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viernes, 1 de agosto de 2014

Acusan a Berni de infiltrar agentes encubiertos en protestas laborales

La abogada del CeProDH, Myriam Bregman, denunció que el miércoles pasado un civil enviado por Gendarmería se introdujo en una protesta de los obreros de Lear y participó de la detención ilegal de un manifestante. "Berni planta infiltrados", aseguró la también denunciante del Proyecto X
(Iprofesional)
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Una nueva denuncia de organismos de derechos humanos cuestionó el rol de la Gendarmería en las protestas laborales y volvió a colocar en el centro de la polémica al secretario de Seguridad Sergio Berni.
La abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Myriam Bregman, acusó este viernes a la fuerza al mando Berni de infiltrar manifestaciones con agentes encubiertos para generar provocaciones y detener manifestantes.
En un comuniado, Bregman precisó que el miércoles pasado un civil enviado por Gendarmería se introdujo en una protesta realizada en las puertas de la fábrica Lear y participó de la detención ilegal de un manifestante luego de que un gendarme, simulara ser atropellado por la "caravana solidaria" de autos que acompañaban el reclamo de los operarios de la autopartista.
"Durante la manifestación, este infiltrado, una persona canosa de civil, se paseaba como uno más entre los trabajadores, luego daba instrucciones y señalaba a los efectivos de la Gendarmería indicando a qué manifestantes se tenía que detener y hasta intentaba tapar el registro de los hechos a los medios de comunicación presentes", denunció la letrada.
Las tareas de inteligencia no habrían terminado allí. Bregman explicó que, luego de participar en la detención del automovilista sobre cuyo vehículo se arrojó el comandante de la Gendarmería Nacional Juan Alberto López Torales, el agente encubierto procuró volver a infiltrase entre los trabajadores y allí fue descubierto.
Una vez reconocido por los manifestantes, el acusado intentó robar la cámara de uno de los fotógrafos que lo identificó y, luego de forcejear por la cámara, fue rescatado por sus compañeros gendarmes, señaló la abogada.
"Berni también planta infiltrados entre los manifestantes, vestidos de civil y sin identificación. Todos estos hechos vamos a denunciarlos en la justicia penal, demostrando el accionar ilegal de la Gendarmería nacional, que no solo filma a los trabajadores, sino que simula incidentes para detener manifestantes e infiltra agentes de civil entre los trabajadores. Tenemos todas las pruebas y las llevaremos a la justicia", dijo Bregman.
Y añadió que, "el 'Proyecto X' sigue en pie, no se ha desmantelado y se sigue utilizando para criminalizar la protesta social".
De gendarmes y espías
En 2012, durante la gestión de Nilda Garré en Seguridad, el CeProDH denunció la existencia de dicho proyecto como un sistema de espionaje creado por Gendarmería a partir de una base de datos de militantes sociales. Según las denuncias, para conseguir esa información efectivos de esa fuerza realizaban tareas de espionaje vestidos de civil en manifestaciones.
A raíz de las repercusiones que provocó la denuncia, el en ese entonces titular de la Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció ante la Justicia que existía una base de datos sobre dirigentes sociales, pero el Gobierno rechazó que se tratara de un dispositivo de inteligencia interior.
En este marco, diputados de diferentes bloques solicitaron en febrero del 2012 interpelar a Garré por la investigación judicial sobre presuntas tareas de espionaje de la gendarmería, con infiltraciones en manifestaciones y seguimientos de dirigentes.
El proyecto de resolución pedía saber cuándo fue creado el Proyecto X, qué unidades y/o organismos de esa fuerza están afectados y quién decidió darle carácter secreto.
"En el marco de este programa, se sabe que la Gendarmería se infiltró entre los manifestantes en la "causa Kraft", en la que 40 trabajadores fueron procesados en el fuero penal. El Estado de Derecho presupone utilizar herramientas lícitas sean cuales sean las circunstancias", señalaba la iniciativa legislativa.
En dicha denuncia, los legisladores se ampararon en la ley 25.520, según la cual, "ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley".