por Andrés Figueroa Cornejo
1. La primera semana de noviembre de 2014 fue designado por la presidenta Bachelet el nuevo Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), Jorge Robles Mella. Durante el cambio de mando fue consultado por la prensa respecto de los casos de crímenes políticos cometidos por la tiranía donde están implicados miembros de su rama castrense. El Comandante Robles se limitó a responder fuerte y claro que “El tema de los Derechos Humanos es un capítulo cerrado”. Y como es tradición de los gobiernos civiles luego de un cuarto de siglo administrando uno de los capitalismos económicamente más liberales del planeta y culturalmente, más conservadores, ninguna autoridad gubernamental o de la jerarquía religiosa dijo nada sobre las aseveraciones políticas del nuevo señor del aire. Un par de voces de lo que resta de las agrupaciones de DDHH y cuyos funcionarios/as son dirigentes del conglomerado gubernativo, emplazaron al militar. Y caso cerrado.
Lo cierto es que debido a que los dueños de todo no están dispuestos a ceder nada (¿por qué habrían de hacerlo si aún nadie golpea con fuerza sus palacios blindados?), los últimos meses, al menos en un Santiago que concentra a un 40% de la población del país, se han vuelto corrientes los avisos de bombas en lugares públicos. Afortunadamente, un ínfimo porcentaje de ellos han resultado verdaderos. Sin embargo, justifican la puesta en escena de operativos policiales tipo CSI-Santiago, que generan cierto clima de conveniente temor entre la gente, por un lado, y normalización de procedimientos policiales, por otro. Asimismo, las pocas oportunidades en que las bombas han estallado, han costado la vida de inocentes.
¿A quién le interesa la muerte de inocentes y sencillos con objetivos políticos? ¿A quién le interesa agredir físicamente y a la manera de la mafia y los sicarios al secretario general del Partido Comunista, como si el secretario general del Partido Comunista fuera un obstáculo para la revolución socialista o un enemigo clave para la burguesía? ¿A quién le interesa asesinar mapuche, apresar y torturar a los/as jóvenes empobrecidos que luchan por la justicia social, reprimir a las comunidades movilizadas contra la violencia del extractivismo y la apropiación empresarial del agua potable, y a los trabajadores en huelga?
A la juventud popular y rebelde, no. A los intelectuales orgánicos de los oprimidos/as, no. A los anarquistas, anarco-comunistas, anarco-sindicalistas, anarco-insurreccionalistas, a los libertarios parecidos a los de antes, a los que se hacen llamar libertarios por no encontrar mejor mote para nombrar a su indignación, a los nacional-libertarios, etc., no.
En Chile sólo ha existido terrorismo de Estado. Las leyes antiterroristas impuestas desde los gobiernos civiles son cláusula imperialista y represión precautoria (aniquilar al disenso antes de que crezca), manga ancha para sangrar a quienes levantan la cabeza siquiera sea para tomar aire.
Terrorismo es la cruzada bélica de última generación con fines geo-económicos de los EE.UU. y la OTAN en Medio Oriente, del sionismo en la Palestina ocupada, de Marruecos sobre el pueblo saharaui, del Estado islámico contra el pueblo kurdo, de los Estados hondureño, paraguayo, colombiano contra sus pueblos.
En consecuencia, el terrorismo tiene que ver con el fascismo.
2. Como la historia concreta no es un conjunto de anécdotas dispersas sino que la expresión leal de la densidad de la lucha de clases, de las relaciones de fuerza y de poder entre la minoría que ordena y la voluntad colectiva de la mayoría que puja por la realización de sus intereses en un momento dado, los dichos del Comandante de la FACH en materia de derechos humanos ilustran el estado del arte del conflicto social chileno, al menos en sus aspectos más gruesos e inmediatos.
