Movimiento de “Indignados” permanece en el centro de Río de Janeiro

(Agencia Púlsar)
Púlsar Brasil estuvo en el campamento de los Indignados en plaza Cinêlandia, centro de la ciudad de Río de Janeiro. Dos de sus manifestantes hablaron sobre cómo están organizando la ocupación en esa plaza pública.
Indignados en Río. (Púlsar Brasil)
El campamento fue establecido el pasado sábado 22 de octubre tras una manifestación realizada el 15 de ese mismo mes. Cuenta con 65 carpas instaladas.
Los participantes organizaron grupos de trabajos donde se promueven debates para definir las formas de organizar el movimiento.
La alimentación y seguridad de los participantes son debatidas diariamente. También hay reflexiones teóricas y acciones prácticas.
El movimiento Ocupa Río surge de una insatisfacción de la sociedad civil hacia los actuales sistemas políticos de la mayoría de los Gobiernos.
Según el movimiento, las repercusiones en los medios comerciales son pocas. En ese sentido, manifestaron que pese a lo que muestran los medios, el proceso de diálogo y construcción colectiva del movimiento está encaminado.
Vale decir que los manifestantes realizan todos los días una Asamblea General abierta. En ese espacio se debaten los temas sugeridos por los grupos de trabajo. Allí también se analizan las propuestas sobre cómo debe continuar el movimiento. (PÚLSAR BRASIL)

Andrés Soliz Rada: “El presidente más habilidoso para hacer daño a países chicos de América Latina fue Lula, te metía el puñal mientras te sonreía"

(Kaos en la Red) 
OLMO CALVO. MOVILIZACIONES A FAVOR DE EVO MORALES, 2006 


Andrés Soliz Rada, es el ministro de Hidrocarburos de Bolivia que firmó el derecho de nacionalización. Y que renunció, cuando certificó que había perdido su sentido original por las presiones de las multinacionales 







LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS O DE "CENTROIZQUIERDA" ABREN LAS PUERTAS A LA DOMINACION DE LAS MULTINACIONALES Y A LA ENTREGA DE LAS RIQUEZAS NATURALES DE LOS PUEBLOS. SUS MAYORES MERITOS ES MANTENER CONTENIDAS, DISCIPLINADAS, LAS LUCHAS POPULARES, POR AHORA. 


