Las organizaciones que acompañaron la toma de tierras informaron en el mediodía del viernes que seguían detenidos 60 hombres.La represión del jueves a cargo de la Policía de Jujuy desalojó a cerca de 700 familias que tomaron un predio de la empresa azucarera Ledesma, en la localidad de Libertador General San Martín.
Desde hace 4 años la organización Corriente Clasista y Combativa (CCC) mantiene conversaciones con la compañía para la solución habitacional de las familias.
Ante la falta de respuestas de la empresa, la organización y las familias decidieron la toma de 15 hectáreas. Mientras tanto, avanzaba el diálogo para solucionar el reclamo junto a autoridades y la compañía que cuenta con cerca de 130 mil hectáreas en la provincia.
En diálogo con Púlsar, Oscar Delgado, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez (CAPOMA), relató que "la represión fue desmedida, sin aviso, con Infantería, Caballería y con la guía de responsables de seguridad de la empresa Ledesma".
Delgado informó que alrededor de 500 efectivos llegados desde distintos lugares de la provincia realizaron la represión.
La jueza a cargo del caso, Carolina Pérez Rojas, explicó que los peritos tienen 8 días para informar de dónde llegaron las balas que mataron a las víctimas.
Pérez Rojas aseguró que la fuerza de seguridad no está autorizada para tener armas de fuego durante desalojos. Indicó que solo "la Infantería o Caballería llevan gas y balas de goma".
La magistrada confirmó que el desalojo respondió a una denuncia de la empresa Ledesma por la ocupación de tierras. También señaló que la orden fue firmada por el doctor Jorge Samán.
El gobernador de Jujuy, Walter Barrionuevo, dijo que se sentía "sorprendido e impotente" ante los hechos. En la noche del jueves renunció su ministro de Gobierno, Pablo La Villa.(PÚLSAR)
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