Por ejemplo, en México –tan sobreexplotada su humanidad y tan saqueada su naturaleza por las corporaciones de los capitalismos centrales, como en Chile-, decenas de miles de personas atiborraron recientemente las calles de ciudades y pueblos, exigiendo la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto a causa del asesinato de los 43 normalistas y otros tantos militantes del Congreso Nacional Indígena y el EZLN. En México, la crisis de credibilidad del sistema político y sus partidos funcionales, en el sentido común de la población en acción adquiere las maneras del hartazgo ante el llamado corrupto narco-Estado y mal gobierno. Es decir, la protesta del pueblo que realizó la primera revolución social en América Latina, finalmente comienza a cobrar dimensiones no existentes antes para destruir el consenso o la denominada paz social que demanda el capital para su reproducción bajo control y poca incertidumbre. Mientras tanto, en el Chile-Estado-policial en general, y militarizado en particular en el territorio mapuche en lucha, la sociedad aún es presa del miedo y la alienación devenida esencialmente de la deuda y la alta rotación y volatibilidad del trabajo. Más allá de toda propaganda por arriba (dirigida en dos sentidos: tanto como tracción de la inversión extractivista minera, energética y forestal, como para intentar mantener la mansedumbre de la comunidad, como si la gente debiera ser cómplice de un crimen que nunca cometió), de acuerdo a la encuesta Adimark de octubre de 2014, sólo un 17% de la población confía en la televisión. Ello significa que la inmensa mayoría sabe que los discursos tranquilizadores y el mensaje unívoco repetido una y otra vez por el poder y sus medios monopolizados (incluso más que en los tiempos en que la dictadura del capital tuvo la forma de tiranía militar), no se corresponden con la realidad.
He aquí entonces, uno de los principales desafíos de las fuerzas destacadas a transformar las presentes relaciones sociales, de producción, de propiedad: cómo colaborar eficientemente con la politización de la desconfianza popular sobre un sistema político que aparentemente contiene su alternancia, toda vez de que se trata de un único proyecto de sociedad en curso desde hace más de 40 años. Y cuando se escribe “colaborar”, se quiere decir cómo hacerlo desde dentro del propio pueblo despierto y hoy repartido en distintos enfrentamientos anticapitalistas. No desde afuera, no como uno o muchos aparatos políticos o político-militares que portan la valentía, el conocimiento terminado, el horizonte traducido del proyecto liberador, como si fueran un padre, un diccionario ilustrado, o una oferta. La emancipación social no es una alternativa política, es la misión histórica de la humanidad, independientemente de las formas que adquiera.
3. Sólo para refrendar la crisis de representatividad y credibilidad popular del sistema político chileno con las propias metodologías de los concesionarios del Ejecutivo y el Legislativo, es suficiente observar los resultados de la misma encuesta Adimark. Según la consulta, la aprobación de la mandataria Michelle Bachelet, por cuarto mes consecutivo llegó a un 45% y su desaprobación aumentó hasta un 47% (lleva 8 meses en el cargo). El gobierno fue aprobado por un 42%. Apenas el 40% de los encuestados conoce a 14 de los 23 ministros de cartera. La Nueva Mayoría fue evaluada positivamente por un 33% y mal evaluada por un 55%, mientras que la oposición sistémica, la Alianza, fue aprobada por un 22% y desaprobada por un 66%. Las áreas peor calificadas correspondieron a salud, educación y vivienda, ejes programáticos de los inquilinos de La Moneda, junto a la llamada reforma tributaria (regresiva), el sistema único y privado de seguridad social (que no se toca, sino que termina por consagrarse, y que, de continuar tal como está, condena y condenará a más de un 80% de los trabajadores/as inactivos o jubilados/as a pensiones mínimas y de hambre); la reforma laboral (que bajo el argumento de la desaceleración económica, simplemente no se efectuó); y la reforma de la Constitución, que fue postergada para un futuro incierto ante las presiones empresariales y las escasas resistencias de quienes la prometieron en la última campaña electoral.
4. De alguna manera, y si un gobierno se reduce a un programa, puede afirmarse que antes de cumplir un año, ya terminó la segunda administración de Bachelet. No es una sorpresa, pero es preciso constatarlo a la hora de caracterizar rápidamente la contingencia.
5. Casi toda la última década, la movilización social de envergadura en Chile, además de la lucha mapuche (anterior a la invasión española y a la guerra declarada del Estado chileno) se ha centrado en el ámbito educacional. Pero toda sociedad dividida en clases sociales produce una educación de clase (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=107228). El sistema de enseñanza es parte de la totalidad opresiva del capital, productora de trabajadores/as calificados para los requerimientos del empresariado; sobreproductora de esos mismos trabajadores/as calificados con el fin de bajar todavía más el precio de su labor, y es industria irracional de la educación en tanto mercancía generadora de ganancia. Su propaganda está asociada al mito de la enseñanza como promesa de movilidad social, cuando en la realidad existe precarización y empobrecimiento de los profesionales y técnicos.