Para entender por qué las transnacionales siguen controlando el sector de los hidrocarburos en Bolivia hay que remontarse a los primeros meses del Gobierno de Evo Morales, cuando se decretó la nacionalización. Y a unos meses después, cuando se firmaron los contratos de explotación de las empresas trasnacionales. Para ello, nada mejor que hablar con Andrés Soliz Rada, el ministro de Hidrocarburos que firmó el derecho de nacionalización. Y que renunció tiempo después, cuando certificó que la nacionalización había perdido su sentido original por las presiones de las multinacionales. El presidente más habiloso para hacer daño a los países chicos de América Latina fue Lula, porque te metía el puñal mientras sonreía y te decía: ‘¿Sabes? A mí me interesa no tener vecinos pobres’. Y mientras tanto te estaba sacando hasta la última gota de todo”, dice Soilz de Rada. El apoyo que dio Brasil al Gobierno boliviano frente a la amenaza separatista de la zona más rica de Bolivia, el Oriente del país, fue el arma que utilizó Lula en la negociación, según el ex ministro. “En eso hay que ponerle una palabrita de comprensión al Evo”, dice. En el decreto de nacionalización, preparado por el equipo de Soliz Rada, los contratos que se establecían eran de servicio. “Para que me entienda la gente, uso el ejemplo del pan. Yo elaboro pan y lo llevo al horno. El horno me cuece el pan y ¿qué pasa luego? Me entrega el pan, y yo le pago por el servicio”. Cuando se elaboraron los contratos con cada una de las multinacionales, los contratos ya no eran de servicio, sino que se habían convertido en contratos de producción compartida. Es decir, se le pagaba al horno por cocer el pan y luego se le daba al hornero un porcentaje de la venta del pan. En concreto un 50 por ciento de los beneficios. Y un contrato de servicio no es nada revolucionario. A menos que se considere al régimen de Arabia Saudí como filocomunista. Pero el decreto de nacionalización no preveía una tributación del 50 por ciento, sino de un 82 por ciento para el Estado en el caso de los megacampos, todos en poder de Petrobras, recuerda Soliz Rada. En 2005, el decreto 3058 aprobado por el Gobierno de Carlos Mesa tras las movilizaciones de la Guerra del Gas y el referéndum de julio de 2004, subía los impuestos y regalías de un 18 por ciento a un 50 por ciento. Esta legislación, que obedecía al masivo reclamo de recobrar la soberanía sobre los hidrocarburos, sigue aún vigente a la hora de repartir los ingresos entre las empresas y el Estado, según el ex ministro. “Cuando hicimos el decreto de nacionalización establecimos un porcentaje del 82 por ciento para el Estado porque a Petrobras se le habían entregado campos descubiertos por Yacimientos, desarrollados por Yacimientos, con el mercado brasileño ya conquistado por Yacimientos. En esas condiciones era una retribución más que justa”. Pero ese aumento en la tributación era “un cálculo preliminar” que estaba atado al resultado de unas auditorías que revelaran cuáles fueron las inversiones realizadas, el desgaste del equipo o las ilegalidades cometidas. Para ellos se realizó “una licitación para contratar empresas auditoras de renombre mundial” y se formó un equipo de ingenieros, economistas y abogados para que fiscalicen el trabajo de los auditores. Desde el principio, a la compañía brasileña la idea de las auditorías no le gustó mucho. “Un delegado de Brasil me dijo: "Es que la auditoria no refleja el momento psicológico en el que se firmaron los convenios". Yo le dije: ‘Éste es un aporte maravilloso a la teoría económica’”, cuenta Soliz Rada. Cuando se empezaron a firmar los contratos, “a las auditorías se las ignora, se las oculta, y como las empresas habían empezado a pagar el 82 por ciento, el Estado les devuelve el dinero, porque no se logró comprobar con las auditorías los excesos cometidos”. Igual que en Argentina, precisa el ex ministro, se acepta la información que dan las compañías bajo la modalidad de declaración jurada. “Juro que se ha invertido tanto, dice la British. “Y esas auditorías no se van a publicar, el Gobierno ya ha dicho que no sirven, que son obsoletas”, se lamenta. De esta forma, “ahora las compañías siguen pagando el cincuenta por ciento”, como con el Gobierno de Carlos Mesa. “El aumento de los ingresos se debe a la escalada de los precios internacionales y a la exportación de mayores volúmenes de gas. Ni un centavo te dio la nacionalización”, matiza Soliz Rada. Todo el proceso estuvo rodeado de presiones de las empresas multinacionales, representadas en Bolivia por la Cámara de Hidrocarburos. “Querían que YPFB entrara a formar parte de la Cámara de Hidrocarburos. Y yo declaré que no reconocía un sindicato de trasnacionales y que voy a hablar con las trasnacionales una por una. No con su sindicato de mafiosos", cuenta Soliz. “Fue una experiencia maravillosa, porque cada representante que me venía criticaba a la otra. Repsol por ejemplo, me hablaba pestes de la Total. Y la Total me hablaba pestes de la British. Denuncié que la Repsol se estaba anotando las reservas de petróleo del Campo Margarita como suyas. Entonces vienen los de Repsol y me dicen: ‘No puede ser, ministro’. ‘¿Es mentira?’, les pregunto. ‘No, pero también lo hace la British, también lo hace la Total, también lo hace la Shell’”. Pero la principal presión vino de Petrobrás y el Gobierno brasileño. “Conseguí y publiqué el informe de Petrobrás al Congreso brasileño. Y Petrobrás dice: ‘Hemos logrado cambiar los contratos de servicio por contratos de producción compartida’. Y luego Petrobrás dice: ‘Los contratos de producción compartida nos permiten nuevamente anotar en bolsa las reservas de Bolivia’”, recuerda quien fuera diputado con el partido Condepa. Y ésa fue la razón de su marcha del Gobierno. “Saqué una resolución ministerial sobre la refinería manejada por Petrobras. De acuerdo con el decreto de nacionalización a Petrobrás le pago por el servicio. Entonces vino la llamada de Marco Aurelio García, asesor de Lula, para que me fuera”, dice. Un mes después de su renuncia se firmaron los contratos. “¿Se sabe que los modelos de contratos fueron redactados por Repsol? Y cuando se leyeron los contratos, Petrobrás protestó porque había puesto cosas para Repsol y tuvieron que modificarlos", se ríe Soliz Rada. 


