Fallo judicial de Pascua Lama no es suficiente para proteger a las comunidades del Valle del Huasco

(MapuExpress)
Nueve de las organizaciones y comunidades que han sostenido durante más de diez años la defensa del Valle del Huasco, generaron declaración pública referente al reciente fallo judicial de la Corte de Apelaciones de Copiapó. La declaración que saluda la decisión de las autoridades judiciales, que han comprendido algunas de las inviabilidades "de la megaminería química en los ecosistemas glaciares y periglaciares", pero sigue siendo insuficiente.
Fallo judicial de Pascua Lama no es suficiente para proteger a las comunidades del Valle del Huasco

Por Alejandro Cárdenas
Producción informativa ALER
Antes de ayer, nueve de las organizaciones y comunidades que han sostenido durante más de diez años la defensa del Valle del Huasco, generaron declaración pública referente al reciente fallo judicial de la Corte de Apelaciones de Copiapó.
La declaración que saluda la decisión de las autoridades judiciales, que han comprendido algunas de las inviabilidades "de la megaminería química en los ecosistemas glaciares y periglaciares", sin embargo expresa la urgencia de revocar la Resolución de Calificación Ambiental del que viene siendo el proyecto minero más fiscalizado de Chile, así como "el primer proyecto minero binacional del planeta" en un territorio vivo de alta cordillera que no desea ser "zona de sacrificio" de la minería transnacional.
Rubén Cruz, miembro de la Comunidad Diaguita Patay Co, e integrante del Comité Esperanza de vida, en entrevista para ALER expone por qué se debe clausurar definitivamente el proyecto Pascua Lama.
"Nosotros creemos que la Resolución de Calificación Ambiental no asegura la vida en el Valle del Huasco, ahora estamos pagando las consecuencias frente a todo ese daño irreparable que ellos pagaron con 16 millones de dolares y que finalmente se les descontó el 25%", expreso Cruz.
Además, Rubén Cruz asistió el pasado 17 de julio a la sesión dada por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que recordemos, desde fines de mayo del año en curso se conformó con un plazo de 90 días para realizar las acciones de fiscalización ante las irregularidades e incumplimientos de Barrick.
Según el integrante de la comunidad, fue sorpresa encontrarse en la sesión con integrantes de organizaciones, como la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco. En principio, se conformaron con firmes posturas en contra del proyecto y paulatinamente se hicieron llamar a sí mismos 'representantes' de las comunidades de regantes, subordinándose a la transnacional con el fin de tranzar beneficios económicos particulares, por encima de los derechos comunes al agua y a la vida, y también desconociendo los derechos de autodeterminación y voz propia de comunidades como la Diaguita Patay Co.
Rubén Añadió señala que "se envió una carta deslegitimando a estos entes como representantes de todos los regantes ya que la Junta de Vigilancia firmó un protocolo de acuerdo de 60 millones de dólares y no ha trabajado en poder salvaguardar la vida y trabajar para los agricultores sino que para la empresa minera Barrick".