Aquí no se ingresará a la discusión falsa sobre “el lucro” o el “no lucro” de la educación (término moral que enmascara y explica las utilidades del negocio como fin en sí mismo, más aún en el capitalismo de vanguardia chileno). Aquí no se fundamentará el contenido aspiracional de la demanda, ni sus requerimientos provenientes de la OCDE, del Banco Mundial, del FMI y otras instituciones mundiales que establecen la gramática jurídica de la deuda sin fin y la mantención del actual orden de las cosas. Aquí únicamente se reproducirá el resultado de las investigaciones del Observatorio Chileno de Políticas educativas, http://www.opech.cl/, realizado junto a otras entidades reflexivas y críticas de la materia:
“Propuesta de Medidas Esenciales para una Nueva Educación Pública:
El debate educativo actual tiene varias aristas que complejizan su compresión por parte de la ciudadanía. Principalmente, presenciamos las maniobras del gobierno de la Nueva Mayoría que ha planteado modificaciones y anuncios desarticulados que sólo permiten hacer análisis parciales. Por otra parte, las medidas aisladas, aunque afirman fortalecer la educación pública, lo hacen desde una interpretación tan ambigua de “lo público”, que terminan fortaleciendo el supuesto “aporte público” de los establecimientos privados.
A nivel comunicacional, el gobierno ha concentrado su discurso en defensa de la libertad de elección, la libertad de enseñanza y un sistema de provisión mixta. Este argumento es ahistórico y conservador. En la práctica, consagra la extinción de la educación pública que se inició desde principios de los años 80 y que fue intensificada bajo los gobiernos de la Concertación. Si bien en
Chile siempre ha estado presente la educación privada, el sistema educativo previo a la instalación de la dictadura era preferente y mayoritariamente público.
Existe amplia evidencia que el sistema escolar está altamente segregado, que continúa el declive de la matrícula y de establecimientos de la educación municipalizada y, de forma paralela, se aumenta y fortalece la oferta privada. Además, se ha desdibujado un proyecto educativo público, inclusivo, integral y con pertinencia social en las escuelas municipales. En reemplazo se consolida uno competitivo, estandarizado y segregador, que invade incluso al sistema municipal. Es por esto que se torna relevante señalar que no hay una educación pública que defender, sino una educación pública que debemos reconstruir.
Existe una falta de perspectiva sobre dónde debiese apostar un proceso de reconstrucción de lo Público. El gobierno ha generado llamados a “participar” que son abstractos, improvisados, y desconocen la historia de organización y de generación de propuestas del movimiento social.
Nos encontramos frente a dos agendas. Una, de carácter formal, establecida principalmente por el Ministerio de Educación, pero también instalada por los centros de opinión pública, partidos políticos y, en general, por la elite religiosa y empresarial que se encuentra tanto dentro como fuera del espacio educativo y que a su vez hacen parte del gobierno. Por otro lado, los movimientos sociales han levantado otra agenda con criterios y propuestas para la construcción de una educación pública que sea pertinente para las mayorías.
Algunas Medidas Esenciales para una Nueva Educación Pública:
Desde la experiencia de los actores sociales movilizados, hemos recopilado una serie de propuestas esenciales para fortalecer la educación pública, pero no de cualquier tipo, sino aquella que sea pertinente para las comunidades, participativa, democrática e inclusiva y que derechamente confronte la hegemonía neoliberal.
1. Descentralizar y territorializar la nueva educación pública. Esto implica contar con la institucionalidad adecuada que permita implementar las políticas educativas a cada contexto, y cuente con las condiciones para dar respuesta rápida y oportuna a las necesidades educativas de cada localidad y, al mismo tiempo, facilite la participación activa de la comunidad educativa en las definiciones curriculares, de gestión y administración en cada establecimiento.
2. Refundar una educación pública participativa. Es necesario eliminar todas las trabas a la participación: en el caso de la educación básica y secundaria, se deben modificar los consejos escolares, para que se tornen resolutivos; para el caso de la educación terciaria, se deben derogar los decretos que inhiben la participación. En ambos casos, es primordial construir todas las condiciones para garantizar una participación efectiva. Es importante superar la idea de la participación formal y apostar a una participación sustantiva, democrática, verificable, con control comunitario. Para ello es fundamental construir condiciones para la participación, es decir, otorgar los espacios de deliberación, con la representatividad adecuada de todos los miembros de la comunidad educativa, financiamiento y tiempo adecuado, para generar espacios realmente resolutivos.
3. Generar una educación pública que sea de construcción colectiva y propuesta permanente, en contraposición a soluciones tecnocráticas desvinculadas de la realidad local. En este sentido, proponemos que debiera levantarse un debate amplio y constituyente de la educación, permanente y legitimado desde el plano local, que se pronuncie sobre temas como: el significado de la libertad de enseñanza, los alcances del derecho a la educación, y el proyecto educativo nacional, el rol del Estado, entre otros temas.
4. Construir un nuevo currículum para la Educación pública. Esto conlleva deliberación y reflexión con las grandes mayorías. Debe referirse a qué tipo de ser humano y qué tipo de convivencia se pretende en la escuela y en el conjunto de la sociedad. Un currículum fruto de este proceso de trabajo con las comunidades debe ser de carácter situado, pertinente, integral y en permanente revisión y discusión.
5. Construir un sistema nacional articulado en todos sus niveles, desde la educación parvularia hasta la educación superior. Esto va en contra de la idea de mercantilización y la fragmentación educacional, que permite un amplio, diverso, y complejo negocio educativo, en todas sus etapas y áreas de especialización. Además, un sistema educacional de estas características permite que las luchas y movilizaciones se hagan desde la unidad de los trabajadores y estudiantes y no solamente de manera gremial o aislada.
6. Desestandarizar la educación. Eliminar el SIMCE, porque es una medida de competencia en el mercado, y para el control gerencial de los colegios y los actores educativos. Es necesario cambiar el paradigma actual que se sostiene sobre la base de mecanismos de estandarización que instrumentalizan el conocimiento en función de valores e intereses neoliberales.
7. Desmercantilizar la educación. Eliminar la concepción de que la educación es un servicio y reposicionarla como un derecho social. De esta manera, se eliminará la competencia entre las escuelas por una lógica de colaboración. Entre otras medidas esto implica, eliminar las ATE, ya que el Estado debe construir un sistema de apoyo institucionalizado y permanente. Es necesario superar la lógica mercantil en todas las instituciones educativas, incluyendo las estatales en sus diversos niveles. Esto implica fiscalizar y finalmente eliminar los grandes negocios presentes hoy en la educación pública: editoriales, empresas de alimentación, constructoras, etc.
8. Generar una Educación inclusiva y no discriminadora. Esto se traduce, entre otras iniciativas, en que ningún establecimiento educacional pueda seleccionar, en base a su proyecto educativo, exigencias económicas u otras medidas segregadoras. La educación pública no puede permitir las escuelas segregadas por género; tampoco se puede permitir la discriminación de género tanto en las relaciones interpersonales como en el contenido o materias curriculares.
9. Eliminar los mecanismos secundarios de selección, como la organización de cursos en relación al rendimiento académico. A su vez y en un mediano plazo, cada escuela pública debiese garantizar las condiciones de infraestructura y equipo humano disponibles para los y las estudiantes con necesidades educativas especiales y proyectos que incorporen adecuadamente procesos de educación intercultural, que respeten las tradiciones, valores, diversidad, identidad, y cultura de cada pueblo, incluidos los inmigrantes.
10. Fortalecer la formación docente y mejorar las condiciones de trabajo. Algunas medidas son: disminuir las horas lectivas, elevar los salarios, establecer una carrera única de profesores de Estado. Es fundamental restituir la deuda histórica en su sentido amplio: además del justo e ineludible reparo económico, se deben abordar temas como la imagen social de los profesionales de la educación, una estructura de apoyo permanente a los docentes, particularmente en las problemáticas de salud laboral de los trabajadores de la educación.
Por otra parte, un buen camino que apunte a la unidad de los trabajadores de la educación es que el Colegio de Profesores deje de ser una organización meramente gremial, para convertirse en una unión sindical de trabajadores de la educación.
11. Cambiar el modelo de financiamiento de subvención a la demanda, por uno basal a colegios públicos, que cubra los costos reales y de acuerdo a las necesidades de cada comunidad educativa. Por ejemplo, los colegios rurales y de localidades aisladas, así como las escuelas urbano–populares en contextos complejos requieren más recursos que los actuales. De forma paralela se deben congelar los aportes del Estado a instituciones privadas y en caso de recibir financiamiento público, estas instituciones deben cumplir una serie de exigencias y ser susceptibles de ser fiscalizados por Contraloría en el uso de sus recursos, ya que éstos provienen del Estado. Hoy no puede haber el mismo trato entre la educación pública y la particular subvencionada: por ello, dentro de las medidas urgentes, es importante eliminar las donaciones empresariales con fines educacionales, ya que éstas fortalecen sólo a un grupo.