SAN PABLO SIN GAS BOLIVIANO 
Además de presionar para convertir los contratos de servicios en contratos de producción compartida, la ‘diplomacia’ brasileña se centró en impedir por todos los medios la industrialización del gas que importa de Bolivia. Según Marco Gandarillas, del Cedib, “el gas boliviano es muy rico, con una planta de separación de líquidos tienes la posibilidad de sacar el propano y el butano de exportación”. Sin embargo, a cinco años de la nacionalización Bolivia sigue sin haber construido esa planta y sigue vendiendo “un gas rico que tiene propano, butano, etc, como si fuera un gas pobre”, dice Gandarillas, dejando de ingresar unos 700 millones de dólares al año. ¿Pero por qué no se ha construido esa planta? Para Soliz Rada la respuesta es muy simple: “Porque el operador principal de los campos es Petrobras y Repsol trabaja con Petrobras. A ellos les interesa que el gas boliviano sea industrializado en San Pablo en primer lugar, y en segundo lugar en el Matto Grosso. 4.700 millones de dólares invertirá Brasil para industrializar el gas boliviano en el Brasil”. El ex ministro cree que Bolivia perdió una gran oportunidad para negociar con Brasil cuando todavía toda la industria de San Pablo dependía del gas boliviano. Actualmente Brasil dispone de fuentes de abastecimiento alternativas. “Yo negocié durísimo con Brasil”, dice y relata su encuentro con su “colega”, el ministro de Hidrocarburos de Brasil: “Acabo de leer una novela que se llama El Mundo sin Petróleo. ¿Y qué pasa? -dice el ministro brasileño. Hay un petrolero norteamericano que choca en la costa de California y se arma un desparrame, llaman al gabinete y uno de los ministros del gabinete dice que conoce a un científico enMontana que tiene un descubrimiento que les podría salvar. Le dicen que lo traigan. El científico no quiere largar el invento, pero igual se lo arrebatan. Era un líquido con una bacteria que se echaba sobre el agua contaminada y la bacteria se comía el petróleo. Éxito absoluto, ocho o diez horas después el agua empieza a verse clara y todos con una cara de felicidad. Lo que el cientíco había tratado de explicar es que bacteria se transmitía por el aire. Y empieza a comerse las estaciones de gasolina, luego los tanques de los coches, y los productos hechos con plásticos... Los norteamericanos tienen que sacar sus caballos y reponer un ferrocarril de 1890... Yo estoy escribiendo la segunda parte de esta novela. Pero ¡qué importante! -dice el brasileño-. Va a ser un éxito. ¿Y le puedo preguntar cómo se va a llamar? Brail sin petroleo boliviano. Pero claro, se va a llamar San Pablo sin el gas boliviano"

Misiones: Las silenciadas víctimas del genocidio forestal

(Agencia Walsh)
(AW) En lo que va del año, más de cien familias de pequeños productores recibieron intimaciones y órdenes judiciales para desalojar sus chacras. El modelo forestal avalado por el gobierno de Misiones, por medio de poderosos privados subsidiados por el Estado, sigue enviando poblaciones rurales a las villas para liberar miles de hectáreas y seguir impregnando las colonias de monocultivo. La complicidad de jueces y funcionarios confronta con la resistencia de los campesinos de 25 de Mayo, Mártires y Libertad.


