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jueves, 8 de marzo de 2012

AUDIENCIA POR LA CAUSA QOM ANTE LA CORTE SUPREMA


Hay una propuesta concreta para solucionar esto?
(Agencia Walsh)
(AW) A poco más de un año de que la causa por el territorio de la Comunidad Qom Potae Napocná Navogoh (La Primavera) de Formosa, fuera elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tras un fallo de la Cámara de Resistencia que la consideró "de manifiesto contenido Federal", se concretó ayer la audiencia pública en el Palacio de Tribunales en la Capital Federal. El Gobernador formoseño Gildo Insfrán estuvo ausente. La pregunta a la que refiere el titulo, no pudo ser contestada por el Ministro de Gobierno Jorge Abel González, ni por la fiscal de Estado provincial, Stella Maris Zabala de Copes. En los últimos dos años casi todos los órganos de Naciones Unidas con competencia en materia indígena le han llamado la atención al Estado argentino.


felix
Por Amalia Colombo.


En estos días el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti dijo que "los poderosos no necesitan protección", además de que "el derecho es para los débiles". En consonancia con tales dichos, la Comunidad Qom Potae Napocná Navogoh (La Primavera) fue llamada a comparecer ante el Máximo Tribunal, junto al Gobierno de Formosa, la Universidad Nacional de Formosa, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) debido a "la gravedad de los hechos de violencia producidos con motivo del conflicto generado por los trabajos de desmonte y demarcación iniciados por el gobierno provincial", por lo que es necesaria la "adopción de medidas conducentes a la superación del estado de cosas referido".


Reseña


Primero repasemos el caso, la Comunidad Qom reclamó durante cuatro meses en 2010 cortando la ruta Nacional 86 en Formosa, para que las 609 hectáreas de su territorio ancestral, usurpadas por el Gobierno provincial de Gildo Insfrán, la familia latifundista de Alberto Celia, el Parque Nacional Río Pilcomayo y la Universidad Nacional de Formosa, les fueran restituidas. 


El 23 de noviembre del año 2010 la represión policial le puso fin a la vida de Roberto López de 62 años, a sus casas y a sus DNI mediante el fuego. Al día siguiente, Mario López, también Qom quien organizaba un viaje al lugar del conflicto junto a otros indígenas para repudiar los hechos de violencia, murió al ser atropellado por un automóvil en la localidad formoseña de Estanislao del Campo. 


La comunidad denunció que se trató de un homicidio cometido por un policía que investigaba a los manifestantes aborígenes en medio de una tarea de inteligencia. Se autoinflingieron dos huelgas de hambre. Acamparon en Avenida de Mayo entre 9 de Julio y Lima en la Capital Federal durante casi cinco meses en busca de soluciones, hasta que fueron regresados precipitadamente y bajo presiones a Formosa. No obstante lograron una mesa de diálogo, pero que se encuentra paralizada desde mediados de 2011. 


Primera intervención


En primer lugar tomó la palabra Silvina Zimerman representando al CELS, parte garante en la Mesa de diálogo. Relató con detalle desde el inicio del conflicto hasta la actualidad donde no hay ni un avance en materia del territorio. "Para cumplir con el artículo 21 de la Convención Americana, los Estados deben":


•"Delimitar y titular las tierras indígenas, esto es identificar el territorio que necesita cada comunidad para poder desarrollarse y sobrevivir como un pueblo organizado con una cultura diferente y entregarles un título de propiedad".
• "Además debe restituir las tierras cuando se encuentren en manos de terceros; adoptar medidas para garantizar que los pueblos indígenas puedan gozar de los recursos naturales que se encuentran en esas tierras y entregarles personería jurídica, como garantía específica para que puedan ejercer los derechos territoriales".


Recordó Zimerman, que desde la sanción de la ley 26.160, por la cual el Estado Nacional se comprometió a realizar un relevamiento de las tierras tradicionales indígenas, han transcurrido seis años y el relevamiento en el caso de La Primavera no ha sido realizado.


En 2007 el gobierno de la provincia decide recuperar parte de las tierras ocupadas por los Celia, pero en lugar de devolverlas a la Comunidad, las cede para la construcción de un instituto universitario. 


