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jueves, 14 de julio de 2011

Denuncian al Secretario Gral. de la UOCRA como personal civil de inteligencia durante la dictadura

(Red Eco)

Organismos de Derechos Humanos, organizaciones de trabajadores y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC) realizaron una presentación judicial para denunciar que el dirigente sindical Gerardo Martínez cumplió funciones de inteligencia en el Batallón 601 durante la última dictadura genocida.


Contactos de prensa: SITRAIC 4245-0548 / AEDD 15-5337-2868 / LADH 15-4156-7877
En la conferencia de prensa que brindaron las organizaciones querellantes, este martes 12 de julio en horas del mediodía, se acentuó que el organismo al que pertenecía Gerardo Alberto Martínez, el Batallón Nº 601, fue definido judicialmente como “asociación ilícita en el marco del conjunto del plan criminal genocida implementado por el estado argentino durante la última dictadura militar, lo que constituye, por sí mismo, un delito suficiente como para que se dicte la inmediata detención y declaración indagatoria del imputado”.


La presentación judicial se realizó en los Tribunales de Comodoro Py 2002. Con el patrocinio de los doctores María del Carmen Verdú, Ismael Jalil y Lucas Balbiano, de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), Luis Bonomi de CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), y Martín Alderete de CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo). Como denunciantes se presentaron las organizaciones: Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC); Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), Liberpueblo; Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA); Movimiento Territorial Liberación; Central de Trabajadores de la Argentina (CTA); Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA); Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad; Colectivo Popular por los Derechos Humanos del Movimiento Popular La Dignidad.

En el escrito se denunció que Gerardo Alberto Martínez, DNI 11.934.882, actual Secretario General de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción ) y Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, figura en el listado del Personal Civil de Inteligencia del Batallón de Inteligencia 601 en el período 1976/1983.

El batallón 601 realizaba tareas de inteligencia sobre diversas organizaciones populares y, por debajo de su estructura, existía la llamada Central de Reunión, que tenía a cargo “Grupos de Tareas” periféricos. La información que recolectaban se transmitía a la Central y posteriormente al Batallón, desde donde se organizaban y se implementaban los operativos, comandados por la dependencia de cada zona y se sometía a las personas secuestradas a torturas durante los “interrogatorios”.

Bajo la dictadura -y también desde tiempos previos- el Batallón 601 se especializaba en hacer inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas “subversivas”, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos y ocultamiento o destrucción de sus cuerpos.

Diversos centros clandestinos de detención estaban directamente bajo su autoridad, el principal de ellos en Campo de Mayo, donde se estima que se hicieron desaparecer no menos de 3.000 personas.

En el sitio de Internet del Archivo Nacional de la Memoria, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, se encuentra el listado titulado “Nómina del Personal Civil de Inteligencia que Revistó en el Período 1976/1983”, que el General de Brigada César Gerardo Milani, Director General de Inteligencia-EMGE, envió a la entonces Ministra de Defensa Nilda Garré el 5 de febrero de 2010.

En este listado a foja 52, con el nº de orden 2.798, se encuentra el nombre de Martínez, Gerardo Alberto, DNI 11.934.882.

Las partes adjuntaron documentación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, obtenida de la página web de la Fundación UOCRA, donde Martínez figura como Presidente, con su número de documento, coincidente con los datos denunciados.

Asimismo se solicitó se determine hasta qué fecha se desempeñó en dicho organismo de inteligencia, qué tareas le fueron encomendadas por sus superiores en la estructura represiva; y estando acreditada la desaparición forzada, conforme el listado de la CONADEP, de 105 trabajadores de la construcción, se determine el rol jugado por el agente civil de inteligencia Gerardo Alberto Martínez en cada uno de esos hechos.

Las organizaciones denunciantes además citan antecedentes inmediatos de esta investigación a tener en cuenta:

1) En la provincia de Santa Fe se condenó recientemente a 15 años de prisión, por su participación en el secuestro y torturas de José Alberto Tur, dirigente de CTERA y su esposa Amelia Ricotti, a Horacio Américo Barcos. Barcos fue designado, en 1996, por Gerardo Martínez, Interventor de la Seccional Tres Arroyos de la UOCRA, luego de haber estado aproximadamente 20 años en la UOCRA de la Provincia de Santa Fe. Barcos figura como Personal Civil de Inteligencia (PCI) perteneciente al Batallón de Inteligencia Militar 122 desde el 1 de enero de 1976 hasta el 1º de mayo de 1997, desde donde se infiltró en la UOCRA Santa Fe.

Del mismo modo fue probada la pertenencia al aparato de inteligencia de Eduardo Juan Daffunchio, abogado de la UOCRA Santa Fe por lo menos hasta 2009, quien figura como Personal Civil de Inteligencia (PCI) perteneciente al Batallón de Inteligencia Militar 122. Cabe aclarar que el Batallón de Inteligencia 122 era el homónimo del Batallón de Inteligencia 601 en la Provincia de Santa Fe, y tenía relación orgánica con éste dentro de la estructura represiva de inteligencia.

2) La constante intervención del aparato sindical dirigido por Gerardo Martínez en la ejecución de hechos represivos al servicio del actual gobierno, lo que comprueba la continuidad de su accionar como agente paraoficial del aparato represivo estatal.

Los grupos de choque de la UOCRA, han actuado en los años recientes en materia de “tercerización de la represión”, continuando así, en el tiempo, la tarea iniciada como parte del aparato represivo de la dictadura. Sólo como muestra recordamos algunos hechos de los últimos años:

- En septiembre de 2005, grupos de choque callejeros de la UOCRA llegaron a Esquel, para amenazar a los integrantes de la Asamblea Vecinal que sostenía el No a la Mina; patoteros de la UOCRA fueron los que en mayo de 2004 atacaron a los manifestantes antigubernamentales en San Luis, y también los que, en abril de 2006, atacaron a los docentes neuquinos que bloqueaban el acceso a la destilería de Repsol-YPF en Plaza Huincul. Los sindicalistas oficiales sacaron por la fuerza, a pedradas y empujones, a los docentes movilizados. Hubo cuatro docentes heridos.

- El 28 de octubre de 2010, una patota de la UOCRA de Santa Cruz atacó a militantes que se manifestaban en las puertas del sindicato de Comercio de Río Gallegos. Actuando con completa impunidad, identificada con sus colores y banderas, la fuerza de choque ocasionó graves lesiones a dos militantes del Partido Obrero, Luis Díaz y Jonathan Amerio, que debieron ser atendidos en el Hospital local.

- El 15/11/2010, en San Pedro, Pcia. de Buenos Aires, la patota de la UOCRA impidió, a los tiros, la sesión del Concejo Deliberante.

- El martes 12 de abril de 2011, en la provincia de Santa Cruz, trabajadores de la salud nucleados en ATE y docentes afiliados a ADOSAC, llevaban adelante una jornada de movilización por mejoras salariales, cuando un grupo de matones de la UOCRA los atacó, con el saldo de 17 heridos.

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