Fuente: Revista Superficie. Otra Comunicación en Misiones.
Por: Superficie.
En la recordada pelea entre el gobierno nacional y los agroexportadores de soja, una de las palabras que más se instaló en el debate fue "monocultivo". Se escucharon fuertes- y fundamentados - pronunciamientos oficiales en contra de los monocultivos. Se sabe: las grandes extensiones de un solo tipo de cultivo atentan contra la diversificación productiva pero también: expulsan poblaciones enteras de las chacras y campos, impregnan de agrotóxicos los suelos y propician la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes.
De aquel fustigamiento, como un niño bien escondido jugando a la embopa, Misiones salió indemne: el gobernador Maurice Closs pudo mantener durante el conflicto su apoyo al gobierno nacional a pesar de que la provincia que gobierna basa su economía en el monocultivo de pino, según los especialistas incluso más nocivo que la soja, por su gigantesca absorción de agua. Astutamente, en Misiones al monocultivo se le llama "forestación", y es esta diferencia semántica un escudo que hasta ahora dio resultado: el gobierno nacional no se mete con los terratenientes forestales de Misiones ni cuestiona la política asumida por el gobierno provincial.
La provincia cuenta hoy con 400 mil hectáreas forestadas, lo que equivale al 13% de la superficie total de la provincia, y una proyección de incrementar en al menos otras 200 mil hectáreas esa superficie de monocultivo a mediano plazo.
Mientras, en lo que va de 2010 ya se conocieron casi cien casos de familias que en distintos parajes rurales de la provincia fueron intimadas para desalojar sus chacras e "invitadas" a correr el destino que sufrieron otras miles de familias exiliadas a la fuerza en pos del crecimiento forestal: dejar la producción de alimentos para terminar en villas y asentamientos urbanos como mano de obra barata, vaya paradoja, de las empresas forestales.
El Paraje Maybau se encuentra sobre la ruta 14 en el municipio de 25 de Mayo. Allí, 20 familias campesinas recibieron en abril de este año órdenes de desalojo libradas por Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 1 de Oberá. Son colonos que producen maíz, mandioca, hortalizas, leche, y en menor medida tabaco ("para tener la obra social"). Familias numerosas que viven y producen allí desde hace entre 10 y 20 años. El dueño de las 20 chacras que se pretenden desalojar, es según los registros catastrales el ciudadano Jorge Ribeiro, ex habitante del paraje. Las órdenes judiciales fueron libradas por el actualmente cuestionado - varios abogados obereños acaban de denunciarlo por irregularidades en otros casos - juez Ricardo Cassoni.
"Ya se fueron del paraje tres familias, que se asustaron al recibir las órdenes. Les dieron un terreno en una villa del otro lado de la ruta. Eso quieren hacer con nosotros, sacarnos de acá para plantar pino y que nos vayamos a las villas, eso están haciendo en toda la provincia: sacar al productor para llenar de pino. Nosotros estamos dispuestos a resistir porque no sabemos vivir de otra cosa, no queremos ir a una villa donde no podemos plantar nada ni tener animales, queremos futuro para nuestros hijos" le dijo a Superficie el colono Eloir Porfidio Piñeiro, uno de los que recibió la orden.
Mientras, en Mártires, sobre la ruta 103, 15 familias productoras y toda la comunidad aborigen Yatemy están siendo intimidadas por la policía local para ir desalojando sus chacras. En este caso, denuncian los productores, las intimaciones llegan con anuencia del intendente del municipio, Jorge Goncalves, quien mantiene un probado vínculo con quien se autoproclama dueño de esas chacras: Alberto Urrutia, un conocido terrateniente de la Zona Centro. "Varias veces vimos a Urrutia entrando a la oficina del intendente. Y este año comenzaron a enviarnos citaciones para acudir a la comisaría. Allí, a los que fueron les dijeron que se vayan, porque eran tierras privadas. Pero en la Dirección General de Catastro consta que son tierras fiscales. Nos quieren mandar a las villas" indicó uno de los colonos afectados, Orlando Vallejos. Estos vecinos de Mártires, también ya se plantaron en pie de guerra contra las intimidaciones, y vienen realizando asambleas y sumando adhesiones.
Y en el norte provincial, más precisamente en los parajes Tirica y Nueva Libertad (ambas del municipio de Puerto Libertad), medio centenar de familias se ve envuelta a diario en la lucha contra las topadoras, la Gendarmería y la Policía que la empresa chilena Alto Paraná les envía para expandir sus propiedades y seguir plantando pino en un pueblo que les pertenece catastralmente a los chilenos en un 85%. "Esta lucha tiene diez años ya. Mucha gente tuvo que irse en ese tiempo.
Productores que nunca más vuelven a producir. Familias que se destruyen. No queremos eso para nuestros hijos y por eso resistimos. El monocultivo y el modelo forestal están arruinando a los pequeños productores, generando pobreza y desocupación en toda la provincia para que unos pocos ganen más dinero" dijeron desde el Movimiento Sin Tierra de Libertad.

