chequeado el dato.
Esta vez, como tantas otras, todos los caminos conducían al Chaco y no a Roma.

Luis Gasulla

(*) El 1 de mayo a las 17:30 presentaré el libro en la Feria del Libro en Palermo en la sala Adolfo Bioy Casares.

Monsanto y el acuerdo con Cristina Fernández


por Marcos Piña / Observatorio Sudamericano de Patentes
(Kaos en la Red)
Argentina: Monsanto y el acuerdo con Cristina FernándezCristina Fernández resulta funcional al sistema económico al que atribuye responsabilidad en la creación de la pobreza en la Argentina.
El capitalismo en su fase salvaje y depredadora emplea a sus empresas transnacionales estadounidenses para acumular capital expandiendo sus negocios a costa de la utilización de los recursos naturales (suelos, agua) de terceros países a los que coloniza tecnológicamente y de los que extrae ganancias extraordinarias.
En Argentina, la presidenta Cristina Fernández, quien dijo estar obsesionada con el hecho de emplear a la ciencia y la tecnología en su proyecto de crecimiento con inclusión social- reproduce extrañamente un discurso que es funcional a la política de estos poderes económicos causantes de los problemas que se quisieran combatir discursivamente, aunque no en la práctica.

La evidencia muestra que los monopolios biotecnológicos son los causantes de la concentración del capital que al acumularse en pocos actores económicos, se ve impedido de su redistribución por parte de los Estados y gobiernos de los países en desarrollo que basan su economía en la agricultura.  Sin embargo, la gravación de impuestos a la exportación de soja es suficiente en el caso argentino para justificar la alianza entre Monsanto y el gobierno a pesar de la experiencia traumática de crisis generada por el propio capitalismo salvaje en este país  en el año 2001.

La ciencia y la tecnología no son neutrales y sirven a intereses concretos en los que la bio-agro-tecnología tiene un protagonista esencial: la multinacional estadounidense MONSANTO.

Cristina pone énfasis en que la Bio (en realidad debe decirse Agro) tecnología viene es la panacea que sacará del atraso a su país, es decir, que desarrollos de nuevas variedades de semillas genéticamente modificadas o transgénicas con  investigaciones realizadas por científicos argentinos en trabajos financiados por créditos del BID o por empresas transnacionales como Monsanto, es la mejor salida para los ingresos y el crecimiento argentinos. 

El último gran anuncio realizado por la presidenta sobre este tema fue el desarrollo de una semilla transgénica "nacional" (Intacta RR2 Pro), la nueva soja de Monsanto. El desarrollo realizado en un "joint venture" llamado Verdeca. La investigadora argentina (Dra. Chang) trabajó en la mutación de la semilla para adaptarla a los suelos locales con fondos aportados en una asociación de Bioceres (Arg.) y Arcadia Biociences (EE UU).

Según la propia empresa "Bioceres aporta a esta nueva empresa excelentes tecnologías y una red de relaciones con productores agropecuarios sin igual. Estos atributos, combinados con el compromiso de la empresa de desarrollar tecnologías que aumenten la productividad y la sustentabilidad de la producción de soja".
Más de un 40% de la soja del mundo es cosechada en Argentina y Brasil, concentrando un valor de producción de aproximadamente $50 Billones de dólares.  "Arcadia Biosciences fue fundada en el 2002 con el fin de desarrollar y comercializar aquellas tecnologías basadas en la agricultura que crean un valor para los productores y consumidores, haciendo foco en el beneficio del medio ambiente y en la mejora de la salud humana", dicen ellos mismos.

Este discurso edulcorado es repetido por la presidenta argentina y es el mismo utilizado por los agroganaderos que confrontaron con ella en el 2008 cuando la soja era considerada un "yuyito", y el presidente de la oligarca Sociedad Rural sostenía que una gran parte de los costos del Campo era la tecnología que se aplicaba en la soja transgénica, fertilizantes, herbicidas, máquinas, tractores o cosechadoras computarizadas.

Arcadia dice en esta línea que "ha desarrollado un extenso portfolio de productos que incluye investigación genética, técnicas avanzadas en breeding e ingeniería genética".

En un viraje político espectacular, Cristina Kirchner viene afirmando ahora que la biotecnología es la llave para mayores crecimientos y generación de cadena de valor aunque aún no se ha develado cual es el plan, proyectos y programas que conducirán a ese resultado.

Lo que si sabemos es que Monsanto es especialista en realizar lobby presidencial y  cooptar funcionarios, científicos y sectores de gobierno que influyan sobre las decisiones económicas de los mandatarios. En Argentina ocurrió tanto con el ex presidente Carlos Menem en la introducción de la soja transgénica en el país a través de Felipe Solá, segundo hombre de Monsanto en Argentina y ministro de Agricultura de Menem.

