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sábado, 10 de agosto de 2013

Los jubilados y el salario mínimo que no llega

(ANRed)
Los jubilados y pensionados recibirán, desde el próximo mes y hasta marzo de 2014, un ingreso extra de 10 pesos diarios, el valor de un kilo de pan a precio oficial (en caso de que se consiga). Este ingreso, percibido por 8 de cada 10 jubilados, cubre la mitad de las necesidades básicas estimadas por la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires y sigue por detrás del salario mínimo, vital y móvil. Por Red Eco Alternativo

Por ANRed- E (redaccion@anred.org)
(Fabiana Arencibia-Red Eco) Argentina- La semana pasada la presidenta dio a conocer el nuevo ajuste en el haber de jubilados y pensionados que comenzará a regir a partir del próximo mes de setiembre. Desde entonces y hasta marzo del año próximo, 8 de cada 10 jubilados recibirán la mínima de 2.477 pesos de bolsillo.

El incremento que recibirán 4,5 millones de jubilados, representa un aumento del 14,41 por ciento respecto a los 2.165 pesos que están cobrando actualmente. Los dos ajustes de este año han acumulado un incremento del 32 por ciento, similar al de 2012 (31 por ciento). Es un buen porcentual si lo comparamos con las previsiones no oficiales inflacionarias y con los incrementos salariales de las paritarias.

Pero ¿en qué se convierte este último aumento cuando llega al bolsillo de los jubilados? Son 300 pesos mensuales, o sea 10 pesos diarios que, según manifestó un jubilado, es mas o menos según “si me quedo dormido o no. Si me levanto temprano y llego a la panadería a tiempo podré comprar un kilo de pan a precio del gobierno. Pero si salgo después de las 9.30 solo me alcanzará para medio kilo porque el pan del gobierno a esa hora ya no se consigue”.

La presidenta comentó en su discurso que las jubilaciones se habían incrementado desde 2003 a la actualidad en un 1.343 por ciento. Impresionante el efecto que causa este porcentual. Pero la realidad es que más allá de ese incremento, la base sobre la que se iniciaron estos dos ajustes anuales fue tan baja que aun altos incrementos no llegan a recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones de la gran mayoría de nuestros ancianos. “Al no actualizar la jubilación mínima con el restablecimiento de las escalas, el último porcentual de 14,41%, aplicado sobre la base de los $ 2.100 actuales hace que el haber jubilatorio se encamine a una ‘pensión a la vejez’”, afirma la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Argentina. “¿A qué tenemos derecho los jubilados y pensionados?” se preguntan desde la Mesa comparando su haber jubilatorio con el reciente Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) acordado entre el gobierno, representantes empresariales y de las centrales sindicales oficialistas.

Es que el Consejo del Salario Mínimo, que no cumplió con la obligación de determinar el monto de la canasta básica, resolvió que el SMVM será de 3.300 pesos desde agosto a diciembre y 3.600 a partir de enero de 2014. 
El SMVM es un derecho consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La ley 20.744 en su artículo 116 define como Salario mínimo vital a la “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. El concepto de móvil está asociado a la idea de que ningún trabajador puede recibir un salario que no le permita cubrir las necesidades establecidas en el articulo anteriormente mencionado y por lo tanto debería ajustarse tantas veces como sean necesarias para poder cumplir ese objetivo y no solamente en dos oportunidades anuales.

Lo que plantean los jubilados de la Mesa es que su haber sigue corriendo por detrás de lo mínimo que teóricamente necesita un trabajador para subsistir. “A los trabajadores jubilados no nos consideran con los mismos derechos, ya que cobraremos a partir de septiembre $823,02 menos que el SMVM y a partir de enero del 2014 serán $ 1.123,02 menos. Mucho mas grave aún es que con el aumento de setiembre estaremos en $ 2.023,02 menos que la Canasta Básica para un Adulto Mayor que según la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires es de $ 4.500, o sea vivir con la mitad de las necesidades básicas para la subsistencia”, dice la organización en un comunicado.

Eugenio Semino, Ombudsman de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, explicó durante una entrevista realizada por el programa radial Los Locos de Buenos Aires (FM La Tribu), que la pirámide de los haberes previsionales se fue achatando: “Antes era el 17 por ciento que cobraba el mínimo. Hoy es el 76 por ciento”.

