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jueves, 27 de marzo de 2014

Ante el fallo judicial contra docentes bonaerenses

Un hecho grave que afecta a todos los trabajadores
TALLER DE ESTUDIOS LABORALES
El día de ayer un juez bonaerense, a solicitud del ombudsman provincial, ordenó a los docentes que levanten la huelga que vienen sosteniendo valientemente contra todos los factores del poder desde hace 13 días en defensa de su salario y una educación pública de calidad.

Esta resolución es manifiestamente ilegal y violatoria de expresas normas constitucionales y tratados internacionales sobre derechos laborales y humanos fundamentales que integran nuestro ordenamiento jurídico.

En principio el tema no es competencia de un juez contencioso administrativo, ya que se trata del ejercicio de derecho de huelga y la competencia corresponde a la justicia laboral. Estamos por eso frente una doble ilegalidad: un juez incompetente y una violación abierta y evidente de la ley y la constitución.

Por otro lado resulta absurdo y un verdadero disparate jurídico que se ordene proseguir la negociación paritaria a la vez se prohíbe continuar ejerciendo el derecho de huelga, cuando tal prohibición significa de por sí la anulación de la paritaria al privar a los docentes de herramientas efectivas para alcanzar sus reclamos en el marco de la misma. La resolución está redactada con astucia ya que dice reconocer los derechos de los docentes y valoriza la labor que realizan, exhortando al gobierno de la provincia a darles una respuesta adecuada… sin embargo todo eso es solo una declaración de principios, lindas palabras inútiles, porque en la parte resolutiva lo único en concreto que ordena es el levantamiento de la huelga. Con eso demuestran qué es lo que realmente les preocupa e interesa.

El juez sostiene en su fallo que el derecho a la educación de los niños debe prevalecer sobre el de derecho de huelga de los docentes. Este razonamiento no se encuentra en ninguna norma constitucional ni en ley alguna, ni en ningún tratado internacional aplicable, y omite decir que por ley es el gobierno de la provincia el que debe garantizar el derecho a la educación de los niños, y no los docentes. El argumento es tramposo, porque da por supuesto que la única solución para garantizar con urgencia el derecho a la educación pasa porque los docentes sacrifiquen su reclamo y sus derechos y no porque el gobierno provincial adopte, por ejemplo, medidas de urgencia para elevar el presupuesto educativo. Son los docentes con su reclamo por remuneraciones adecuadas, respeto y jerarquización profesional, quienes están verdaderamente defendiendo el derecho de los niños a una educación de calidad el resto del año, más allá de los pocos días que falten por este conflicto.

Cabe señalar además que el juez decidió ignorar que el conflicto se desató en el peor momento porque el gobierno se negó a convocar la paritaria que los gremios docentes venían solicitando desde noviembre de 2013, y recién lo hizo 15 horas antes del comienzo de clases como una estrategia contra los docentes para hacerlos aparecer como los responsables del no comienzo de las mismas.

El Juez reconoce que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires jamás se formó la Comisión de Garantías que establece la OIT, la ley 25.877 a nivel nacional, y el art. 39 inc. 4 de la Constitución provincial, como único organismo mediador que podría eventualmente restringir (NO suprimir) el derecho de huelga de los docentes. Esto significa que reconoce que es por responsabilidad del gobierno provincial que no existe aún esa Comisión de Garantías, ya que jamás instrumentó la norma constitucional. Lo que no explica el Juez es por qué razón entonces él se toma la atribución de reemplazar dicha comisión, avanzando sobre derechos fundamentales de los trabajadores.

Comprobamos por otro lado que el pedido del Ombudsman (que existe para defender al pueblo frente al gobierno) fue presentado fuera de hora en el juzgado, sin sorteo alguno; que el juez recibió y decidió la medida cautelar con carácter de urgencia para después recién ordenar el pase a recepción general de expedientes para que sorteen juzgado; es decir, queda en evidencia que se trata de una maniobra por la cual primero se arregló extrajudicialmente con el juez y luego se le mandó el pedido. Esto es una barbaridad que lamentablemente se ha vuelto común en los últimos años. Ya la Corte Suprema de la Nación se ha quejado de lo que está ocurriendo, planteando la escasa seriedad de algunos jueces que aceptan estos procedimientos irregulares.

Las consecuencias de este fallo son difíciles de prever. Obviamente se busca confundir y asustar a los docentes para que vuelvan a trabajar. Estamos frente a un fallo judicial arbitrario e ilegal dictado por un juez incompetente que le ordena a sindicatos con personería gremial que no ejerzan el derecho de huelga durante la negociación paritaria, lo que constituye un verdadero disparate jurídico. Por eso entendemos que afecta al conjunto de los trabajadores del país. Se está sentando un precedente arbitrario e ilegal cuando recién comienzan las negociones paritarias a nivel general y al principio de un año que se anticipa de alta conflictividad laboral. El conjunto de los trabajadores, sus organizaciones sindicales y las centrales que las agrupan, no pueden permanecer indiferentes frente a un hecho que cuestiona gravemente sus derechos y el papel de la Justicia. ¿Hasta cuándo las centrales van a permanecer pasivas ante un conflicto que puede ser un caso testigo para todas las paritarias y conflictos que se avecinan?. Todos los períodos de retroceso en las condiciones de trabajo y de pérdidas de conquistas laborales estuvieron precedidos por la derrota ejemplar de un conflicto importante. ¿Será este el caso de los docentes bonaerenses? ¿Vamos a dejar que se los aplaste como si eso no nos afectara a todos? Está en juego la educación de nuestros hijos, está en juego la educación pública, pero también están en juego los derechos y conquistas del conjunto de los trabajadores argentinos. Que justo en este día no nos falle la memoria.