(Plaza de Mayo)
Desalojos, represión, detenidos y asesinatos. Campesinos y pueblos originarios son las víctimas de un modelo extractivo que, con apoyo del Gobierno nacional y los provinciales, avanza sobre el campo .
Sandra Juárez, Javier Chocobar, Roberto López y Cristian Ferreyra. Cuatro asesinatos de campesinos e indígenas, entre marzo de 2010 y noviembre de 2011. No hubo más porque falló la puntería: se repiten las represiones sobre territorios rurales y tienen como trasfondo el modelo extractivo (agronegocios, megaminería, forestales, petróleo). Datos oficiales, tan cuestionados como el Indec, señalan un piso de 9,4 millones de hectáreas en conflicto en todo el país. La Red Agroforestal (Redaf), colectivo de organizaciones y profesionales, precisa que (sólo en la región del Chaco argentino) se contabilizan 11,4 millones de hectáreas en disputa. Sólo las últimas dos semanas: hubo represiones en cinco provincias. El lado oculto del “modelo”.
Organizaciones campesinas exigen una ley que frene los desalojos, pero duerme cajoneada en el Congreso. Mientras: la Presidenta celebra acuerdos con Monsanto y propone correr la frontera transgénica.
Asesinatos
Sandra Juárez murió frente a una topadora de un paro cardíaco el 13 de marzo de 2010, paraje campesino de San Nicolás (Santiago del Estero). 33 años, dos hijos.
Javier Chocobar, comunero diaguita de comunidad Chuschagasta (Tucumán). Asesinado por ex policías y un empresario que pretendían hacer uso de una cantera dentro del territorio comunitario. Lo asesinaron el 12 de octubre de 2009.
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| El recuerdo de Javier Chocobar |
Cristian Ferreyra, 23 años, padre de un niño, militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje San Antonio, norte de la provincia.
Botones de muestra
El empresario rural Osvaldo Anzorena, de Tunuyán (Mendoza), atacó con gas pimienta a una familia campesina que se resiste a ser desalojada del lugar donde siempre vivió. La agresión sucedió el 20 de junio pasado, cuando el empresario llegó el paraje Arroyo Guiazú –donde vive la familia campesina Tejada– y le exigió que abandone el predio. En la finca habitan 20 personas, la mitad de ellos niños. “Anzorena se atribuye la propiedad de estas fincas, sin presentar, ni ante las familias, ni ante la justicia, prueba alguna de dicha afirmación. Desde hace varios meses está molestando a la familia Sena, diciendo que las propiedades son de él, que se tienen que ir. Ante la negativa de las familias, que bien conocen sus derechos, contrató a matones para amedrentarlas de manera violenta”, denunció la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza.
El 28 de junio a la noche, una patota atacó a Abelardo Díaz, hijo de Félix Díaz, referente de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. Los agresores tenían armas blancas. Amenazaron con degollar a Díaz, que terminó en el hospital local con lesiones varias. En el último año, luego de poner en la agenda nacional la vulneración de derechos en la provincia, la comunidad sufrió una decena de represiones.
“Sabemos que los ataques a la familia Díaz son organizados por el gobierno de Formosa, es la nueva modalidad que han puesto en práctica desde hace meses. Es terrible hasta dónde pueden llegar. Hacemos publica la denuncia pero también le decimos a Formosa que no nos van a amedrentar con sus agresiones. Nosotros sólo reclamamos lo que es nuestro y pedimos justicia. No nos vamos a correr de esta postura por miedo a las agresiones que recibimos”, advirtió la comunidad en un comunicado el 30 de junio pasado.
El 15 de junio, a la mañana, la policía de Neuquén reprimió a la comunidad mapuche Gelay Ko, que había cerrado el paso a la petrolera estadounidense Apache, compañía que opera en territorio de la comunidad el primer pozo de gas no convencional de la Argentina (a 30 kilómetros de Zapala, centro de Neuquén). Detuvieron a dos dirigentes mapuche.
“Durante dos años quisimos dialogar con la empresa, pero no nos escucha. Somos 40 familias y 12 son las más cercanas y más afectadas. Hicieron veinte perforaciones en 60 hectáreas de la comunidad, no se hacen cargo de la contaminación y nos quieren callar con 500 pesos por mes para cada familia”, denunció Cristina Linkopan, lonko (autoridad política) de la comunidad.
El viernes pasado, 6 de julio, la comunidad Gelay Ko marchó por la capital provincial junto a otras comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén y la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, entre otras organizaciones. Rechazan la avanzada hidrocarburífera del llamado “gas no convencional”, que requiere técnicas cuestionadas por los pasivos ambientales. En Neuquén se encuentra el yacimiento “Vaca muerta”, que sería –según el Gobierno– uno de los yacimientos más importante del mundo. Y, dentro de las prioridades de la nueva YPF, se encuentra la explotación de hidrocarburos “no convencionales”.
La Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná (Salta) instaló el 4 de julio una carpa a la vera de la ruta nacional 40 (en el kilómetro 4350) para frenar una topadora que pretendía desmontar un territorio comunitario. Lograron que la topadora se retire. Dos días después (viernes 6 de julio), cuando integrantes de la comunidad viajaban a la capital salteña para una reunión en la Secretaría de Derechos Humanos de Salta, personal de la empresas y efectivos policiales ingresaron por la fuerza al predio indígena, amenazaron a la comunidad y escoltaron a la topadora para que comience el desmonte. “Fue desproporcionado el número de efectivos policiales, más de 30 cuando en el lugar había sólo cinco miembros de la comunidad”, precisó la comunidad, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina).
Fueron detenidos dos referentes de la comunidad. “A pesar de la existencia de la comunidad indígena, la empresa sigue usurpando territorios y destrozando nuestra biodiversidad con desmontes, plantaciones de viñedos y perforaciones, amparados por la Justicia que archiva las denuncias y recursos de amparo presentados por miembros de la comunidad”, denunció la organización y apuntaron al problema de fondo: “Es un caso más de intento de usurpación y avance sobre territorios campesinos e indígenas por parte de empresarios que buscan aumentar sus negocios con la destrucción de nuestros bienes naturales. Todo favorecido por políticas públicas que promueven los agronegocios, destruyen la naturaleza y persiguen nuestra cultura y forma de producción”.
Tres colectivos, una decena de motos y veinte camionetas transportaron el 4 de julio más de 250 policías hasta la localidad tucumana Base de Riarte (al norte provincial, límite con salta) para desalojar a la Comunidad Indio Colalao. Se trata de 19.000 hectáreas donde siempre vivieron las comunidades indígenas y en la actualidad es reclamada por dos empresarios. La represión fue ordenada por la jueza Ema de Nucci, a pedido del fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera. El Poder Judicial tucumano omitió la legislación vigente respecto al derecho indígena. Entre otras, la Ley Nacional 26.160 frena los desalojos hasta tanto no se realice un relevamiento de territorios comunitarios. La Ley 26160 fue sancionada en 2006, y estipulaba que en tres años debía estar relevado todo el país. Tucumán, a seis años de la sanción de la norma, aún no relevó a las comunidades.
La comunidad indígena denuncia desde 2010 a los empresarios y también al poder político local. Habían alertado de un plan de expulsión, con complicidad judicial, que implicó la matanza de animales, el cierre de caminos comunitarios, el cierre de la única escuela primaria de la zona y las continuas intimidaciones.
El 9 de julio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estuvo en Tucumán, en la histórica Casa de la Independencia. “No a la represión y desalojo en Base Riarte”, reclamaba un cartel hecho a mano de indígenas que esperaban el ingreso de la Presidenta. Lograron un breve diálogo con el vicepresidente, Amado Boudou (llegó antes que la Presidenta). Pero luego fueron rodeados por militantes kirchneristas que imposibilitaron que el reclamo llegue a la Presidenta. “Trajeron al Movimiento Evita, a la Cámpora y a la seguridad, que con empujones armaron un cordón que no solo tape los carteles con sus banderas sino que fueron preparando un cercado para ir corriendo a los que se encontraban allí”, denunciaron en un comunicado dirigentes indígenas y la organización social La Fragua (del Frente Popular Darío Santillán) y apuntaron a dos poderes: “A casi 200 años de la independencia, decimos basta de la represión, persecución y desalojo de la Comunidad Indio Colalao y a todas las comunidades que están bajo los distintos mecanismos de terratenientes y testaferros que se apropian de los territorios ancestrales con la anuencia del Gobierno y de la Justicia”.
Conflictividad nacional
La Subsecretaría de Agricultura Familiar (del Ministerio de Agricultura de Nación) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) presentaron el abril pasado el primer “estudio” oficial de conflictos rurales. Realizado durante sólo tres meses en territorio, con sólo una persona por provincia, es más un muestreo o piso de casos que un “estudio” acabado. Fue presentado en el marco del “Encuentro Nacional por la Tierra”, realizado por el gobierno nacional, del 24 al 26 de abril en Salta.
Los datos oficiales: 857 conflictos de tierra en todo el país, afectan a 63.843 familias e involucran 9,3 millones de hectáreas. Lo insólito: ni el Gobierno ni la Unsam entregaron el “estudio”.