La Justicia argentina condena a 12 represores a cadena perpetua

(Agencia Púlsar)
Es por los delitos de Lesa Humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como ESMA, durante la última dictadura argentina. Los condenados más reconocidos son Alfredo Astíz y Jorge "Tigre" Acosta.
El Tribunal Oral Federal número 5 de Argentina condenó este miércoles a 16 de 18 procesados. 12 de ellos recibieron cadena perpetua.
El resto recibió penas que van desde los 25 a los 18 años de prisión. Además, hubo 2 absoluciones.
Los represores estaban acusados de cometer 86 delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura argentina entre 1976 y 1983. Los principales y más reconocidos condenados son Alfredo Astíz y Jorge "Tigre" Acosta.
Los crímenes juzgados fueron cometidos en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Con esta sentencia culmina el primer juicio por los crímenes cometidos en ese centro de detención. Fue tras 22 meses de debate y la presentación de más de 250 testigos.
Tras el fallo, sobrevivientes de la ESMA destacaron que el juicio abarcó sólo a una parte menor de los casos denunciados. Asimismo, criticaron las 2 absoluciones.
La Escuela de Mecánica de la Armada fue el principal centro clandestino de detención de la Ciudad de Buenos Aires. Se estima que por allí pasaron unos 5 mil detenidos desaparecidos.
El proceso judicial concluido este miércoles es considerado un juicio emblemático. Se debe a que reúne los crímenes del periodista Rodolfo Walsh, las monjas francesas desaparecidas en Argentina, las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y otras 79 víctimas. (PÚLSAR)

