(Cuba Debate)
El estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas hondureñas junto al general Romeo Vasquez Velasquez (C) en la Corte Suprema en Tegucigalpa el 14 de enero de 2010. El Tribunal Supremo de Justicia de Honduras expulsó a cuatro jueces y a un defensor público que enfrentaban procesos disciplinarios por haber criticado el golpe de Estado del pasado 28 de junio. Foto: AFP
El Tribunal Supremo de Justicia de Honduras expulsó a cuatro jueces y a un defensor público que enfrentaban procesos disciplinarios por haber criticado el golpe de Estado del pasado 28 de junio, informó este jueves a la AFP uno de los afectados.
“Somos cuatro jueces y un defensor público que se nos levantó un proceso disciplinario por diferentes causales, pero todos vinculados con el golpe de Estado” que depuso al entonces presidente Manuel Zelaya, confirmó el magistrado Luis Alonso Chévez de la Rocha.
En total, 10 de los 15 jueces de la máxima autoridad judicial hondureña votaron a favor de la expulsión de sus colegas.
Además de Chévez de la Rocha, también fueron despedidos los jueces Adán Guillermo López Lone y Ramón Enrique barrios, la magistrada de la Corte Penal de Apelaciones, Tirza Flores, y el defensor público Osman Fajardo Morel.
La decisión de la Corte “obedece a un criterio de tipo político porque no ha habido una justificación ni de tipo legal ni laboral”, dijo el magistrado.
“Nunca hemos tenido faltas de tipo disciplinario o laboral”, zanjó este magistrado, que al igual que el resto de los afectados, pertenece a la Asociación de Jueces para la Democracia, que lucha por la independencia de la justicia y su despolitización en el país centroamericano.
A López, Chévez y Fajardo se les acusa de haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado y a Barrios por publicar un artículo en un periódico en el que defendía que el derrocamiento de Zelaya fue un golpe de Estado y no una “sucesión constitucional” como alegaban los golpistas.
La magistrada Flores fue sancionada por haber presentado un recurso de amparo constitucional a favor del presidente Zelaya y otros funcionarios que fueron despojados del poder.
Los afectados tienen ahora diez días para impugnar esta decisión.
(Con información de La Prensa Gráfica)
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