El Estado nacional no hizo nada para resolver el problema de que en el titulo que tiene la Comunidad hay tierras que les pertenecen que quedaron dentro del Parque Nacional Rio Pilcomayo. Esto último les crea serias dificultades a los Qom para acceder y controlar los recursos naturales que se encuentran en dicho parque. Lo cual se agrava a un más ya que en tierras indígenas hay terceros que desarrollan actividad ganadera. Dicho ganado destruye y perjudica las plantaciones y los recursos que necesita la Comunidad.


La Comunidad está inscripta en la provincia como una Asociación Civil, la cual no es una figura capaz de regular y contener las formas de vida y organización de las comunidades indígenas. 
Félix Díaz el Qarashe (referente) Qom elegido como tal en asamblea indígena y a pedido de la Mesa de Dialogo por la tradicional forma del voto secreto y obligatorio, democráticamente el pasado 25 de Junio, y cuenta con la personería jurídica reconocida por el Estado nacional, no asi por Formosa.


Asimismo no es el referente elegido quien tiene la representación de esa Asociación Civil y por ende el título de propiedad, sino Cristino Sanabria quien quedó casi por el doble de cantidad de votos por debajo de Díaz en aquella elección, y durante la Mesa de diálogo se ocupó de deslegitimar y cuestionar el reclamo de la Comunidad. 


Las consecuencias de no cumplir


La falta de implementación del derecho a la tierra y al territorio trae como consecuencia que la Comunidad no puede desarrollarse conforme a sus pautas culturales, por lo tanto según el nuevo paradigma de la diversidad cultural que tiene hoy rango constitucional (ley 26.160 la cual declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país) y está reconocido en el ámbito internacional (el convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 169, el cual busca el reconocimiento de los Derechos Humanos de las Comunidades como deber del Estado para garantizarlos, incluirlas en la legislación, las políticas públicas, consultarlas cuando se vean afectadas, y respetar su integridad) y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Originarios, proclamado por las Naciones Unidas (ONU). 


Con anterioridad a la represión de noviembre de 2010, se registraron 15 hechos de violencia hacia la Comunidad de los cuales 14 fueron archivados. El único caso que se investigó pese a que se llegó a identificar al imputado de amenazas de muerte contra Díaz, no fue llamado a prestar declaración indagatoria. 
Desde hace seis meses aun con las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino ante la evidencia del peligro hacia la Comunidad, se denunciaron, según Zimerman 10 nuevos hechos de violencia. 


"En los últimos dos años prácticamente todos los órganos de Naciones Unidas que tienen competencia en materia indígena le han llamado la atención al Estado argentino: tres comités de Naciones Unidas, la Relatora sobre el derecho a una vivienda adecuada, el Relator sobre Pueblos Indígenas, para que revierta un patrón por el cual muchas comunidades en Argentina no tienen su título de propiedad, tienen obstáculos para acceder libremente a sus recursos naturales, a la vez que son desalojadas de sus tierras, criminalizadas judicialmente, y sufren graves hechos de violencia junto con discriminación", puntualizó Zimerman. 


Por qué no vale el titulo del que habla Formosa 


A Formosa le gusta referirse a la firma que Félix Díaz puso sobre un papel, para decir que el cedió una parte de las tierras en un título de propiedad. Esa firma existió, lo que no existió fue la libertad de Díaz para decidir si firmar, irse o lo que sea, ya que estaba detenido en una comisaría de su provincia por "usurpación", presionado para que firme y así quedaría en libertad, de lo contrario permanecería allí, y esos métodos en un Estado que se dice de derecho no pueden ser tomados en serio. 


Nada más alejado de la realidad formoseña


La Fiscal de Estado provincial, Stella Maris Zabala de Copes -quien previamente había hablado maravillas de la administración Insfrán, alegando que el "conflicto" se debe a un sector de la Comunidad, le cedió la palabra un funcionario del Instituto de Colonización, que dijo que cuando la provincia le compró las 609 hectáreas a los Celia, (que supuestamente están ahí de común acuerdo con la comunidad y con toda la legalidad del mundo) la provincia no consideró en dárselas a los Qom. "Esta zona tiene las mejores tierras de la provincia", sumó también para justificar que el Instituto Universitario se instale allí. Indicó además que en 2008 no había "ni un aborigen viviendo en esas 649 hectáreas", lo que, dado su poco conocimiento de las comunidades, les dio luz verde para avanzar. Si las conocieran sabrían que las necesitan por un tema de identidad, de relación con esa tierra, de cultura y hasta de religión.