Condenan a 12 años de prisión al apropiador del hermano de Emilio Goya

(Agencia Walsh) 
(AW) Es por un caso de apropiación de un menor durante la última dictadura. El Tribunal Oral Federal de San Juan fijó este martes la pena de 12 años de prisión para el ex suboficial Luis Tejada y de 5 años de prisión para su esposa, Raquel Josefina Quinteros.
El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó esta tarde a 12 años de prisión al sargento de inteligencia del Ejército Luis Alberto Tejada, que deberá cumplir en una cárcel común, y a cinco años de prisión domiciliaria a su esposa, Raquel Quinteros, al encontrarlos penalmente responsables de la apropiación de Jorge Guillermo Martínez Aranda, hijo de una pareja desaparecida en agosto de 1980 y hermano del militante de HIJOS Chaco y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Emilio Goya.
El que por aquel entonces era un bebé, es hijo del militante montonero Francisco Luis Goya y la ingeniera mejicana María Lourdes Martínez Aranda, había nacido en España a fines de 1979 y traído al país por sus padres en el marco de la operación denominada "Contraofensiva de Montoneros". La pareja y el niño, ingresaron al país por el paso de Los Libertadores de Mendoza, pero fueron detenidos y llevados a la localidad de Punta de Vacas "donde fueron interrogados, torturados y separados del niño", según dijo un testigo protegido.
Aunque no se sabe qué fue de sus padres, la criatura fue llevada a la sede del destacamento de Inteligencia 144 en el centro de la ciudad de Mendoza y fue de allí de donde el suboficial Luis Tejada se lo llevó, porque según él mismo declaró "fue por orden de un superior", aunque tiempo después lo inscribió como hijo propio.
En el juicio el apropiador reconoció que consiguió un certificado médico de nacimiento falso y que con ese documento inscribió al bebé como hijo propio bajo el nombre de Carlos Alberto Tejada en el Registro Civil del departamento de Rivadavia de San Juan.
Tejada le había dicho a su esposa que el niño era hijo suyo y producto de una relación extramatrimonial, y por su propia confesión, se sabe que recién 28 años después, en el año 2008, cuando la Policía Federal allanó su casa para recolectar muestras de ADN del joven apropiado, le contó la verdad.
El veredicto de los jueces Hugo Echegaray de San Juan, Raúl Fourcade de San Luis y Héctor Cortéz de Mendoza, resultó menor a lo que pidió la parte querellante ejercida por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que fue de 23 años de prisión para Tejada y 18 años de cárcel para la mujer.
También la pena impuesta, fue menos de lo que pidieron para la pareja los fiscales Mateo Bermejo y Dante Vega, que solicitaron 14 años para el militar y 8 para su esposa, en tanto que los defensores Eduardo San Emeterio y Humberto Conti Pico habían pedido la absolución de los imputados al considerar que no habían sido probados los delitos que se imputaban.
La resolución de los jueces no dejó conformes a los abogados de la querella unificada del hermano del joven apropiado y militante de HIJOS Chaco Emilio Goya y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, María Inés Vedia y Mariano Gaitán, quienes dijeron que "esperábamos una condena mayor en virtud de la gravedad de los delitos cometidos" y anticiparon que "una vez que se conozcan los fundamentos de los jueces, se analizará con detenimiento la sentencia".
FUGA
Los jueces también dictaron la prisión preventiva y determinaron que el suboficial Luis Tejada sea llevado de inmediato al Penal de Chimbas de San Juan, "ante el alto riesgo de fuga por la severidad de la condena", pero dispuso que su esposa, Raquel Quinteros, permanezca en su casa del Barrio Camus de San Juan con detención domiciliaria por entender que "presenta un atenuado riesgo de fuga".
El Tribunal también dispuso enviar al juzgado de primera instancia los antecedentes, para que los hermanos del suboficial condenado, Oscar Alfredo Tejada y María Esther Tejada, sean procesados por falso testimonio o como co-autores del delito de ocultación del menor, como lo habían pedido la querella y la fiscalía.
También decidieron que el testimonio del testigo protegido Antonio Cruz, sea remitido al Tribunal Oral Federal número 6 de la Capital Federal, "por resultar de interés en el marco de la causa 1351, donde se juzga la responsabilidad de los altos mandos de las Fuerzas Armadas" por la implementación de un plan sistemático de sustracción de niños, hijos de desaparecidos.
También remitirán todos los registros del juicio realizado en San Juan, al Juzgado Federal número 1 de Mendoza, que en la causa 663 F, investiga la desaparición de Francisco Luis Goya y María Lourdes Martínez Aranda, que son los padres del niño apropiado por Tejada y su mujer.
La defensa había pedido la absolución porque consideraban que "no hay pruebas ofrecidas que incriminen a sus defendidos", pero los jueces consideraron probados los delitos de Retención y Ocultación de un menor de 10 años del Artículo 146 del Código Penal; Alteración del Estado Civil, artículo 139 segunda parte del Código, Uso de documento falso, artículo 294 y Falsedad ideológica en documento público, artículo 293 del Código Penal.
Tras conocerse el veredicto, los condenados se confundieron en un abrazo con sus hijos y el joven apropiado que todo el tiempo los apoyó y que incluso los denominó como sus "padres del corazón" cuando dio su testimonio en el juicio. Los fundamentos del fallo judicial, serán expuestos el próximo martes 1 de noviembre a las 18 en el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, donde se desarrolló el debate.


