Los sistemas judiciales de nuestros países de América son estructuras generalmente elitistas, clasistas, pensadas y diseñadas para perseguir, “para combatir el delito”, y no para hacer prevalecer el derecho. Son las conocidas “telas de araña” –pues la ruempe el bicho grande/Y sólo enrieda a los chicos–, que mentara el Martín Fierro y que ya conocían los griegos cuatrocientos años antes de Cristo.-
Nuestros sistemas policiales y procesales, desde su propia concepción y en la práctica cotidiana, sepultan la verdad y la mera búsqueda de la misma, bajo los escombros de su desprecio de todo aquello que no sea su prepotencia, su incapacidad y su soberbia clasista y, casi siempre, racista.-
Bajo esos escombros buscan los perros de la “Justicia” los cadáveres insepultos de la verdad, de la razón y de la verdadera Justicia. Ni “víctimas” ni “victimarios” encuentran respeto y equidad con ellos, sino a lo sumo el sentimiento de la venganza satisfecha y la confirmación de que el mundo y nuestros semejantes sólo merecen odio.-
No hay ceremonial ni rituales que puedan esconder estas verdades.-
Y si, acostumbrados y, a veces, hasta insensibilizados por el trato diario con esta realidad, hoy venimos a recordarla, a conjurarla y a maldecirla, es porque, como pocas veces, su accionar artero e hipócrita nos ha lastimado en lo más profundo, como profesionales del derecho, como militantes y como personas.-
Estamos hablando de lo sucedido con los seis dirigentes campesinos paraguayos que, en su momento, atraídos por los cantos de sirena de los supuestos defensores de los Derechos Humanos, acudieron a nuestra Patria a pedir refugio político contra la persecución del perverso sistema político e institucional paraguayo, y sólo encontraron traición, cárcel y negación de Justicia.-
Argentina consumó una nueva Infamia contra nuestros hermanos paraguayos, y esto lo reconocen hasta altos funcionarios del gobierno, aunque no lo digan en público.-
Los seis eran miembros de una organización campesina, el Movimiento Agrario y Popular, y cinco de ellos de una fracción del partido Patria Libre, varios de cuyos dirigentes habían sido detenidos, acusados del secuestro y la muerte de la hija de un ex presidente del Paraguay, hechos sobre cuya decisión se los acusó también a ellos mismos.-
A pesar de todos los esfuerzos, de todos los reclamos, de toda la movilización, de toda la indignación, la bronca y la vergüenza que todavía algunos podemos sentir, fueron, para ignominia de los responsables y ejecutores, extraditados después de dos años y medio de cárcel en nuestro suelo.-
En el Derecho se gana y se pierde y vaya si estamos acostumbrados a “perder”, a condenas inconcebibles, a represalias judiciales y policiales, a entrar a un partido con varios goles en contra.-
Sabemos mucho de eso porque nunca corremos en los Juicios que nos toca enfrentar con “el caballo del comisario” con amparo de Jueces y Fiscales como suele ocurrir en otros tipos de causas.-
Pero aún así, nos cuesta resignarnos a haber perdido en esta causa de extradición ligada profundamente a la Historia de nuestro Pueblo como ha sido la que culmina con la deportación de estos seis hermanos paraguayos enviados por el Gobierno y la Justicia Argentinos -a sabiendas- al peor de los infiernos.-
Cuatro años más pasaron en la inconcebible cárcel de Tacumbú, para finalmente ser sometidos a lo que no dudamos de calificar como simulacro de juicio, con un final ya escrito desde el principio de la persecución pero no por ello menos doloroso e indignante: una pena de 25 años de prisión por los delitos que se les endilgaron, más 10 años de “medida de seguridad” (al solo efecto de castigar la “peligrosidad” de los condenados). 35 años en total.
Podríamos llenar páginas y páginas relatando irregularidades, absurdos e hijoputeces, pero sólo mencionaremos algunas que se nos ocurren más relevantes.
- Casi toda la construcción acusatoria se estructuró sobre las declaraciones de un agente infiltrado dentro de la organización política Patria Libre. Los entonces Fiscal General del Paraguay y Jefe de la Policía Nacional declararon en el juicio que este los tenía permanente y completamente informados desde el momento en que se realizó el secuestro hasta el desenlace, de todos los movimientos y decisiones de dicha organización, supuestamente en referencia a esos hechos. Ninguno de ellos fue, no ya imputado o recriminado, ni siquiera interrogado por no haber interrumpido, o al menos intentado interrumpir, el accionar de los supuestos secuestradores y evitado el desenlace. Curiosamente (¿?) tampoco lo fueron por parte de la querella particular, la familia de la víctima.
- El sistema judicial paraguayo, a efectos del pedido de extradición, dio plenas garantías al argentino, no ya de respetar las garantías procesales de los acusados (cosa que no hizo) sino, puntual y explícitamente, de computar el tiempo de detención en Argentina como si hubiera transcurrido en suelo paraguayo, tanto a efectos del cómputo de la prisión preventiva como, desde ya, del cómputo de la pena. El tribunal de sentencia paraguayo ha sostenido que el tiempo de cárcel en Argentina no existió, sino que los seis estaban alojados en hoteles y residencias particulares; por lo tanto, en su sentencia comienza el cómputo de la pena desde la fecha en que se les levantó formalmente la “rebeldía”, 10 días después de la extradición. Pero ahora tanto el Gobierno como la Justicia argentina callan, miran para otro lado, no asumen la vergüenza de sus decisiones.-
- El tribunal de sentencia decidió pedir la investigación, amenazando con persecución judicial, a la testigo Regina de Rodas, que desde hace 7 años ha concurrido sistemáticamente a declarar en innumerables ocasiones, en distintas instancias y diferentes juicios, sin perder su condición de tal, ya que ni el judas ya mencionado se atrevió a cuestionar su testimonio sino que buscó un subterfugio para neutralizarlo.-
Como Asociación Gremial de Abogados, ya nos hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar a los estados argentino y paraguayo por la violación de los derechos y garantías de los 6 compañeros paraguayos y para solicitar medidas cautelares a favor de los mismos.Y, desde ya, acompañaremos todas las iniciativas que, con seguridad, recorrerán ese mismo camino para impugnar el proceso que se llevó adelante contra ellos en Paraguay. También nos presentaremos ante las autoridades argentinas pertinentes, incluido el Consejo de la Magistratura, para solicitar se investiguen y se castiguen los incumplimientos de las leyes y las sentencias argentinas pisoteadas en este triste caso.
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