El abogado Julián Horacio Langevin, representante de la Comunidad, se quedó un tiempo con ellos, y pudo ver realmente cómo viven y logró entender todo lo que representa la tierra, el monte: "La Comunidad cree que si le quitan la laguna y el monte se acaban sus vidas" 


González, jaque mate.


En un momento el presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, puso en jaque al Ministro González con lo siguiente: "Si hay una mesa de diálogo ¿hay una propuesta concreta para solucionar esto y en qué consiste?". 
"La provincia ha entendido que siempre ha cumplido sus obligaciones respecto de...", intentó decir González, pero Lorenzetti le dijo que las defensas de la provincia ya la tenía y le reiteró la pregunta inicial. 


González otra vez no pudo al ver que lo sacaron sorpresivamente del esquema al que se había sujeto para dar su explicación: "Estos distintos aspectos que están siendo planteados por ejemplo actualmente en la cuestión de agua potable..." 
A lo que el presidente lo vuelve a interrumpir: "¿Usted entiende sino lo repasamos de nuevo?, ¿hay alguna propuesta para solucionarlo? Para evitar otro argumento de González, intentó responder la fiscal - pero no pudo: "Hay un relevamiento de las 5186 hectáreas a ver si hay instrucción en perjuicio de las comunidades... que se verifique si hay incumplimiento de la ley ... vulnerando la Constitución provincial..."
Lorenzetti pregunta y le vale una ovación: "¿No hay posibilidad de instalarlo (el Instituto Universitario) en otro lado? Nadie responde. 


González vuelve a hablar para negar la represión y las actitudes intimidatorias de la policía hacia la Comunidad: "Es una falsedad total", esgrimió. 


Universidad / INAI


Por su parte, Martín René Romano (rector de la Universidad Nacional de Formosa) dijo que "no tenemos pretensiones bajo ningún punto de vista de tener posesión de la tierra de los hermanos originarios" y destacó además que la Universidad no tiene injerencia en cuanto a la decisión de este territorio si o no, "a nosotros nos ofrecen (la provincia) y aceptamos porque es nuestra obligación llevar el conocimiento". 


Daniel Ricardo Fernández, presidente del INAI, expresó que la Comunidad posee tierras en manera desigual, "fijémonos 5187 hectáreas para 460 familias". Lo que no le molesta es que los Celia terminan quedándose con 1400 hectáreas aun. 


Fernández expuso su colección personal de incapacidades, ya que como mínimo debe tratar de entender a la gente que dice representar. La mirada de Fernández, es totalmente occidental, y no contempla la forma de vida indígena que necesitan territorio extenso, porque tienen sus épocas para cazar, para pescar, a la vez que recolectan de un sector al cual no lo súper explotan, sino que toman lo necesario dejan que se reponga, van a otro, y así sucesivamente. 


También dijo que Formosa creyó que el tema de la propiedad comunitaria ya estaba solucionado debido a la Constitución provincial y la ley provincial, que "no hacía falta la aplicación de la ley 26.160 "y que el INAI y provincia no pudieron acordar para llevar adelante el relevamiento pendiente. 


Félix Díaz solo contó con cinco minutos para exponer su posición: "Somos las víctimas de este Estado que no deja de sacar leyes para justificar el despojo que nos hacen durante años y años, generando más sufrimiento". Agregó también "hace años que estamos siendo silenciados, pero nunca me acallaré por el mandato de mi Comunidad que me ha elegido como representante natural de ese pueblo tan sufrido".


Finalmente habló Cristino Sanabria, Qom del sector proclive a Insfrán, quien acusó a Díaz de "sembrar el mal en la comunidad" y dijo que temen "por las personas extrañas que andan por el territorio". Sabrá el que los "extraños" son personas inclaudicables en la lucha por la restitución del territorio, como Organismos de Derechos Humanos, periodistas que acompañan la causa indígena, antropólogos, personas que pelean por lo que les corresponde.