12. Creación de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Estatales. En este sentido, INACAP debiera volver al Estado, ya que le fue arrebatado a éste en la década de los 80 y entregado a grupos vinculados al gran empresariado, representados en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Asimismo, los 70 Liceos Técnico Profesionales traspasados según el Decreto 3166 a corporaciones empresariales en esos mismos años debieran volver a la Administración del Estado (MINEDUC). Se debe además, formar profesores especialistas para la Educación Media Técnico Profesional. Además, es necesaria también la articulación entre la enseñanza media técnico profesional y la formación técnica superior.
13. Incorporar, como parte de un nuevo sistema de educación pública, un financiamiento permanente a las iniciativas autogestionarias de educación popular, muy extendidas actualmente en el país. Estas alternativas son un hecho y contribuyen significativamente a la recomposición del tejido social. Si la Iglesia y el empresariado reciben dinero del Estado para educar, ¿por qué no las organizaciones populares?
Ninguna de estas propuestas, por sí sola, basta para que sea considerada como válida. Hemos sido testigos de la estrategia de la clase dirigente de extraer el título de alguna iniciativa, de forma aislada, pero además cambiando el contenido y propósito, para mostrarse a favor de las demandas de los movimientos educativos y sociales.
Por otra parte, es imprescindible que estas propuestas sean continuamente debatidas y deliberadas.
Ante las acciones de la Nueva Mayoría de englobar a las iniciativas legislativas como reformas, que se deciden en el aquí y ahora. La apuesta es a seguir trazando un horizonte en el que a la educación se le quite su carácter mercantil y se reconstruya una Educación Pública para las actuales necesidades de las mayorías.”
6. Tampoco es asunto nuevo que el sindicalismo en Chile se encuentra en bancarrota desde los primeros días del golpe de Estado de 1973. Lo interesante para comprender la actualidad es la información ofrecida por el Centre for Social Conflict and Cohesión Studies (COES) y su Boletín Nº 2 de huelgas laborales correspondiente al cuatrimestre de mayo-agosto de 2014. Allí se indica que en el período acotado, ha habido un 62.6% de huelgas legales y un 34.7% de huelgas ilegales. El Boletín afirma que “la huelga ilegal ha sido mucho más convocante en términos de masas trabajadoras involucradas que la huelga legal (tanto a nivel de sumatoria, como a nivel del promedio por cada acción huelguística)”, y que “la Región Metropolitana es la que concentra la mayor cantidad de eventos huelguísticos con un 54% del total, seguida por los tipos de huelgas multi-regionales con un 7.3% y las regiones de Valparaíso y Bio- Bío, ambas con un 6.6%”.
Asimismo, el informe dice que “las huelgas de este periodo se sitúan principalmente en las ramas de Industrias manufactureras y de Enseñanza (16.2% en ambos casos), en Transporte, almacenamiento y comunicaciones (15.5%); y en Comercio (14.8%). Ahora bien, al desagregar las huelgas por su condición de legalidad en cada rama de actividad económica, podemos apreciar una distinta composición entre ellas: las huelgas legales se concentraron principalmente en la Industrias manufactureras (26.1%), Comercio (20.5%) y Enseñanza (12.5%), mientras que las ilegales se produjeron en mayor medida en el Transporte, almacenamiento y comunicaciones (29.6%), Enseñanza (2.2%) y Servicios sociales y de salud (2.2%)”. Y añade que “la concentración de huelgas se ubica en la gran empresa por amplio margen, con un 79%; seguida por la mediana empresa, con el 14% de los casos. Este porcentaje decreciente de eventos huelguísticos según el tamaño de empresa se corrobora con la tesis recurrente dentro de los estudios sindicales, a saber, que el sindicalismo chileno se concentra mayoritariamente en la gran empresa”.
