(Agencia Púlsar)
(AW) Habrá sido un capricho de la historia. Lo cierto es que el 12 de octubre de 2009, al cumplirse 517 años de la llegada de los españoles a América, un integrante de la comunidad diaguita de Chuschagasta, Tucumán, murió desangrado luego del ataque de un terrateniente.
(AW) Habrá sido un capricho de la historia. Lo cierto es que el 12 de octubre de 2009, al cumplirse 517 años de la llegada de los españoles a América, un integrante de la comunidad diaguita de Chuschagasta, Tucumán, murió desangrado luego del ataque de un terrateniente.
A DOS AÑOS DEL CASO CHOCOBAR
Este 12 de octubre se cumplen dos años del asesinato de Javier Chocobar, producto de un ataque armado de un terrateniente y dos parapolicías, quienes dispararon mientras los comuneros defendían su territorio. Era integrante de la Comunidad Indígena de Chuschagasta (Trancas - Tucumán). Se aprobó la elevación al juicio que se efectivizaría en 2012. El "mensaje" del caso y la defensa corporativa entre justicia, terratenientes y poder político en Tucumán. Los imputados esperan libres el juicio.
Fuera de querer imitar el amarillismo o la patética nota de color policial de los medios masivos, la crónica sintética para quienes no conocen el caso es bastante simple. Un terrateniente dice ser el dueño de unas tierras, en donde está una cantera de lajas que quiere explotar. En una causa judicial consigue un fallo a su favor y va a reclamarla como suyas, acompañado por 2 ex policías que fueron miembros de un comando parapolicial y delictivo. Se presentan como policías activos y atacan con armas de fuego a la gente que -en defensa de su territorio-, les impiden el paso por una tranquera. Los asesinos filman la escena y pierden la cámara, que queda en manos de la justicia provincial tras el ataque.
Como saldo del ataque, el comunero Javier Chocobar (68 años) muere desangrado por una herida de bala en su pierna. Andrés Mamaní es herido de gravedad (estuvo 4 meses en terapita intensiva) junto a otras 3 personas. Los atacantes son Darío Amín y los ex policías Luis Humberto "el niño" Gómez y José Valdivieso.
Los medios y los imputados
No fue un mero hecho policial, no hubo "enfrentamiento" como insólitamente sostuvieron La Gaceta, Canal 10 y varios medios que los repiten literalmente tomando las fuentes "oficiales" de la policía y la defensa de los imputados. Los asesinos fueron preparados para atacar ese día en Trancas. Llevaron armas de fuego contra gente desarmada. Gómez es perito en balística, conocido por trabajar en "seguridad privada" encargada de aprietes similares al de ese 12 de octubre. Es cuñado del entonces (en 2009) jefe de policia provincial Hugo Sanchez. Valdivieso fue servicio de inteligencia en 1983 según constan en el listado de personas pertenecientes al batallón 601 que vieron la luz en 2010. Ambos integraron las filas del Malevo Ferreyra en su comando parapolicial "Atila". Nada de esto tuvo en cuenta la justicia, porque los imputados esperan el inicio del juicio libres, beneficio que habitualmente no caso otorga la justicia por crímenes incluso menores. ¿Dos ex policías vinculados a la represión no son un peligro para la Comunidad? La actuación con una impunidad manifiesta de Gómez (quién además continúa siendo perito para la justicia de Salta) y Valdivieso es una muestra de que la trama de los servicios y agentes vinculados a la dictadura siguen activos en la provincia.
A Chocobar no lo mató la policía como a López del pueblo Qom, pero el caso es el primero con una víctima fatal de la historia reciente en la provincia y sus ramificaciones no se terminan en un ataque individual o que "se fue de las manos". La ley 26.160 (y su prórroga) que inician el relevamiento territorial y suspende los desalojos, evidentemente levanta temores en los dueños de la tierra y del poder en Tucumán. Además Darío Amín era empleado de Fernando Juri en la legislatura y la familia se jactaba de que el gobernador José Alperovich iba a ser el padrino de la cantera de lajas.
No fue un mero hecho policial, no hubo "enfrentamiento" como insólitamente sostuvieron La Gaceta, Canal 10 y varios medios que los repiten literalmente tomando las fuentes "oficiales" de la policía y la defensa de los imputados. Los asesinos fueron preparados para atacar ese día en Trancas. Llevaron armas de fuego contra gente desarmada. Gómez es perito en balística, conocido por trabajar en "seguridad privada" encargada de aprietes similares al de ese 12 de octubre. Es cuñado del entonces (en 2009) jefe de policia provincial Hugo Sanchez. Valdivieso fue servicio de inteligencia en 1983 según constan en el listado de personas pertenecientes al batallón 601 que vieron la luz en 2010. Ambos integraron las filas del Malevo Ferreyra en su comando parapolicial "Atila". Nada de esto tuvo en cuenta la justicia, porque los imputados esperan el inicio del juicio libres, beneficio que habitualmente no caso otorga la justicia por crímenes incluso menores. ¿Dos ex policías vinculados a la represión no son un peligro para la Comunidad? La actuación con una impunidad manifiesta de Gómez (quién además continúa siendo perito para la justicia de Salta) y Valdivieso es una muestra de que la trama de los servicios y agentes vinculados a la dictadura siguen activos en la provincia.