Ahora con Cristina Fernández se va a legitimar el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las semillas transgénicas de Monsanto, equivalente a la privatización lisa y llana de la agricultura.

Esta empresa ha sido denunciada reiteradamente por promover golpes de Estado ( Paraguay) y estar detrás del movimiento destituyente de la propia presidenta argentina en 2008.

La historia cuenta que cuando Monsanto trata de introducirse en Argentina y desarrolla una  propaganda a favor de los cultivos transgénicos desde el inicio de estos en 1996 en el suplemento Clarín Rural.

Ya desde febrero a noviembre de 1994, Monsanto inició los primeros contactos en Argentina  y comenzó a infiltrar el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) que por décadas llevaba adelante la investigación para el desarrollo de variedades vegetales “mejoradas”. Monsanto se apoderó del capital genético estratégico del país a manos de empresas privadas como Monsanto y Nidera (la empresa semillero a la cual Monsanto entregó una licencia para la venta de semillas transgéncias) y les permitió el acceso a los archivos secretos del INTA cuyos equipos de investigación fueron comprados por esas empresas. Eso permitió a Monsanto crear la soja Roundup Ready sobre la base de variedades de soja desarrolladas en Argentina para los suelos nacionales. 

El segundo hombre de Monsanto en el país era Felipe Solá, entonces ministro de agricultura que el 3 de abril de 1996  firmó la autorización para la comercialización de las semillas transgénicas “tolerantes al herbicida glifosato” sin ningún debate parlamentario, pruebas o ley que regulara los cultivos transgénicos.

Otro paso en la estrategia de Monsanto fue promulgar una ley de patentes que protegiera las variedades transgénicas como ocurre en Estados Unidos aunque ese objetivo no pudo lograrse en 1996 por la resistencia de los diputados y senadores ligados a los laboratorios farmacéuticos nacionales que ya habían perdido terreno ante la avanzada neoliberal del Departamento de Estado, la Embajada y Pfizer.

Expulsada la dupla De La Rua-Cavallo y superada la crisis económica del año 2001, Monsanto continuó presionando al ex Presidente Néstor Kirchner (acusado por Greenpeace)por el cobro de regalías que no percibía por su soja RR no protegida por patentes en Argentina y que constituyó uno de los principales problemas del ex Presidente con la Administración de J.W. Bush

Monsanto mientras tanto continuó juntando voluntades para crear primero la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología para financiar a través de préstamos del BID proyectos de desarrollos biotecnológicos para lo cual cooptó al Dr Lino Barañao. Luego crear luego un Ministerio de Ciencia y Tecnología a cargo de Barañao y crear un Polo Tecnológico que impulsara las nuevas variedades de plantas transgénicas de Monsanto. 

Para finalizar el ciclo de negocios y ganancias extraordinarias Monsanto redactó en 2012 una "Ley de Semillas" que pronto será enviada al Congreso Nacional para su tratamiento (por eso Cristina resalta una y otra vez el tema de la biotecnología preparando el terreno)

La filtración del contenido del borrador de Ley de Semillas devela que la nueva ley obligará a los agricultores a:

a) “Adquirir las semillas de soja con tecnología RR2Bt las personas jurídicas y o físicas que hayan optado por este sistema (acuerdo privado) y lo cumplan”.

b) “Comercializar el grano obtenido con aquellos exportadores o elevadores participantes del Sistema”.

c) “Utilizar las tecnologías RR2Bt o georeferenciar conjuntamente con Monsanto, los exportadores y elevadores del sistema los lotes del productor durante la siembra de la soja y las semillas a comercialización”.

d) “Pagar la tecnología en el momento de comprar la bolsa, al declarar el uso propio para la siembra o al comercializar el grano en el punto de entrega”. De no haberse abonado la regalía correspondiente con anterioridad al momento de entrega de los granos al exportador/elevador participante del sistema, el monto adeudado en tal concepto será percibido por dicho participante y remitido al proveedor.

Las modificaciones a la ley convalida una extensión de la propiedad intelectual mas allá de la función del evento en la semilla en sí mismo, extendiéndose al control sobre la comercialización de lo producido violando la Ley de patentes argentina que declara no patentables a las variedades vegetales, plantas y semillas. Mediante la nueva ley se deroga además el uso propio gratuito de semillas que es el reconocimiento milenario al aporte del desarrollo tecnológico (germoplasma) que han realizado.

