La contradictoria venta de los medios del grupo CIE

(Red Eco)
La empresa mexicana CIE vendió el grupo de radios argentinas que manejaba a una sociedad de la que forma parte Raúl Moneta. El famoso “empresario” menemista acumula razones de sobra que le negarían la posibilidad de comprar esas radios.
(Celeste Neyra- Red Eco) Ciudad de Buenos Aires- Cuando esta semana el grupo CIE dio a conocer el comunicado donde hacía pública la venta del grupo de radios integradas por FM Rock & Pop, Metro, FM Blue, AM Splendid, San Isidro Labrador, entre otras, los diarios Crítica de la Argentina y Página 12 dieron a conocer suficiente información sobre el comprador y las causas por las esta transacción no está permitida por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La primera piedra oficial la tiró Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación, quien realizó una denuncia en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en la que consta que esta transacción está violando el artículo 45, inciso 2 de la nueva ley, que limita a 2 (dos) la cantidad de licencias de modulación por frecuencia (FM) que puede tener una misma “persona de existencia visible o ideal” ya sea por ser titular o tener participación en las sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión, cuando se trate de áreas donde existan más de 8 licencias.
El grupo CIE, ya se encontraba fuera de los parámetros de la nueva ley, porque excedía la cantidad de licencias que ésta prevé por licenciatario. Pero, además, por ser una empresa extranjera, lo que está impedido por el artículo 25. Como si fuera poco, el decreto 22.285, Ley de Radiodifusión, en su artículo 46 también impedía que las emisoras estuviesen controladas por personas físicas o jurídicas extranjeras. Ni la mayor excepción a esta regla, que es la llamada “Ley Clarín”, o Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales sancionada en 2003, permite que una empresa con más del 30% de capital extranjero controle un medio de comunicación. Por estos motivos, el Comfer había ordenado al CIE vender antes de fines de 2010.
Sin embargo, la compra anunciada, está mucho más lejos de quedar dentro de lo que la nueva ley permite. Por empezar, la autoridad de aplicación no fue informada. Y tal como lo define el artículo 41 de la ley 26.522 “Las autorizaciones y licencias de servicios de comunicación audiovisual son intransferibles”. Y si, como excepción, se autorizara la transferencia de acciones o cuotas partes de las licencias “La misma estará sujeta a la previa comprobación por la autoridad de aplicación que deberá expedirse por resolución fundada sobre la autorización o rechazo de la transferencia solicitada teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos solicitados para su adjudicación y el mantenimiento de las condiciones que motivaron la adjudicación”.
Además, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es clara cuando dice que los titulares de licencias, ya sean personas físicas o los socios de una empresa, deben poder demostrar el origen de los fondos comprometidos en la inversión y no haber sido condenado por delito doloso.
La sociedad que compró las emisoras está compuesta por Matías Garfunkel, un joven empresario que es uno de los directivos de la firma BGH y se le adjudica estar en pareja con la hija del ex presidente Menem. Su socio, Raúl Moneta, tiene un perfil más extenso. Vivió la década del menemismo del lado del poder, haciendo negocios que lo llevaron a la justicia en más de una oportunidad. Estuvo seis meses prófugo de la Justicia, por las causas en las que se lo investigó por el vaciamiento de los bancos República y Mendoza, además de la acusación por lavado de dinero.
Pese a todo lo anterior, fue socio de Daniel Hadad, en Canal 9. El Comfer le había pedido explicaciones sobre el origen de sus fondos que nunca pudo dar.
Quizás porque sigue haciendo negocios, es que realizó la compra de las radios al CIE, aunque la nueva Ley no lo permita. Gustavo López, se interrogaba frente al periodista Mariano Blejman, de Página 12 “O los inversores no leen los diarios, o piensan que las leyes no son para cumplirlas”. Y quizás habría que preguntarse mejor, por qué este tipo de empresarios hacen negocios con el Estado, como lo hace Moneta a través de la sociedad que la empresa Raiser SA tiene con Enarsa. O por qué el Comfer no llegó a sancionarlo durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando fue propietario de un porcentaje de Canal 9.


Rockultural...Es un cambio de bando, se mueven las fichas, se cruzan las apuestas, pero arriba, los que juegan con nuestra comunicación y nuestra cultura, son siempre los mismos. Hay que acabar con la hegemonía de la comunicación de los medios masivos de desinformación e idiotización. ¡Basta! de grupos concentrados que lo único que ambicionan, es acumular poder y manejar al pueblo con su mensaje cargado de odio y desprecio a los valores sociales y culturales.