A Chocobar no lo mató la policía como a López del pueblo Qom, pero el caso es el primero con una víctima fatal de la historia reciente en la provincia y sus ramificaciones no se terminan en un ataque individual o que "se fue de las manos". La ley 26.160 (y su prórroga) que inician el relevamiento territorial y suspende los desalojos, evidentemente levanta temores en los dueños de la tierra y del poder en Tucumán. Además Darío Amín era empleado de Fernando Juri en la legislatura y la familia se jactaba de que el gobernador José Alperovich iba a ser el padrino de la cantera de lajas.
Todos de acuerdo
La defensa corporativa de las familias tradicionales que tienen vínculos directos en la justicia y el gobierno de la provincia son evidentes en éste y otros casos vinculados a la problemática indígena... ¿o habrá que creer en el "error" del fallo del juez Alfonso Zottoli que dio lugar a que se acepte la apelación ante la cámara de casación y los imputados queden libres?
El asesinato de Chocobar fue un mensaje político fuerte hacia las comunidades en incipiente organización en la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita y el Pueblo Lule. Fue un episodio más de una escalada de violencia y judicialización contra sus referentes. Se calculan en más de 50 las causas abiertas en la provincia según un informe de Andhes y de los abogados vinculados a la temática en Tucumán.
En este panorama y con la reciente elevación a juicio por parte de la jueza Emma de Nucci en agosto pasado, se espera que tras las apelaciones de la defensa se llegue al juicio oral en el primer semestre de 2012. La expectativa de la defensa es que se avance en un fallo que corte con la impunidad de los imputados libres y tengan la máxima pena dentro del delito que cometieron. Que no se cambie la carátula en la consideración de que los 3 acusados son partícipes necesarios del delito -pedido realizado por fiscal de instrucción Adolfo Suasnábar (quien realizó una prolija investigación)-, sería una muestra de que se avanza en ese sentido.
No conocíamos a Don Javier Chocobar. Lo fuimos descubriendo después, a partir de esos mensajes desesperados que empezaron a llegar ese 12 de octubre de 2009 que relataban el ataque en El Chorro. Lo tenemos presente a partir de allí con ese dolor de quien es parte y símbolo de una resistencia que es histórica como la de los pueblos originarios y otros sectores que luchan contra la explotación capitalista. Como nos duelen Mariano Ferreyra, Roberto López, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Como nos da impotencia no saber donde están que Julio López o Luciano Arruga. Justicia que no es sólo la cárcel para los asesinos, sino el efectivo cumplimiento por parte del estado de los derechos de los Pueblos Originariosque hoy ya tienen, además de avanzar en políticas de largo plazo. Porque el caso de Don Javier no puede repetirse. Mientras tanto, la visibilización y el reclamo de justicia seguirá escuchándose aunque les moleste a los dueños de Tucumán que siguen creyéndose impunes.
La defensa corporativa de las familias tradicionales que tienen vínculos directos en la justicia y el gobierno de la provincia son evidentes en éste y otros casos vinculados a la problemática indígena... ¿o habrá que creer en el "error" del fallo del juez Alfonso Zottoli que dio lugar a que se acepte la apelación ante la cámara de casación y los imputados queden libres?
El asesinato de Chocobar fue un mensaje político fuerte hacia las comunidades en incipiente organización en la Unión de la Nación del Pueblo Diaguita y el Pueblo Lule. Fue un episodio más de una escalada de violencia y judicialización contra sus referentes. Se calculan en más de 50 las causas abiertas en la provincia según un informe de Andhes y de los abogados vinculados a la temática en Tucumán.
En este panorama y con la reciente elevación a juicio por parte de la jueza Emma de Nucci en agosto pasado, se espera que tras las apelaciones de la defensa se llegue al juicio oral en el primer semestre de 2012. La expectativa de la defensa es que se avance en un fallo que corte con la impunidad de los imputados libres y tengan la máxima pena dentro del delito que cometieron. Que no se cambie la carátula en la consideración de que los 3 acusados son partícipes necesarios del delito -pedido realizado por fiscal de instrucción Adolfo Suasnábar (quien realizó una prolija investigación)-, sería una muestra de que se avanza en ese sentido.
No conocíamos a Don Javier Chocobar. Lo fuimos descubriendo después, a partir de esos mensajes desesperados que empezaron a llegar ese 12 de octubre de 2009 que relataban el ataque en El Chorro. Lo tenemos presente a partir de allí con ese dolor de quien es parte y símbolo de una resistencia que es histórica como la de los pueblos originarios y otros sectores que luchan contra la explotación capitalista. Como nos duelen Mariano Ferreyra, Roberto López, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Como nos da impotencia no saber donde están que Julio López o Luciano Arruga. Justicia que no es sólo la cárcel para los asesinos, sino el efectivo cumplimiento por parte del estado de los derechos de los Pueblos Originariosque hoy ya tienen, además de avanzar en políticas de largo plazo. Porque el caso de Don Javier no puede repetirse. Mientras tanto, la visibilización y el reclamo de justicia seguirá escuchándose aunque les moleste a los dueños de Tucumán que siguen creyéndose impunes.
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