Cristina Fernández resulta a todas luces funcional al sistema económico al que atribuye responsabilidad en la creación de la pobreza que todavía se extiende en bastas regiones de la Argentina y que no parece se revertiran con el acuerdo llevado adelante con MONSANTO.

Asamblea por obras hídricas integradas y sustentables


En este encuentro se decidió movilizar el 9 de mayo a las 10 de la mañana a Camino Negro y Recondo, por obras y puestos de trabajo.
El viernes 26 de abril por la tarde se realizó una asamblea para consensuar los pasos a seguir en la lucha por las obras hídricas que terminen definitivamente con el problema de las inundaciones, situación que se vió superada tras la trágica tormenta que dejó más de 50 muertos en La Plata; y que se podría haber evitado si se hubiera invertido en las obras que se vienen reclamando a la provincia de Buenos Aires y al Gobierno Nacional, obras que alguna vez se comenzaron en el partido de Lomas de Zamora y que se abandonaron; pero además el reclamo por mil puestos de trabajo para los trabajadores de la construcción de la zona. Entre los puntos destacados de este encuentro se llamó a una movilización para el 9 de mayo, y se decidió intimar al ministro de planificación, Julio De Vido.

En una multitudinaria convocatoria en el Club Almafuerte, pasadas las cinco de la tarde, comenzó la asamblea de la que participaron diferentes organizaciones y vecinos representantes de distintos barrios (Ver nota "Convocantes y Participantes"). Víctor Grosi, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SITRAIC) recordó que en 2005 "junto a un grupo de organizaciones sindicales y sociales, y junto al histórico Foro Hídrico de Lomas de Zamora iniciamos la lucha que llevo a dos importantes movilizaciones con lo cual se consiguieron las obras que se realizaron hasta el 2011". "Frente a la tremenda situación que significa la inundación y la muerte de cientos de ciudadanos que en la peor hora del día fueron rodeados por el agua y que perdieron sus vidas, sus casas, su historia; ante esa situación no nos íbamos a quedar quietos" explicó Grosi.

El SITRAIC como sindicato y representante de trabajadores de la construcción, y en la vos de Grosi, aseguró que "los dirigentes sindicales y los trabajadores exigimos mil puestos de trabajo en estas obras para los trabajadores de la zona". Este es un objetivo más para la movilización del 9 de mayo a Camino Negro.


Una vez que se dio inicio a la asamblea tomaron la palabra vecinos y representantes de las organizaciones que participaran activamente de esta lucha. Después se voto punto por punto, y se decidió: nombrar a esta asamblea en honor a los inundados de La Plata y Capital Federal y a sus víctimas fatales; repudiar la represión sufrida por trabajadores del Borda; solidarizarse con los trabajadores petroleros de Santa Cruz; realizar una campaña de 50 pintadas por la movilización del 9 de mayo; y por último extender la convocatoria a todos los barrios.

Durante este encuentro fue importante la intervención de uno de los representantes del Foro Hídrico de Lomas de Zamora, Mondragon explicó que "el cambio climático que fue generando estas desgracias que vivimos hace poco, nosotros las fuimos previendo y fuimos pidiendo durante mucho tiempo que se hicieran obras; pero no una obra que beneficiara a un barrio, sino una obra integral y sustentable; integral que tomara en cuenta todas las variables que puede generar una inundación, y sustentable porque creemos que estas obras en el tiempo deben ser básicas y no se deben tocar, si mejorar, pero mínimamente debe tener 50 años para que las siguientes generaciones las puedan disfrutar" y agregó que "las obras que están hechas en Lomas no soportan más de 50 milímetros de lluvia".



Después de tantos años de reclamo el Foro Hídrico dice que "nos dicen que no hay plata, mientras se está renovando Laprida". Mondragon describio técnicamente el plan de obras a realizar, y subrayo la importancia de esta lucha porque "se apunta a garantizar la vida de nuestros hijos y nuestros nietos, nuestra propia vida, y también la calidad de vida que tenemos que tener todos los días, aun cuando llueva".  Inundaciones, contaminación de los arroyos, napas, agua potable y obras mal hechas, son algunos de los temas que incluye este plan de obras.

Convocantes y participantes
La multitudinaria asamblea fue convocada por SITRAIC, MOSSOL, Foro Hídrico de Lomas de Zamora, Espacio Amplio, Vecinos de Santa Catalina, Fundación Che Pibe, Salvemos al Tren, Polo Obrero, Convergencia Socialista, Partido Obrero, Agrupación La Roja Instituto 103 de Lomas de Zamora (miembros Comisión Directiva), Frente Nacional Pueblo Unido y Agrupación Lista Verde SUTEBA.