Fuente y foto: Télam

El próximo gobierno impulsará la megaminería

(Agencia Walsh)
(AW) El próximo gobernador de Río Negro, el kirchnerista Carlos Soria, quien dirigía la SIDE cuando asesinaron a Kosteky y Santillán, reconoció que fomentará la explotación minera en la provincia. Organizaciones ambientales y comunidades mapuche ya manifestaron su rechazo.
(Avkin Pivke Mapu) 
Rio Negro: Gobierno Kirchnerista reimpulsará la Megamineria en Territorio Mapuche 
Posicionamientos encontrados suscitó el anuncio del gobernador kirchnerista electo, Carlos Soria (Frente para la Victoria-FpV-), de impulsar la explotación minera en la Línea Sur, aún aquella como la del oro a cielo abierto y con cianuro, que en la actualidad se encuentra prohibida por las normativas vigentes. 
Referentes ambientalistas y representantes de comunidades Mapuche cuestionaron la pretensión del futuro mandatario reiterando la necesidad de preservar el ambiente frente al impacto que significaría ese tipo de actividad. En una reciente entrevista, Carlos Soria (FpV) afirmó que explorará todas las posibilidades mineras, más allá de las objeciones. 
Palabras que valen oro
El periodista Adrian Peccolo realizo una nota al mandatario electo en la provincia de Rio Negro Carlos Soria. Allí manifestó que tienen pensando durante su gestion "priorizar las inversiones". Argumentó que "hay organismos internacionales y nacionales, universidades y, también, empresas que me puede decir si se preserva el medio ambiente. Pero no le tengo miedo a explotar nada". Luego enfatizó "voy a explorar todas las posibilidades mineras". El gobernador elegido considera que con la explotacion a cargo de las multinacionales de la megamineria en Rio Negro solucionará uno de los tantos problemas sociales, al expresar que "mientras hay un pibe cagado de hambre arriba, no voy a tener guardado el oro de Calcatreu por una cuestión ambiental".
Consultado por la explotacion petrolera (tambien transnacional), Soria afirmo que "es muy importante la etapa que se viene, porque ofrecerá un salto cualitativo a la provincia. El gobierno de Neuquén ya está entusiasmado con los nuevos pozos de Shale Oil. Y sabemos que en la cuenca neuquina, que se extiende hacia territorio rionegrino, la segunda laguna es más grande que la primera".
"La explotación minera es un error" 
El referente del Consejo Asesor Indígena zona Atlantica e integrante de la coordinadora del Pueblo Mapuche, Hugo Aranea, manifestó su preocupación por las declaraciones de Carlos Soria (FpV) a favor de la explotación minera.
Aranea dijo a Radio Encuentro que "esto nos preocupa porque anteriormente ya habían planteado este tema algunos referentes del nuevo gobierno. No sólo lo dijo Soria sino también Pichetto. Allí decían que podían marchar hacia la explotación minera y el oro".
Para el referente, los proyectos mineros no solucionan los problemas sociales, sino que más bien los agrava junto con el medio ambiente. "Vincular la solución del hambre de la gente con la explotación minera es un error. En Bolivia, por ejemplo, lejos de mejorar la situación de las poblaciones las ha empobrecido y contaminó", afirmó.
Otras repercusiones
De la misma manera, la legisladora Magdalena Odarda, quien oportunamente presentó un proyecto de ley prohibiendo la produccion minera y que luego fue tomado por el gobernador Miguel Saiz, generando una norma (ley vigente en la actualidad) que se aprobó en la Legislatura rionegrina, rechazó la posición de Soria al respecto.
La "nueva politica" que se viene
El ingeniero agrónomo y especialista en estudios de impacto ambiental, Sergio Plunkett, dijo que es necesario poner el tema nuevamente en debate, donde puedan darse argumentos técnicos y políticos, además de considerar factible la explotación de la minería.
Por su parte, el director general de Minería de Río Negro, Sebastián Sánchez, destacó que la provincia tiene "un potencial minero impresionante y por eso comparto lo que dice el gobernador electo Carlos Soria de promover el desarrollo de estas actividades".
Afirmó que "realmente creo que la minería hay que explotarla", subrayando que "debe ser un proyecto de desarrollo humano sustentable, pero los recursos mineros están y hay que explotarlos".
Reveló que a pesar de la vigencia de la ley que prohíbe la explotación minera con cianuro, la provincia mantiene relaciones con la empresa Pan American Silver, propietaria de los derechos mineros del proyecto Calcatreu, que precisamente quedó congelado por aquella norma. Dijo que la empresa quiere realizar esa explotación y de hecho sigue radicada en Jacobacci y mantiene los expedientes actualizados.
El director de Minería de la Provincia explicó que "Pan American Silver desde hace tiempo está trabajando fuertemente en Ingeniero Jacobacci; no hay otra cosa que hacer que consultar a la misma comunidad de Jacobacci, donde en estos momentos con el grave fenómeno de la ceniza la empresa se ha puesto al frente de un montón de actividades, está colaborando permanente con la comunidad y todavía no tiene un horizonte claro de lo que va a pasar con este proyecto".
Al recordársele que una propia ley provincial congeló ese proyecto (la ley anticianuro), expresó que "se congeló la actividad de la empresa en ese momento, pero hemos mantenido reuniones permanentemente con empresas que están en la primera categoría, incluida Pan American".
Fuente: Diario Rio Negro
www.avkinpivkemapu.com.ar

