Los familiares de Darío Santillán y sus compañeros de militancia denunciamos la impunidad que permite que seis años después el asesino de Darío y Maxi no tenga sentencia firme y repudiamos la decisión judicial de permitir su traslado a una cárcel de régimen abierto.
A 10 años, premian al masacrador del Puente Pueyrredón
El ex comisario Franchiotti trasladado a un penal de régimen abierto, mientras la causa que investiga a los responsables políticos fue archivada.
Desde el pasado jueves 14 de junio, el ex comisario Alfredo Franchiotti goza de un régimen carcelario abierto y de reinserción social, destinado a presos que estén cumpliendo la última etapa de su condena y que hayan demostrado buena conducta. Franchiotti, condenado a cadena perpetua, es el ejecutor de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la Masacre del Puente Pueyrredón, ejecutada el 26 de junio de 2002, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde organizó una represión fulminante contra el movimiento piquetero que reclamaba por sus derechos. El ex comisario fue premiado, a una semana del décimo aniversario de la represión que costó dos vidas y provocó centares de heridos, con el traslado a la Unidad Penal Nº 11 de Baradero, una cárcel de régimen abierto, última etapa que gozan ciertos reclusos antes de regresar a la libertad. El beneficio fue otorgado por el Tribunal Nº 7 de Lomas de Zamora. A la vez, el juez Ariel Lijo archivó la causa que investiga las responsabilidades políticas de los funcionarios del gobierno de aquella época. Dos señales que, conocidas en vísperas del aniversario de la masacre, provocan dudas y malestar entre los familiares y compañeros de las víctimas.
“Nosotros habíamos pedido que se rindiera cuentas debido a las salidas que había tenido el juez Franchiotti durante su reclusión en el penal de Olmos –cuenta Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano y querellante en las causas que investigan los asesinatos–. Franchiotti había salido de la cárcel para ser llevado a un asado en la casa del juez Rolando Lima, preso por irregularidades en su gestión. Los carceleros decidieron que Franchiotti acompañe a Lima en su salida, que sí había sido autorizada por la justicia. Lo justificaron diciendo que el ex comisario estaba deprimido”. Por esa salida inautorizada, el personal de vigilancia que decidió el premio para Franchiotti fue deslindado de sus tareas y se inició una causa para investigar el incidente. “El pedido de informes que hicimos no fructificaba –continúa Kosteki–, pero la semana pasada me informaron que Franchiotti iba a ser trasladado a Baradero esta semana, que tiene un régimen abierto. Sin embargo, aceleraron esas fechas y fue trasladado el jueves por la noche para que nadie se enterara de ese premio”.
“Su traslado fue realizado entre gallos y medianoche y en el mayor sigilo porque saben que es una medida que apunta a su libertad –señala Claudia Ferrero, abogada de la familia Kosteki–. Es un régimen abierto: es la última etapa antes de que un preso recupere su libertad. Se les da permisos de doce horas de tal modo que sólo deben pernoctar en el penal. El objetivo es reintegrar a los reclusos a la sociedad. Pero no se puede hacer eso con Franchiotti, condenado a cadena perpetua y cuando no ha pasado diez años de reclusión, a la vez que los atravesó con muchas irregularidades. Es otorgarle una libertad anticipada al asesino del Puente Pueyrredón”.
“La medida abre la puerta a la impunidad a pocos días del 26 de junio, cuando se cumplen diez años de los asesinatos de nuestros compañeros: se trata de una provocación –reflexiona Federico Orchani, vocero del Frente Popular Darío Santillán–. Es llamativo, además, que suceda al mismo tiempo que Darío Poblete, el asesino de Carlos Fuentealba, fuera encontrado en libertad cuando debía estar cumpliendo su condena. Todo esto se da en un contexto en el que la represión se ejerce, como sucedió con las protestas antimegaminería, y cuando existe un recrudecimiento de la judicialización de la protesta. Ese es el marco, además, del cajoneo y el archivo de la causa contra los funcionarios responsables de la masacre del Puente Pueyrredón. Nuestro movimiento se pronuncia enérgicamente contra el beneficio otorgado a Franchiotti, que abre las puertas a la impunidad”.
Desde Jujuy, provincia adonde viajó para preparar los actos a diez años de la masacre del Puente Pueyrredón, Alberto Santillán declaró desconocer la medida que beneficiaba a Franchiotti. “Me entero por vos –dijo a este cronista–, te imaginás la indignación que siento”.
“El caso de Franchiotti y Acosta es emblemático –afirma Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero y líder piquetero en los tiempos de la masacre–. Su caso fue cerrado desde el punto de vista de la cadena de mandos: sólo ellos dos, los que aparecían en las fotos irrefutables de Clarín, fueron encarcelados. Y punto. Encima, han tenido un tratamiento especial dentro de la cárcel. El kirchnerismo jugó un papel de rescate de la policía bonaerense y de los responsables políticos de la masacre. Si, tal como exigimos, hubieran abierto los archivos de la SIDE, los responsables políticos de esa represión estarían todos presos, pero el kirchnerismo se negó. La única iniciativa fue conformar una Comisión Mixta a la que se invitó a familiares y organizaciones piqueteras. Nosotros, el Polo Obrero, nos negamos desde un principio. Y al poco tiempo la comisión estalló, se fueron los familiares y los movimientos. Pero no todos. Tal como hace con la CTA, la CGT, la FUBA, el kirchnerismo usa el método de la cooptación y la división. En la Comisión Mixta buscó cooptar. Y algo logró. Hoy Juan Cruz Daffunchio, que era dirigente de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, es concejal del kirchnerismo en Florencio Varela. La medida que traslada a Franchiotti va en el sentido de frenar ahí la investigación y abrir las puertas a la libertad del represor, además de sostener la impunidad de la primera línea de mando”.
“En la cárcel Franchiotti recibía visitas de policías para ser formados en inteligencia y ser instruidos sobre cómo actuar en movilizaciones y piquetes –explica Vanina Kosteki–. Esa persona no puede acogerse a un régimen abierto y a la posibilidad de ser liberado. Por otro, nos llegó la notificación de que el juez Lijo archivó la causa que investiga a los funcionarios. El supuesto gobierno de los derechos humanos avanza hacia que los que luchamos no tengamos justicia. Seguimos levantando los mismos reclamos que hace diez años. No sólo tienen que estar en un régimen carcelario cerrado Franchiotti y Acosta, sino que los tienen que acompañar los ideólogos de la masacre: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Alfredo Atanasoff, Juan José Álvarez, Carlos Ruckauf, Luis Genoud y Jorge Matzkin, entre otros”.
El martes 26 se cumple una década de los asesinatos ocurridos en el Puente Pueyrredón. La decisión del juez Lijo de archivar la causa que investiga a los responsables políticos y el traslado de Franchiotti a Baradero (un premio) plantean coordinadas que deberán ser analizadas por las organizaciones políticas y los familiares de las víctimas, quienes siguen exigiendo justicia.
En 2008 Fanchiotti fue trasladado de la Unidad 25 de Olmos al penal de Varela luego de la denuncia de mantener condiciones de privilegio en su celda y salir de forma irregular de la cárcel. A casi diez años de la Masacre de Avellaneda, denunciamos el accionar de la justicia: que no otorgó sentencia firme a la condena, que absolvió y disminuyó la pena de otros de los policías procesados y que permitió que hoy, Fanchiotti sea trasladado a un régimen flexible de salidas.
A 10 años, denunciamos la impunidad de la justicia y continuamos exigiendo
Juicio y Castigo a los responsables políticos y materiales de la Masacre de Avellaneda
Darío y Maxi, presentes!!
FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN
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