Adhirieron a esta convocatoria ATE Sur, Colectivo Avanzar por la Unidad del Pueblo, Radio Rockultural, Radio Perspectiva de Clase, Frente Nacional Pueblo Unido, Agrupación Tribuna Ambiental, Frente Dario Santillan, Agrupación Barrial Victor Choque y Agrupación Sindical Rompiendo Cadenas.

Pero además se sumaron represnetantes de diferentes barrios de Lomas de Zamora y partidos vecinos, con la misma preocupación. Entre ellos Ingeniero Budge, Campo Tongui, Juan Manuel de Rosas, Nueva Esperanza, Fiorito, Santa Catalina I, Santa Catalina II, Santa Catalina III, El Faro, Provincias Unidas, Barrio Obrero, Viviendas Santa Catalina, Gabriel Miro, Villa Albertina, 2 de Abril, Facundo Quiroga, Esperanza, Olimpo y Villa Nocito.


Además hubo representantes de Berazategui, Barrio Belgrano, Asunción, San Blas, El Foquito. Florencio Varela, Villa Monica, 9 de Abril, Caracolitas, Santa Rosa, San Nicolás, La Carolina. Presidente Perón, San Pablo, La yaya, Santa Elena, Los Pinos, La Loma. Lanús, Villa Jardin, Barrio Obrero, La Fe. Ezeiza
Barrio Internacional, Villa Guillermina, y representantes de Echeveria y Avellaneda.
La responsabilidad del ministro Julio De Vido
Frente a esta situación, se notificará al ministro de planificación, Julio De Vido, y se presentaran los pliegos de las obras necesarias, que se desprenden del estudio realizado por el Foro Hídrico de Lomas de Zamora.

POR OBRAS HÍDRICAS YA! INTEGRALES Y SUSTENTABLES

POR MIL PUESTOS DE TRABAJO

POR LA SOLUCIÓN DEFINITIVA A LAS INUNDACIONES Y TODOS LOS PROBLEMAS QUE ESTO IMPLICA


MOVILIZACIÓN POPULAR

9 DE MAYO A LAS 10
EN CAMINO NEGRO Y RECONDO

ING. JUÁREZ: ELEUTERIO TORIBIO, REFERENTE WICHI, FUE ATROPELLADO


(Agencia Walsh)
Iba en moto con su esposa embarazada y su hijita
AW-_ELEUTERIO_TORIBIO(AW) Eleuterio Toribio, referente wichí de Ingeniero Juárez, fue atropellado por un motociclista en esta localidad formoseña. Iba en moto con su esposa, embarazada de 6 meses, y su hija de 2 años. La familia sospecha que el atropello podría haber sido intencional. Está internado en el Hospital Central de Formosa. Se solicitan aportes para una colecta solidaria.
Por Liliana Giambelluca
El 17 de abril, Eleuterio Toribio se trasladaba en motocicleta con su esposa Julia, embarazada de 6 meses, y su hija de 2 años, y un motociclista los atropelló, dijo a Agencia Walsh la hermana del dirigente, María del Carmen Toribio. Agregó que el accidente fue frente a la comisaría, por lo que el hombre que los atropelló debió declarar en esa dependencia.
La familia sospecha que el atropello podría haber sido intencional. Eleuterio es carpintero y artesano, pero además es un referente wichí en Ingeniero Juárez y hace seis años que está encabezando una lucha por viviendas, donde la fuerte resistencia de los originarios hizo fracasar dos intentos de desalojo policial.
La niña se encuentra bien, pero Eleuterio sufrió doble fractura expuesta de tibia y peroné, por lo que fue trasladado al Hospital Central de Formosa junto a su esposa, quien tiene constantes pérdidas con riesgo de perder el bebé.
La justicia formoseña, del mismo modo que hizo con Félix Díaz, también le inició una causa a Eleuterio por "usurpar" el terreno ancestral donde vive.
El intendente Cristino Mendoza "donó" territorios ancestrales al Instituto de la Vivienda y se construyeron 50 viviendas para gendarmes, médicos, docentes y ni una para la comunidad. Pero la justicia formoseña dice que el aborigen es el usurpador.
La atención en el hospital, que queda a 480 km de Ing. Juárez, no es completa, dice la familia. Se necesitan insumos de curación y prevención, mejor comida, clavos de platino, entre otros. Por ello, parientes y amigos de Eleuterio y Julia están haciendo una colecta solidaria en la cuenta de un familiar muy cercano.
Banco de Formosa 
Nº de cuenta 238055 de Caja de Ahorro
A nombre de Edgardo Javier Rolando Grigera
C.B.U. 3150000302000002380559 
Cuil: 23-12168479-9