Las organizaciones y periodistas solicitaron, además de la gacetilla oficial con el resumen de datos, el trabajo completo. Pero, a casi tres meses de aquella presentación, aún no se hizo público. La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo que reúne a ONG, organizaciones sociales y técnicos que trabajan en territorio, en el Norte argentino. Desde 2008 realizan relevamiento de conflictos en las zonas donde trabajan. En el último procesamiento de datos, agosto de 2011, habían contabilizado (para la zona del Chaco argentino) 244 casos: 209 exclusivamente de disputas por tierras, 25 ambientales y diez casos mixtos.
Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria. La superficie en disputa alcanza las 11,4 millones de hectáreas y son afectadas 1,6 millón de personas.
Tienen gran peso los conflictos socioambientales, en parte ligados al modelo extractivo (desmontes y fumigaciones con agrotóxicos), multiplicados en la última década, a medida que avanzó la frontera agropecuaria sobre el Norte del país.
En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de ocho años de kirchnerismo se llegó al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultivada del país. Nunca antes la soja había crecido tanto. “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe 2010.
No es casualidad que el grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000: “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”.
Proyectos cajoneados
El 19 de abril de 2011, en Buenos Aires, una decena de organizaciones campesinas hicieron público un proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos. Trabajado durante un año y producto del consenso, el proyecto solicitaba detener los desalojos durante cinco años e instaba a, en los tres primeros años, realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.
La fundamentación del proyecto cuestionaba al modelo extractivo, denunciaba el avance minero y los agronegocios. Los sindicaba como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. Se innovó al proponer la tierra como un bien social y no como una mercancía. Proponía una mirada integral de la problemática de tierra, instalaba una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.
Fue consensuada y presentada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino Liberación (MCL), el Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Nacional Campesino (FNC) y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares.
Había pasado casi todo 2011 y ningún legislador había presentado el proyecto en el Congreso Nacional.
El 16 de noviembre asesinaron en Santiago del Estero a Cristian Ferreyra del Mocase-VC. Al igual de los que había sucedido con la represión en Formosa y asesinato del qom Roberto López, ningún funcionario de primera línea condenó el asesinato del campesinos santiagueño Cristian Ferreyra. Ambos gobernadores, Gildo Insfrán y Gerardo Zamora, adhieren al kirchnerismo.
El 18 de noviembre hubo una masiva marcha en Capital Federal. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI –donde el Mocase-VC es una de las organizaciones de base) enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial provincial y el Gobierno Nacional.
Una semana después, el 25 de noviembre, el MNCI se movilizó hasta el Congreso Nacional junto al Frente Transversal, la Cámpora, el Movimiento Evita, la CTA oficialista y Nuevo Encuentro, entre otras organizaciones kirchneristas. El proyecto de ley de freno a los desalojos fue ingresado con la firma de los legisladores kirchneristas Diana Conti, Carlos Heller, Edgardo Depetri, Martín Sabbatela e Inés Pilatti. A siete meses de su ingreso al Congreso, y con el kirchnerismo con mayoría en ambas cámaras, aún no fue tratado el proyecto del ley que busca frenar los desalojos campesinos.
Un modelo que avanza
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), presentado en septiembre pasado por la Presidenta, es un programa de metas a mediano plazo. Entre otros objetivos, planifica aumentar la producción granaria un 60 por ciento. Pasar de las 100 millones de toneladas actuales (el 50 por ciento es soja) a 160 millones, para 2020. Reconoce la necesidad de avanzar sobre nuevos territorios: desmontes, mayor uso de agrotóxicos, más conflictos territoriales y desalojos son la consecuencia más predecible.
En sus 180 carillas, no menciona en ningún momento a campesinos e indígenas. Apenas tres carillas hablan de “agricultura familiar”. El sujeto agrario del modelo es el empresariado rural y las grandes empresas proveedoras de insumos.
El 28 de febrero pasado, la Presidenta anunció que investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Conicet y la empresa Bioceres habían logrado una semilla de soja resistente a la sequía y que lograba “altos rendimientos”, lo que posibilitaría el avance sobre regiones en la actualidad hostiles al monocultivo. En Bioceres tiene participación accionaria Gustavo Grobocopatel, titular de Los Grobo, uno de los mayores pool de siembra del continente.
El 15 de junio, en Estados Unidos, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, almorzó con empresarios de ese país. Ante las cámaras, y transmitido en directo por Canal 7, contó que se reunió con la empresa Monsanto, preciso que le habían anunciado la instalación de una nueva planta en Córdoba. La Presidenta se autodescribió como “muy orgullosa” por el anuncio de Monsanto, precisó que Monsanto “ayudará” a la concreción del Plan Agroalimentario (PEA) y fue por más: le informó a Monsanto la posibilidad de “extender la frontera agropecuaria” sobre la Patagonia.
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