Walter Bulacio: A fuerza de lucha, (¿esta vez sí?) el 24 de septiembre llega el juicio

(ANRed)
Con 22 años de demora, a cuatro años de la elevación a juicio y tras varias suspensiones, finalmente se fijó fecha para el inicio del debate oral y público contra el comisario Miguel Ángel Espósito, ex titular de la comisaría 35ª y jefe del operativo policial desplegado el 19 de abril de 1991 en las inmediaciones del Estadio Obras. No es necesario, a esta altura, recrear demasiado los hechos que ocurrieron ese viernes a la noche, cuando centenares de jóvenes fueron arrestados en una “razzia” durante un recital de rock. Walter Bulacio, de 17 años, salió la mañana del sábado 20 de la comisaría en ambulancia, con un grave cuadro neurológico, consecuencia de la tortura. Una semana después, murió. Por CORREPI.
Por ANRED - C (redaccion@anred.org)
A lo largo de la infinita causa judicial, cada gobierno hizo lo suyo para garantizar la impunidad de los represores.
El gobierno de Menem, cuyos ministros y demás operadores se turnaron para apretar jueces y fiscales, fue el encargado del encubrimiento inicial. El comisario, cuyo hermano solía aparecer en la conferencias de prensa presidenciales custodiando al primer mandatario, recibió la defensa oficial del cuerpo de abogados del ministerio del Interior, del que entonces dependía la policía, hasta que prefirieron recurrir (como sucedería 20 años después con los policías en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra), a un prestigioso y caro estudio del poder, el mismo que por entonces defendía a ministros como Cavallo, secretarios como Matilde Menéndez y empresarios socios del poder como Yabrán.
Durante el gobierno de la Alianza, además de sostener la inmovilización de la causa, que desde abril de 1996 hasta 2008 se mantuvo en la misma etapa, y de excluir a la mamá de Walter y a CORREPI de la querella, el presidente De la Rúa contrató, para contestar nuestra demanda internacional, al académico Daniel Pastor, que años después sería el primer director de la academia de “formación” de la policía Metropolitana de Mauricio Macri. Convencido defensor de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, el Dr. Pastor, en nombre del gobierno nacional, negó que Walter fuera torturado y defendió al estado argentino con los mismos argumentos de la defensa del comisario en la causa interna. Cerca del juicio en Costa Rica, el actual precandidato de UNEN y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra fue nombrado como juez ad hoc de la Corte IDH para representar los intereses del gobierno argentino.
Cuando Eduardo Duhalde llegó a la presidencia, encomendó el asunto a su ministro de Seguridad Juan José Álvarez, su socio en la represión del Puente Pueyrredón. Para evitar el juicio y condena internacional, reconocieron la responsabilidad del estado argentino por la detención ilegal, tortura y muerte de Walter por decreto presidencial. Total, había sido “otro gobierno”. No contaban con que poco nos interesaba una declamación discursiva, y que insistiríamos en celebrar el juicio para que la Corte IDH se expidiera sobre las normas y prácticas represivas en Argentina.
El 18 de septiembre de 2003, la Corte IDH condenó al estado argentino –que a último momento trató de relativizar el alcance de su reconocimiento de responsabilidad- y le ordenó terminar con el sistema de detenciones arbitrarias (averiguación de antecedentes, contravenciones y faltas, razzias, procedimientos “de entrega del menor”, etc.).
Fue el turno, entonces, de los gobiernos kirchneristas, que se dedicaron a incumplir la sentencia internacional mientras, con su particular estilo, anunciaban a cada rato su “cumplimiento”. Cristina Fernández, de la mano de Aníbal Fernández, anunció la exoneración del comisario Espósito, que, agotado por los escraches, llevaba para entonces 12 años jubilado. Cada vez que la Corte intimó al estado a informar sobre los motivos de demora en el cumplimiento de las cuestiones de fondo de la condena, contestaron con rodeos y eufemismos, y hasta mandaron al secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, a presentarse como querellante en la causa interna. Mientras tanto, ampliaron todas las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, incorporaron otras fuerzas, como gendarmería y prefectura, al control territorial y batieron todos los records en materia represiva.
Hoy, agotadas las excusas, llega el juicio, que empezará el 24 de septiembre a las 10:00, ante el TOC nº 29.
Ya lo dijimos cuando, en 2011, se había fijado otra fecha. Este juicio, el intento definitivo de consolidar la impunidad, además de llegar tarde, llega mal.
El comisario Miguel Ángel Espósito será el único acusado. Bien acusado está, pero habrá demasiadas sillas vacías. Espósito, como los comisarios que dirigieron la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, como el comandante Chiappe que dirigió el operativo en el Puente de Corrientes, como cada policía que aprieta el gatillo contra un pibe pobre o un militante, o como cada guardiacárcel que tortura un preso, es sólo el ejecutor. Ninguno de sus mandantes enfrentará una acusación.
Tampoco se lo juzgará por la muerte de Walter, ni por las torturas a los restantes 73 detenidos. El objeto del juicio será, exclusivamente, la detención ilegal. Que no es poco, pero no alcanza. Nunca alcanza la justicia del mismo sistema que reprime por necesidad fundante de la clase que domina.
Vamos a estar en ese juicio, aunque la máxima pena que legalmente podremos requerir sea de 6 años de prisión; aunque sea la mejor prueba de cómo el sistema se defiende al costo de entregar un peón, que hoy, tan viejo y enfermo que habrá una unidad coronaria permanente por si colapsa, ya no le sirve para nada.
Vamos a estar ahí, y esperamos que muchos nos acompañen, pero no porque necesitemos una sentencia que será tan incompleta e inútil como el juicio mismo.
Vamos a estar porque la lucha no se apaga. Crece y crece, con cada pibe que, en un recital, una marcha o una cancha de fútbol, canta “Yo sabía…”, con cada familia que no se resigna a que la policía haya fusilado a su hijo y se suma a la militancia antirrepresiva, con la convicción profunda y constante de que la única respuesta posible, frente a la represión, es la organización independiente y la lucha consecuente.