Para Semino en el sistema de Seguridad Social “no hubo redistribución de la riqueza como se plantea pomposamente. Lo que hubo fue redistribución del ingreso porque sobre la misma masa se incorporaron casi 2,2 millones de personas más que estaban fuera del sistema”.

Para esto, que es positivo como medida de protección a la vejez, no se contempló que los fondos que recauda el propio sistema previsional tuvieron una quita del 8 por ciento sobre los aportes patronales a partir de 1994, lo que representa entre 20 y 30 mil millones de pesos por año que hoy no entran a las arcas de ANSeS. Por otra parte hay alrededor de un 34 por ciento de trabajo no registrado que no aporta al sistema. Pero además los que trabajan en blanco también tienen rubros “no remunerativos” sobre los cuales tampoco se aporta. Según Semino de cada dos trabajadores aporta solo uno. “Hoy la seguridad social no se financia desde el trabajo. Hay 8 millones de trabajadores, uno de cada dos, que no depositan para la jubilación, además del envejecimiento de la pirámide”

Por otra parte, de los impuestos que entran al sistema el más significativo es el IVA que sale también del bolsillo de los propios jubilados y trabajadores. “Entonces tenemos un sistema que no es sustentable en si mismo salvo que sometamos a 5 millones de jubilados a la pobreza”, afirma.

El sistema tiene un problema estructural serio, salvo para un Estado que se plantee darle menos a quienes mas lo necesitan. “El sistema no sería superavitario, tal como se presenta ahora, si se pagasen los juicios por reajuste que suman casi el medio 500 mil (no se sabe cuánto se debe). Y tampoco si los 2.477 de la mínima lo llevamos por lo menos a los 3.300 acordado para el SMVM”, afirma Semino. “Pero lo que no se dice cuando se habla del supuesto quiebre del sistema ante mayores aumentos (por ejemplo el 82 porciento móvil) - agrega el ombudsman - es que cada peso que se le pone a un jubilado en el bolsillo va al mercado interno, no se va a Miami ni tiene deseo ni necesidad de ahorro; hay una tasa de recupero inmediata. De cada 100 pesos 40 lo recuperas en el mismo mes por vía de consumo en el mercado interno y por lo tanto se entra en un círculo virtuoso que el mercado interno genera mas trabajo y por lo tanto más aporte”.

Tampoco se dice que en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, según la última presentación realizada por el director ejecutivo de ANSeS ante la comisión Bicameral de seguimiento de esos fondos, había 280.000 millones de pesos (30 mil millones de pesos implicaría pagar por año los casos de reajuste de haberes en consonancia con el fallo “Badaro” de la Corte Suprema de Justicia). Pero un 60 por ciento de esos fondos son títulos del Estado y no se sabe a ciencia cierta cuál será su valor de recupero. 
“Lo que hace falta es una reforma estructural que grabe la renta financiera, la renta minera y no que sea el impuesto al consumo (IVA) con el que se pretenda bancar al sistema”, afirma Semino.

Por su parte, los jubilados de la Mesa señalan: “La única forma para que los trabajadores jubilados puedan mantener el nivel de vida que teníamos como trabajadores activos es que el haber jubilatorio sea real sustituto del salario”. Para transitar ese camino proponen la sanción de una nueva Ley de Previsión Social cuyo proyecto han presentado al Congreso de la Nación para su tratamiento (expediente 5612-D-12), para que se reinstituya el 82 % móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo oficio o función y para que ningún haber jubilatorio esté por debajo del SMVM.

Además propician la creación del Instituto Nacional de Previsión Social, “el que funcionará de acuerdo a la Constitución Nacional, como entidad de derecho público no estatal, sin fines de lucro, con autarquía y autonomía económica, jurídica, financiera, contable y administrativa, dirigida por los representantes de jubilados, trabajadores activos y la participación del Estado”.

“Esta será la única forma de garantizar que los recursos que provienen de aportes de trabajadores activos, contribuciones patronales (recuperando el 100%) y del Estado, se apliquen para el pago de jubilaciones y pensiones. Todos los demás rubros que hacen a la Seguridad Social, de indiscutible necesidad e importancia, deben ser financiados con recursos propios determinados en el Presupuesto de la Nación”.