Sobre las tácticas de lucha de los trabajadores/as, el estudio expresa que “hay una primacía de la marcha con un 23% del total de tácticas, seguida de los cortes de ruta (15%) y de las manifestaciones o movilizaciones (1%) en lugares específicos. Es importante destacar que la cantidad de tácticas presenta bastante variedad: se registraron 18 tipos en total; cuestión donde hay presencia de tácticas bastante convencionales (tácticas judiciales, conferencias de prensa, asambleas, huelga de brazos caídos), otras más artísticas (coros, cánticos, etc.), otras más disruptivas (cortes de ruta, piquetes externos), hasta algunas incluso autodestructivas (huelgas de hambre)”. Respecto de los “Aliados del sindicalismo, del total de huelgas registradas en el cuatrimestre, tan solo en un 12.9% se expresó la presencia de un grupo que apoyaba la huelga, vale decir, el sindicalismo se encuentra generalmente aislado a la hora de presentar esta forma de conflictividad. Aún más, un 31.6% de las huelgas que recibieron apoyo fue de parte de trabajadores no vinculados directamente con el paro. En más de la mitad de los casos los aliados fueron estudiantes y sólo un 10,5% fueron autoridades públicas (diputados, por ejemplo)”.
Finalmente, el Boletín concluye que existe “un fenómeno estructural del desigual poder entre los factores de capital y trabajo en las relaciones laborales, en el momento en que dicha normalidad sociolaboral se torna un conflicto abierto y, en específico, con una paralización deliberada de la producción por parte de una organización de trabajadores –típicamente el “sindicato” formal, mas no necesariamente-. Aunque la extensión del sindicalismo nacional sea muy escasa en comparación al conjunto de trabajadores del país y, de forma más acentuada aún, el fenómeno de la huelga sea también escaso en relación al conjunto los sindicatos, es relevante estudiar esta forma de acción excepcional a la normalidad productiva, toda vez que ella rompe de forma explícita y organizada con ésta. (…) El fenómeno en sí reviste suficiente importancia como para comprender, con esta las tendencias actuales en el quehacer de los trabajadores/as. En el contexto de las nuevas tendencias sectoriales, destaca la rama económica de comercio con un buen porcentaje de huelgas realizadas y, asimismo, con una fuerte potencia en cuanto DHTP, algo poco común en su dinámica de las últimas décadas. La rama que más destaca en DHTP, eso sí, es la enseñanza, con un ya consolidado movimiento de trabajadores. Pero destacan también entre las debilidades de la huelga chilena: (a) el que se realiza con una alta concentración a nivel regional –predomina por lejos la actividad en la Región Metropolitana; y más profundamente, (b) que lo hace con una muy excesiva concentración en la mediana y gran empresa, al reflejar necesariamente el gran déficit de la fisonomía del sindicalismo nacional, a saber: aún no capaz de organizarse ‘por arriba’ y ‘entre’ la avanzada fragmentación productiva, lo cual tiene a los trabajadores con escasa cohesión social y tan dispersos hoy entre múltiples etapas de trabajo, tipos de oficios y localizaciones productivas.
Por último, y de modo transversal a todas estas variables, se observa que la tendencia chilena a mantener un buen número de huelgas ilegales, manifiesta algo poco común para los chilenos/as: actuar en disconformidad o ajenos a la institucionalidad”.
Los datos entregados son madera para otro fogón, pero ya por sí mismos grafican la situación y movimiento real de los asalariados/as organizados, materia prima para los activos anticapitalistas en acción.
7. En medio de la noche cerrada del planeta capitalista y sus modos nacionales en Chile, ahora se recrea el combate por la libertad y la igualdad, por la estrategia de socializar todos los aspectos de la vida, ya no como si el Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez hubieran realizado su labor de manera incompleta, y sólo bastara resetear de manera corregida esos empeños para estar más cerca de la victoria. Todos y cada uno de esos emprendimientos políticos tuvieron un contexto de producción que objetivamente no rima con la actual fase del capitalismo y sus contradicciones. Fueron productos políticos de su tiempo: sólo allí se explican sus conquistas y también sus límites. La realidad juzga su comportamiento político de manera implacable. Cualquier reivindicación que escape al homenaje y al aprendizaje obligado poli-éticamente de sus conductas históricamente enmarcadas, es puro fetichismo, cosificación, melancolía, pasado.
El nuevo instrumental político de la revolución chilena se encuentra en su momento fundacional, prometeico. Enfrenta todas las adversidades y todos los desafíos otra vez, y en condiciones de altísima incertidumbre. Ese es su signo, la estatura de su horizonte y su naturaleza épica.