En tierras progresistas: Denuncian nueva muerte por agrotóxicos

(Agencia Walsh)
(AW) La Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina denuncia que, en Santa Fe, un trabajador rural perdió la vida por causas relacionadas con el uso de agrotóxicos. Al mismo tiempo, hacen responsable a los dirigentes nacionales y provinciales y a los organimos oficiales que deben controlar y hacer cumplir las pocas normas vigentes que protegen a estos trabajadores.
(Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina)


AGROTÓXICOS: UNA MUERTE MÁS, OTRA FAMILIA DESTRUÍDA 
Ante la muerte del trabajador rural de 27 años, Néstor Vargas, producida por causas imputables al uso de agrotóxicos, la Campaña Paren de Fumigarnos de la provincia de Santa Fe, responsabiliza, en primer lugar, a los dirigentes nacionales y provinciales encargados de generar las medidas de protección acordes a la magnitud de la catástrofe, enfática y reiteradamente reclamadas, y a los organismos oficiales encargados de hacer cumplir las escasas normas vigentes.
La laxitud y falta de respuesta ante los pedidos de recategorización de agrotóxicos, limitaciones en el uso de los mismos y la reforma a la ley de fitosanitarios generan situaciones como las mencionadas, obviándose, inclusive, los dictámenes judiciales que ya se produjeron e implementaron en las provincias de Santa Fe y Chaco. 
Pero, además, les cabe la responsabilidad en forma directa a los agentes de salud encargados del correspondiente diagnóstico y tratamiento, que observan continuamente cómo se incrementan los casos y no actúan al efecto. En ese sentido, la aplicación de los registros y la elaboración de datos epidemiológicos reclamados por más de 70 poblaciones y organizaciones de la provincia serviría para poner en alerta rojo a nuestros efectores y poder contar con la capacitación y conocimiento necesario para evitar estas tragedias. 
El tiempo, la historia y los jueces darán su veredicto, tarde o temprano, sobre este experimento que se está realizando a cielo abierto sobre nuestras poblaciones: experimento que las corporaciones y sus agentes vernáculos exhiben con gran cobertura mediática como el ascensor a la modernidad y una mejor calidad de vida que el macabro conteo de víctimas, como la de Vargas, se empeña en desmentir. 
El creciente deterioro de las condiciones sanitarias de nuestra población, producto de sobreponer la renta por sobre los derechos a la salud, con consecuencias irreversibles en muchos casos, como el del trabajador rural de Vera que deja una viuda y cinco huérfanos, es un hecho que no debe caer en el olvido de la impunidad y el silencio oficial.
Campaña Paren de Fumigarnos - Santa Fe. 
Para más información:
Dr. Rodolfo Páramo - Malabrigo - 03482 454490 - 
Patricio Acuña - San Justo - 3498402611 -
Eduardo Rossi - Rosario - 341577821-


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