El conflicto por la paga de los prefectos y gendarmes, que se ha extendido por todo el país, y que amenaza con extenderse a otras fuerzas represivas, pone en evidencia la verdadera naturaleza de su despreciable función.Con este motín, una falsedad queda al descubierto: no existe la profesionalización ni la democratización de las fuerzas represivas como garantía de paz social. La represión es, antes que nada, expresión del monopolio de la violencia del Estado, en una sociedad con privilegios de clase.
La naturaleza del reclamo (estrictamente monetario) pone también en evidencia otra falsedad: no es sindicalizando a las fuerzas de represión como se logra desbaratar su enorme capacidad de violencia sobre el pueblo pobre. La sindicalización, sólo mejora su relación con el Estado, pero no cambia la perversa naturaleza de su razón de ser.
Los prefectos, gendarmes, y el resto de los represores, no son trabajadores; no se trata de una huelga, sino un motín o asonada. La obtención de sus objetivos, más que acercarlos al pueblo, los envalentonará aún más para ejercer la función para la que existen: reprimirlo.
El hecho de que los policías provengan en gran medida del pueblo no significa nada. Es la existencia la que determina la conciencia. Y la existencia no se encuentra determinada por la percepción de un salario sino por la función social que se ejerce. Aquél que, perteneciendo por origen a la clase trabajadora, se vuelve policía, es un policía de la burguesía y no un trabajador. Todo policía está entrenado para reprimir al pueblo cuando éste se moviliza por sus justas reivindicaciones. Además, saben que los gobiernos cambian, pero la policía permanece.
La relación entre la clase dominante y el pueblo pobre es la de una guerra de clases, algunas veces más evidentes, otras, más larvada. Aunque se la disfrace mediante discursos que apelan a la paz social o a la justicia social, a la igualdad de oportunidades o de derechos, a la naturalidad del dominio de un ser humano por sobre otros, no significa que, porque las fuerzas represivas encaren un reclamo salarial, hayan abandonado, por un segundo, su función de perro guardián. Morder y cumplir la función del perro, no implica ser el amo. El perro le pertenece al amo, le obedece, cumple.
Es la naturaleza misma de su despreciable función, la que torna insostenible el argumento de "si los ganamos, si los aparateamos, si conseguimos que se autodepuren y defiendan organizados, como trabajadores, entonces quebramos al sistema opresor".
Casi la misma "lógica-absurda" que los quiere profesionales y democráticos.
Estamos ante quienes postulan el posibilismo, esa despreciable posición para legitimar al capitalismo desde posiciones presuntamente progresistas; es decir, de quienes no se atreven a ser abiertamente capitalistas.
Todas las experiencias de sindicalización (en Argentina existen varias agrupaciones o asociaciones de policías y miembros del aparato represivo del Estado) conducen inexorablemente a mejorar la capacidad de fuego, y las condiciones en las que ejercen la represión.
El sistema capitalista no se concibe sin trabajadores disciplinados para tolerar los niveles de explotación y alienación. Cualquier atisbo de levantamiento provoca la suelta de la jauría. Porque no pueden prescindir de los trabajadores, necesitan todavía más de la policía, gendarmes, prefectos y todo pedigree por el estilo.
Los reclamos por la paga, son mostrados por derecha, y por alguna izquierda también, como un reclamo laboral más. Con esposas e hijos aplaudiendo a columnas de uniformados que entran vociferando mientras entorpecen el tráfico, el panorama se parece mucho al de los numerosos reclamos que se formulan los trabajadores.
La diferencia - entre otras- es que en estos reclamos no hay nadie legitimado con balas y gases amenazando con reprimir.
Los reclamos por la paga de prefectos y compañía, llevan a graves preocupaciones de funcionarios y legisladores, que intentan rápidamente disolver el conflicto cumpliendo con cada uno de los requerimientos, a diferencia de cuando el recorte se opera sobre los salarios de los empleados públicos.
Se trabaja en las fábricas y en los comercios, se trabaja en las obras y en el campo, en la montaña y en el agua, se trabaja en las oficinas y en los hospitales, en espacios públicos y privados.
Formando parte del aparato represivo, NO SE TRABAJA, SE CUMPLE LA FUNCIÓN DE DISCIPLINAR Y CONTROLAR A LOS QUE TRABAJAN, lo que impacta en la subjetividad de la clase trabajadora.
Eso se hace, con o sin profesionalismo, con o sin instrucción democrática, con o sin cursos de derechos humanos, con o sin sindicalización. En todos los casos, quienes cumplen esa función inherente al monopolio de la fuerza por parte del Estado, reciben también otros favores de parte del mismo Estado a la hora de examinar sus conductas (impunidad, ventajas, beneficios procesales, asistencia jurídica, etc). Y no es casual que salgan a exigir más beneficios cuando más visible se hace la necesidad que el gobierno de turno tiene de las que la ministra llama sus "fuerzas de confianza", las "profesionales", las "no corruptas", para invadir los barrios, patrullar las calles y prevenir, con la invasión uniformada, cualquier atisbo de más organización popular.
Lo que verdaderamente importa, es que esté garantizado ese monopolio del ejercicio de la fuerza para desplegarla contra las masas.
Recordamos que los que reclaman, son los mismos que hace poquitos días desalojaron salvajemente la Panamericana y apalearon y metieron presos a 60 trabajadores en Campo de Mayo (por primera vez desde 1983), cuando se conmemoraba el día del detenido desaparecido, por orden de un ex carapintada, segundo de la ministra más "progre" del "gobierno de los derechos humanos"; los mismos que en 2005 y 2006 militarizaron y torturaron en Las Heras y reprimieron a los trabajadores pesqueros en Mar del Plata; los mismos que, en 2007, reprimieron a los trabajadores del Casino; los mismos que se infiltran y espían trabajadores con el "Proyecto X"; en fin, los mismos que, en 1999, asesinaron a Mauro Ojeda y Francisco Escobar en el puente de Corrientes, cuando la ministra más "progre" del "gobierno de los derechos humanos", era la viceministra del Interior del gobierno de la Alianza.
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