(Agencia Walsh)
(AW) Más de 250 policías se movilizaron durante la tarde de ayer para desalojar de su territorio a los habitantes de la comunidad Indio Colalao, ubicada en Base Riarte, Departamento de Trancas, provincia de Tucumán, en cumplimiento de la medida ordenada por la justicia. Tras intimidar con tiros al aire y palos a los aborígenes, a primeras horas de la noche los policías abandonaron la comunidad. No hubo heridos de gravedad ni detenidos.Liliana Giambelluca (especial para Agencia Walsh)
Con el fin de cumplir la orden judicial de "restitución provisoria" de 19.000 hectáreas reclamadas por los terratenientes Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse, más de 250 policías tucumanos de distintas divisiones ingresaron a la comunidad aborigen Indio Colalao con el objetivo de hacer efectivo el desalojo solicitado por el fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera, y autorizado por la jueza Emma de Nucci del Juzgado Nº 2.
La última semana de junio, la comunidad había sufrido un "allanamiento". Desde entonces, 20 camionetas y tres colectivos policiales estaban apostados en las cercanías a la espera de la orden judicial para desalojar a los aborígenes de su territorio, que limita con la provincia de Salta.
Durante la tarde de ayer, luego de conocerse la noticia del ingreso policial a la comunidad, no se lograba comunicación directa con los comuneros. Cynthia Ovejero, vocera de la cacique María Lilia Delgado, en comunicación telefónica con radio La Retaguardia manifestó sentirse preocupada y agregó que "Los últimos mensajes que recibí desde la comunidad decían: ‘estamos en un estado de guerra, se escuchan disparos, la gente está resistiendo cuerpo a cuerpo'. En la zona no hay hospitales de alta complejidad, si le pasa algo a algún hermano no va a tener la asistencia médica necesaria".
Recién a la 0.30, AW se comunicó con Mercedes, habitante de la comunidad, quien informó que hubo "algunos enfrentamientos" con la policía pero "sin heridos graves". Agregó que la policía se había retirado durante la noche pero suponían que continuaba en la zona y que en ese momento la comunidad se encontraba en asamblea.
Trascendidos indicaron que la cacique María Lilia Delgado se presentaría en el día de hoy en la Defensoría del Pueblo y que al mediodía habría una conferencia de prensa.DOS AÑOS DE CONSTANTE PERSECUCIÓN
Desde hace tiempo la comunidad Indio Colalao denuncia la constante y sistemática persecución por parte de los terratenientes Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse para desalojarlos de las tierras que habitan ancestralmente. Para lograrlo, les bloquearon el agua de la acequia que utilizan para riego y consumo, les impiden la siembra y les matan sus animales.
Los comuneros entienden que están frente a "un plan de expulsión" y que los latifundistas tienen el aparato policial a su disposición, a la vez que mantienen fuertes vinculaciones con el poder político de la provincia.
La comunidad denunció que la violencia recrudeció cuando en la provincia comenzó la aplicación de la ley 26.160. Desde septiembre de 2010, les cerraron, con un portón con candado, el único camino vecinal que permite el acceso con vehículos, enviaron personas armadas para controlar el ingreso y salida, llegando inclusive a pedirles el documento nacional de identidad a los comuneros.
La comunidad denunció los hechos de violencia en organismos de derechos humanos provinciales y nacionales, como el INADI Tucumán y Nacional, Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia y Nación, Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Provincia de Tucumán, Comuna de San Pedro de Colalao y ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hasta el momento no han tenido respuesta de ningún organismo.
En un comunicado de prensa, la comunidad denunció que Moreno Núñez Vela y Jorge Posse "pretenden apropiarse de 19.000 hectáreas de monte nativo donde se encuentra la Base Riarte Norte". También informó que en el 2003, "en connivencia con la familia Prat Gay se encubrió un negociado, resultado del vaciamiento del Banco de Crédito Rural. En ese momento, el actual Diputado del ARI, Alfonso Prat Gay, presidía el Banco Central de la República Argentina, entidad que tenía como garantía el territorio Colalao por la deuda contraída por Jorge Prat Gay, resultado de sucesivos préstamos solicitados". El comunicado agrega que el territorio fue un "negociado" que "derivó en la entrega por parte del Banco Central de la Nación Argentina de nuestros hermanos que allí habitan".
A mediados de junio, tras la expulsión del territorio de Don Elías Apaza, un abuelo no vidente de 90 años, con serios problemas de salud, los comuneros marcharon por las calles de San Miguel de Tucumán para reclamar la intervención de los Estados nacional y provincial. Además, la cacique de la comunidad, María Lilia Delgado, inició una huelga de hambre y declaró a la Asamblea de la Plaza de Tucumán: "Nos están desalojando y desplazando de a poco. (...) Se hace muy dura la lucha, pero yo estoy firme aquí. Tengo muy claro que a un año de mi cacicazgo no voy a permitir que a mi gente le hagan lo que quiera el señor Freddy", en referencia al terrateniente Freddy Moreno Núñez Vela.
Fotos: Gonzalo Avila
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