Por Alan Ulacia (desde Salta)
En la localidad salteña de Fortín Dragones, departamento de San Martín, la situación es crítica. El avasallamiento de los derechos de criollos e indígenas.
17 comunidades wichí organizadas en torno a la Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo, y 30 puestos criollos, son tanto las víctimas como el último foco de resistencia contra la perpetuación de una compleja y cruda realidad.
Un conglomerado de empresas madereras, terratenientes locales y compañías petroleras como Desafío Chaco S.A, El Yuto S.A, Rumbo Norte S.A, Fernando Censi, Franco Macri, Juan Carlos Romero, y las argentinas Tec. Petrol S.A y Grupo Plus Petrol, son, entre otros, los responsables directos de un proceso de ocupación ilegal de tierras para la tala, el desmonte (en muchos casos para el subsiguiente monocultivo de la soja transgénica) y la explotación petrolífera.
Existe en la zona un obsceno avasallamiento de los derechos posesorios de la población tanto indígena como criolla. Los mecanismos de adjudicación territorial por parte de los sectores de poder son absolutamente irregulares, y en muchos casos se ejecutan bajo engaño, ardid jurídico o bajo una presión directa que muchas veces adquiere la forma del desalojo violento.
Esta situación no sería posible sin el cómplice accionar de las siguientes instituciones públicas: instituciones provinciales como el Ministerio de Producción y Medio Ambiente de la Provincia de Salta (con la operación directa de La Unidad de Fiscalización y Control Ambiental), el delegado del Defensor del Pueblo en Salta, Félix González Bonorino; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); la docta Ana María Feudis de Lucía, del juzgado de Tartagal, quien no garantiza en absoluto el acceso igualitario a la justicia, sino que, en cambio, falla sistemáticamente a favor de los intereses empresariales; el Instituto Provincial de Asuntos Indígenas de Salta; el Intendente de Embarcación, Alfredo Llaya; el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, deus ex machina del sistemático plan de devastación humana y ambiental; los medios locales (principalmente el diario de la capital salteña, El Tribuno) y en última instancia, el gobierno nacional, por omisión (o no).
La “impunidad del Interior” aquí no es un prejuicio porteño-redentor sino una realidad efectiva, producto de un proyecto de nación que históricamente ha coronado a Buenos Aires como una centralizada caja de resonancia.
La invisibilidad de los sectores en situación de marginalidad y emergencia opera de modo tal, que tanto los mecanismos de desarrollo, asistencia y protección social del Estado, el acceso de los medios de comunicación, y de la opinión pública en general, llegan a la zona con gran dificultad y con un reducido margen de maniobra.
Nombrar los excepcionales casos de la ONG anglicana Fundación Asociana, el Observatorio Petrolero Sur y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que realizan un trabajo de asesoramiento, apoyo y visibilización en pos del fortalecimiento organizativo de la alianza indígena-criolla, forjada en el año 2010.
El hambre, la falta de acceso al agua potable, la ineficacia de los sistemas de salud, educación y documentación. Amplios sectores, en especial niños y ancianos, no cuentan con ningún documento de identidad ni actas de nacimiento (los hospitales se niegan a entregar las actas de nacimiento a los partos domiciliarios, que son mayoritarios). Todos estos factores confluyen dramáticamente y de a poco están condenado a la población a un silencioso y lento exterminio.
En este sentido, mencionar que un promedio actual de vida de 50 años y tres generaciones con problemas de desnutrición condenarán a las nuevas generaciones a un ya irreversible subdesarrollo psico-físico.
A su vez, el machismo y la violencia de género, tanto entre indígenas como criollos, dejan a las mujeres en una vulnerabilidad total. La problemática a veces adquiere la forma extrema del “chineo”, es decir, la violación colectiva de mujeres indígenas por parte de criollos. Crecen día a día casos de este tipo.
El avance territorial de los mencionados intereses político-empresariales coartan las posibilidades económicas de las poblaciones indígenas y criollas, siendo en ambos casos, con sus especificidades, la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca las principales actividades productivas.
Existe también una sistemática violación de derechos indígenas de rango constitucional e internacional, fundamentalmente el Artº 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. A su vez, esta problemática se desarrolla en el marco de la Ley Nº 26.160 de Relevamiento Territorial, a cargo del INAI, y la Ley de Bosques (Nº 26.331): todas estas normativas carecen de una aplicación efectiva, son prácticamente letra muerta.
Por otro lado, se ponen en marcha mecanismos de cooptación laboral y fragmentación organizativa, posibles a causa la necesidad material y la urgencia: “divide y reinarás”, reza una máxima política. Y los más poderosos la aplican, en muchos casos con éxito.
Explotan los índices de analfabetismo e ignorancia técnico- jurídica para marear ydesactivar las demandas y reclamos en un laberinto de formalidades burocráticas: el racismo y la segregación son moneda corriente en estas instancias; explotan los conflictos y diferencias inter-étnicas para debilitar cualquier ascenso organizativo; explotan la necesidad y la pobreza extrema, ponen a las poblaciones bajo su yugo a cambio de salarios de miseria y traición que obturan más aún la articulación de una resistencia y/o una alternativa social eficaz; por último, explotan los recursos naturales con una lógica predatoria e insustentable que genera una catastrófica mixtura de desertificación, deforestación, calentamiento global, contaminación agrotóxica, y hasta la aparición de nuevas patologías en la zona, como la leishmaniasis.
Aquellos que han “hecho patria”, los chaqueños criollos, que han combatido el “problema del indio”, que han construido el ferrocarril primero y la Ruta Nacional Nº 81 después, están siendo cercados por el avance de la frontera productivo-depredatoria, y paradójicamente, cuentan con leyes más débiles que las que “el indio”, que “el mataco”, ha ganado gracias a años de lucha. Proceso que encuentra en la reforma constitucional de 1994 valiosos frutos. Ahora, al parecer, frutos podridos, deslegitimados.
Existe en el chaco salteño, como en otras tantas latitudes de la República, un desfasaje mortal, cuyos responsables tienen nombre y apellido, una contradicción flagrante e inhumana entre desarrolloeconómico y progreso humano.
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