(ANRed)
La gobernación provincial asegura que no existen más de 52 fallecidos, pero el Juez Luis Arias –ahora apartado de la causa– identificó 3 más y denunció a la Policía bonaerense por fraguar actas de defunción. Además, hubo impedimentos para dejar entrar a funcionarios judiciales a la morgue, y se dieron a conocer otros casos de muertes que están fuera del listado oficial. En todos los barrios de la ciudad se descree de las cifras que dio a conocer el gobierno de la provincia. Por ANRed La Plata.Por RedAcción - LP
En la ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada, no sólo se vivieron momentos angustiantes durante el temporal sucedido el pasado 2 de abril y en los días posteriores por la ausencia casi total del Estado en términos de planes de evacuación y luego de asistencia a los vecinos afectados, sino que además la situación permanece de la misma forma en torno a la búsqueda de la verdad sobre cuántas personas fallecieron a causa de la catástrofe.
En todos los barrios afectados los vecinos cuentan más víctimas que las que la Gobernación provincial dice que hubo. Pero además, la investigación oficial ya mostró gruesas irregularidades que permiten dar cuenta de un importante operativo del Estado para disminuir los efectos políticos del desastre, bajando en principio la cantidad de muertes.
En ese sentido, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, conducido por Ricardo Casal, dio a conocer enseguida una lista de 51 personas muertas por el temporal, a la que luego se le agregó el nombre de la única persona desaparecida, Nilda Godoy, que fue encontrada hace tres días en unos pastizales en Los Hornos.
Esta versión es la que sostienen el Juez de Garantías Guillermo Atencio y el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, principales espadas judiciales del sciolismo para encabezar el operativo de minimizar el impacto político de la catástrofe.
Como contraparte, el Defensor Penal Juvenil Julián Axat inició una causa en el juzgado en lo Contencioso Administrativo de Luis Arias (foto), que derivó en la identificación de al menos tres víctimas más: Juan García, un hombre de 51 años que falleció ahogado tras ser arrastrado por la corriente en el cruce de 22 y 34; Edgardo Roberto Reguera, de 79 años, quien vivía en la calle 28, entre 43 y 44, y falleció tras ser arrastrado por el agua cuando iba a buscar a su familia; y Hebe Oleastro Ballve de Casasco, de 76 años, docente jubilada y ama de casa que murió de un paro cardíaco en el barrio La Loma por falta de asistencia médica el día de la tormenta. Estos tres casos no están en la lista oficial.
Además, hay otros casos de personas que fallecieron durante la tormenta, pero que las autoridades de la Provincia deciden no incluir en el listado. Por ejemplo, el caso de Alberto José Colombo, publicado por Revista La Pulseada, un jubilado que tenía mal de Parkinson y murió “de susto” enfrente de su esposa mientras lo tapaba el agua en Los Hornos. La Policía bonaerense le habría sugerido a la familia de Colombo que no llevaran el cuerpo a la morgue porque “estaba saturada”.
La historia no termina ahí, también está el caso de Guillermo Piombino, quien tenía 51 años y se encontraba internado en la Terapia Intensiva del Hospital Español, debido a un cuadro de EPOC. El último parte médico antes de la tormenta mostraba una importante mejoría. Sin embargo, falleció a las 8 de la mañana del miércoles 3 luego de realizar un paro cardiorrespiratorio, mientras en el sanatorio la electricidad estaba cortada y el equipo electrógeno –ubicado en el subsuelo– no pudo ponerse en funcionamiento porque estaba bajo el agua. Esto provocó que el respirador artificial así como todas las máquinas del Hospital dejaran de funcionar. Scioli había dicho en conferencia de prensa: “no se cortó la luz en los hospitales, aclarémoslo”.
También está el caso de Cristian Mendoza, de 18 años, que falleció junto a sus abuelos con quienes vivía en 6 y 92, y que sí figuran en la lista oficial. Sin embargo, el joven no fue incluido dado que su cuerpo fue enviado a Paraguay, su país natal, para ser velado allá.
El problema es que además de estas irregularidades, el Juez Atencio y la Provincia tienen un listado, que no han dado a conocer, de 37 fallecidos que murieron durante el temporal, pero que consideran que al no morir ahogados no se le puede atribuir las causas al temporal. Es decir, deliberadamente el Gobierno provincial usa un criterio que sólo es funcional a la reducción de la cantidad de víctimas fatales.
De la misma forma, no existió en ningún momento ningún dispositivo por parte del Estado para recabar información sobre las muertes no judicializadas. Es decir, personas fallecidas que fueron veladas por sus familias tras el temporal y de las que la Justicia y el Estado no tienen ninguna noticia.
