(Tele SUR)
El Ministerio Público de Venezuela imputó este lunes a 11 personas por su presunta vinculación en la ocupación precipitada de terrenos ociosos intentada el pasado sábado en el municipio Chacao, al este de Caracas.De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, durante la madrugada del pasado sábado, los acusados deberán presentarse cada 15 y 30 días ante los tribunales de la nación suramericana.
Los ciudadanos Nelson Coro Blanco y Ángel Antonio Rangel Yánez fueron imputados por el Tribunal 2 de Control de Área Metropolitana de Caracas por la presunta comisión del delito de usurpación, previsto y sancionado en el Código Penal de Venezuela.
Por su parte, Mildred Prepidina, José Villafuentes, Edgardo Rodríguez, Ángelo Paredes y los hermanos Adan y Adrián Silva fueron acusados ante el Tribunal 4 de Control de Área Metropolitana por la presunta comisión del delito de invasión en Chacao (este), municipio donde ocurrieron los hechos.
Por los mismo delitos también fueron culpados los venezolanos Omaira Vergara, Douglas Lara y Julio Acosta.
Una vez imputados, ambos tribunales dictarán medidas cautelares para las 11 personas.
Asimismo, el ministro venezolano comisionó a un fiscal en materia de Derechos Fundamentales para investigar la agresión de la Policía de ese municipio en contra de los arrestados.
Tras las ocupaciones el pasado fin de semana, el Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, rechazó la ocupación ilegal de propiedades inmobiliarias.
"Hay que trabajar en conjunto con el Gobierno revolucionario para recuperar estos terrenos urbanos y el presidente está trabajando arduamente" en ello, pero "no autoriza la toma o la invasión por parte de las comunidades", dijo el ministro del Interior, Tareck El Aissami, el pasado 22 de enero.
El Aissami apuntó que las comunidades deben identificar los terrenos que puedan servir en el futuro para la construcción de viviendas y notificarlo a las autoridades.
El pasado viernes, el presidente Chávez firmó la Ley de Emergencia de Terrenos y Viviendas para enfrentar la crisis habitacional que dejaron las lluvias ocurridas a finales de 2010 y ayudar a las más de 130 mil personas que quedaron sin hogar.
Con la firma del mandatario venezolano, la normativa pasará ahora al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que decidirá si el reglamento puede decretarse como Ley Orgánica, tan como lo solicitó el Presidente.
El sábado el jefe de Estado de Venezuela se reunió con delegados de Rusia, China y Bielorrusia a fin de supervisar los planes de construcción de las viviendas al oeste de Caracas que serán destinadas a las más de 80 mil familias que quedaron damnificadas.
Con los nuevos proyectos urbanísticos que se realizarán con el apoyo de estos aliados, se pretenden construir 150 mil apartamentos, nuevas fábricas y áreas comerciales y productivas con el fin de continuar el progreso social y económico de la nación suramericana.
Estos proyectos de construcción están enmarcados en la Ley Habilitante aprobada el pasado 17 de diciembre por el Parlamento venezolano. El objetivo de la normativa es acelerar la atención de las personas que perdieron sus hogares a raíz de las intensas precipitaciones.
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