Por ejemplo, el caso de Dolores Felicidad Fernández, una mujer de 91 años que murió en su casa de 12 entre 527 y 528, Tolosa, ahogada, y que fue encontrada por su hijo al otro día. La policía sólo se limitó a anotar su nombre en un papel, pero tampoco figura en la lista de fallecidos.
Hay además, testigos que dieron testimonio en el Juzgado de Arias, que aseguran haber visto cuerpos encontrados por personal policial después de que se diera a conocer el listado oficial de 52 víctimas.
Corrieron a Arias
Para ponerle un manto de oscuridad mayor a la cuestión, el Juez Atencio inició un pedido de inhibitoria al magistrado Luis Arias, impidiéndole así continuar con la investigación. Hasta tanto la Suprema Corte provincial no resuelva el conflicto de competencias judiciales, Arias no puede seguir investigando, y la única versión judicial en pie sería de la Atencio.
Ayer, Arias dio una conferencia de prensa en la que explicó: “He recibido una inhibitoria del doctor Atencio. El doctor entiende que es competente para esta situación. Se planteó un conflicto de competencia, lo cual me obliga a mí a remitir la causa a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, para que diga qué juez es competente”.
“Yo no tengo dudas de que la Corte va a decir que es de competencia contencioso administrativa, estamos seguros, porque acá no se están investigando delitos si no responsabilidades administrativas en la confección de los listados”, afirmó.
En ese sentido, remarcó: “Esto es una maniobra procesal para que la causa se vaya a la Corte y pueda permanecer allí un año, seis meses, un mes, o el tiempo que sea. Pero cualquier tiempo que sea, va a impedir la realización de las medidas que nosotros tenemos requeridas, y hay medidas muy urgentes y si la causa vuelve dentro de 15 días esas medidas se van a perder para siempre. Creo que esta es la intención”.
“Yo lamento que el juez Atencio se haya prestado a este juego del Poder Ejecutivo”, sentenció.
“Quiero exhortar a la Suprema Corte de la Provincia a que como en otras oportunidades lo ha hecho llame a un acuerdo extraordinario y resuelva esta contienda a la brevedad para que se pueda continuar con las medidas de prueba”, pidió Arias y agregó: “La finalidad de esto es demorar. Si esto se resuelve de acá a un año no se van a poder recolectar muchas pruebas. Esto es una especulación política, tengo la absoluta certeza. Me sorprende que este pedido de inhibitoria del doctor Atencio no tenga ninguna cita legal: ‘Soy competente porque creo que soy competente’. Los jueces nos basamos en la constitución y en las leyes para decidir, tenemos que dar respaldo a nuestras decisiones, fundarlas en derecho, en la constitución y en las leyes”.
El rol de la Bonaerense
“Hay un modus operandi de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que ha heredado de la dictadura militar, y que no hemos podido erradicar: la situación de falsear los certificados de defunción, diciendo que una persona falleció de un paro cardiorespiratorio no traumático cuando en realidad se ahogó por causas de la inundación”, explicó Arias.
Un dato no menor, es que tras haber desplazado a este magistrado de la investigación, el juez Guillermo Atencio, admitió ayer que “pueden haberse falseado actas de defunción”, dándole la razón a Arias y a Axat.
Por otra parte, Arias también habló sobre las desapariciones: “Hay desapariciones. No sabemos el número exacto. El Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, el fin de semana pasado, dijo que había una sola persona desaparecida, Nilda Godoy, que es la que apareció fallecida recientemente, mientras la policía a mí me entregó en persona una lista con 23 personas desaparecidas, que la he dado a conocer públicamente y la he agregado a la causa. Hay 23 desaparecidos según la Policía de la Provincia que conduce el Ministro Casal, que dijo que había una sola”.
“Y otro universo distinto, son las personas que se dice que aparecieron muertas, después del listado oficial de 51 personas. - explicó Arias - Yo tengo cierto escepticismo, me cuesta mucho creer que se hayan ocultado cadáveres, pero hemos tenido testimonios en la causa, uno lo he dado a conocer públicamente, de una persona que vio retirar 7 cuerpos de un desagüe en la calle 68 entre 31 y 131, corroborado por otros testigos que han colaborado en la causa. Y estos cuerpos son posteriores a los 51 que anunció el Poder Ejecutivo. ¿Esos cuerpos donde están? Por esa razón nosotros hicimos la diligencia en la morgue, y no nos dejaron entrar”.
En ese marco, se refirió al impedimento que tuvo de entrar a la morgue judicial esta semana, cuando al día siguiente el Juez Atencio pudo entrar sin problemas para decir después que no había muertos ocultos. “Es una puesta en escena lo de la morgue. El hecho de que vaya otro juez al día siguiente al que no me dejaron entrar a mí, es una puesta en escena. ¿Por qué no nos dejaron entrar? ¿Ocultan algo? Si había alguna prueba ahí que preservar, es lógico que desapareció, no seamos ingenuos”.
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