Daniel Solano, un desaparecido por cuestionar esta época

(ANRed)
Durante la última dictadura cívico-militar-religiosa las desapariciones estaban vinculadas, en general, a la lucha por un mundo mejor; hoy, la metodología se da más de lo que creemos, pero las causas pueden variar. El caso de Daniel Solano abarca todos los delitos que solemos tratar y denunciar desde los medios alternativos, populares y comunitarios: desaparición de personas, trabajo esclavo, trata de personas, connivencia policial, empresarial, judicial y política, desprecio a comunidades originarias y a inmigrantes. La lista sigue. Dialogamos con Sergio Heredia, abogado de la familia de Solano, quien hizo un pormenorizado relato de los alcances que tiene la historia de un joven salteño de 27 años que viajó al sur del país, tal como lo había hecho en otras oportunidades, a trabajar temporalmente en la cosecha de manzanas y pretendió reclamar el pago del sueldo que le correspondía y la empresa acostumbraba a quedarse para sí. Por La Retaguardia
Por ANRed- E (redaccion@anred.org)
Daniel Francisco Solano, miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta, había viajado en octubre de 2011 desde su Tartagal natal, al norte de la provincia de Salta, hacia la zona de Valle Medio de Río Negro, para trabajar en forma temporaria, es decir como trabajador golondrina, en la cosecha de manzanas en el establecimiento de la multinacional Expofrut, ubicado en la localidad de Lamarque, a través de la empresa tercerizadora Agro Cosecha SRL. Un mes después, en la madrugada del 5 de noviembre, fue visto por última vez mientras era sacado del boliche Macuba, de Choele Choel -paradójicamente, el sitio donde nació Rodolfo Walsh-, por la policía de la comisaría octava que se encontraba haciendo adicionales. Desde ese momento permanece desaparecido.

En un principio, la propia empresa para la que trabajaba Solano le puso a su padre dos abogados, que lo único que hicieron fue desviar la investigación al asegurar que el joven había viajado por su propia decisión a Neuquén, dejando en evidencia el interés del empleador en que no se supiera la verdad, ya que era uno de los victimarios. Al padre le llegaron a dar la ropa y los documentos de su hijo, diciéndole que lo fuera a buscar o que directamente se volviera a su Salta natal. Ante esta situación, los integrantes de la comunidad de Misión Cherenta se acercaron a Sergio Heredia, un tradicional abogado de Tartagal, “amigo de la comunidad” tal como él mismo se definió, quien aceptó hacerse cargo del caso y dirigirse a Río Negro, provincia en la que vive desde hace dieciocho meses. Lo primero que hizo el letrado al llegar a Lamarque fue anunciar la muerte de Solano y ponerse a investigar, junto a su colega de Bahía Blanca, Leonardo Aparicio, para encontrarse con un complejo entramado de muerte, explotación, mentiras, estafas y complicidades. “No solamente descubrimos que a Solano lo mata la policía, sino que también descubrimos un encubrimiento judicial, policial, empresarial –explicó Heredia a La Retaguardia–, porque a Solano lo matan para encubrir una gran estafa de los últimos cuatro años contra cientos de trabajadores norteños, que más o menos oscila entre los 18 millones de pesos. Ese día lunes (el siguiente a su desaparición), no es que Solano iba a hacer un paro o una protesta gremial, él era un chico con estudios secundarios, muy preparado, y se da cuenta que los estaban estafando y que había que pedir el reintegro de lo que les estaban haciendo. En vez de darles los 3000 pesos que les tenían que dar, les pagaban 1000. Solano ese primer mes cobró 860 pesos”. Según detalló Heredia, la empresa Expofrut llevaba una planilla de los trabajadores, por lo que si, por ejemplo, Solano había trabajado diez días a un jornal de 100 pesos, Expofrut le decía a la tercerizadora Agro Cosecha que le mandaba los 1000 pesos que le tenía que pagar a Solano, además de 700 pesos más para pagar los aportes. Pero Agro Cosecha tomaba los 1000 de Solano y establecía que había trabajado seis jornales en lugar de diez, entonces le daba 600 pesos de los 1000 que le correspondían, utilizando los 400 restantes para pagar los aportes, quedándose para sí los otros 700: “pero para poder hacer esta estafa –aclaró Heredia– tenía que traer a los aborígenes, que venían desde Tartagal, de la zona pobre, los hacinaban en casas, bajo custodia policial, iban a cobrar con siete efectivos atrás; y tenía que tener a la otra parte de la banda que era la asesoría de trabajo local. Cuando yo llegué, un anónimo me pasó los libros de la empresa y me di cuenta de que estaba ante una estafa. Entonces empezamos a investigar las dos cosas. Estoy por presentar ahora más de quince mil fojas, porque me he tomado el trabajo de cotejar el recibo de cada obrero norteño de los últimos cuatro años con cada planilla. A Solano en doce meses, la empresa le hizo 33.000 pesos; si se multiplica cien Solano en doce meses son 3 millones. Solano se da cuenta que lo están estafando. Él habla con su padre, porque compra un celular esa tarde, y le dice que el lunes iban a pedir el reintegro. Si había un escándalo, la empresa no iba a poder facturar más de 1 millón; entonces deciden matarlo. Porque ellos firmaron un contrato que decía que si tenían problema con la policía o la justicia eran despedidos. Los trabajadores eran cooptados a partir de un sistema en el que cuando llegaban, les daban 50 pesos para que coman toda la semana, por lo que tenían que ir a sacar crédito a la despensa, los hacían endeudarse con ropa entonces cuando el aborigen que venía a trabajar por tres meses cuando iba a cobrar le decían que tenía que cobrar 1000 pesos en lugar de los 3000 mil prometidos, pero no se quejaba porque tenía la policía arriba que los golpeaba. Era toda una mafia hecha por la policía, la empresa y la Secretaría de Trabajo local”. Así es como Heredia descubrió que quienes mandaron a matar a Solano eran los dueños de la empresa: “a Solano no se lo saca del boliche porque estaba borrachito; fue un plan. Lo fue a buscar un equipo parapolicial. Todo se logra encubrir, toda la cúpula policial encubrió. Uno de los policías que hoy está preso fue el que comandó la investigación en un principio. Se hace un encubrimiento perfecto hasta que llegamos nosotros”. A esta red además se suma la trama judicial, ya que por ejemplo a los dos días de efectuada la denuncia por desaparición, se hizo un rastrillaje en el balneario Isla 92, donde se cree que mataron a Solano, a cien metros del boliche: “van setenta obreros porque querían parar la empresa, pero para que no la paren arman una parodia. Dos obreros de una comunidad guaraní que está cerca de Tartagal encuentran la billetera de Solano. Cuando yo me entero voy a Salta a buscarlos, los encuentro, tenía que traerlos, nadie nos ayudaba, gasté dinero de mi bolsillo para traerlos en colectivo. Hemos descubierto entonces que en ese rastrillaje se encontró una zapatilla y la billetera, la policía reconoció que estos elementos desaparecieron. Le dije a la jueza que le había traído los testigos que dicen haber encontrado la billetera de Solano, que sabemos que vino la policía y guardó la billetera en una bolsita, pero ahora no está el acta del rastrillaje ni la billetera”, afirmó Heredia. “A los treinta días de que llegué, denuncié a treinta y cuatro personas, entre los que hay veintidós imputados que son policías y siete están actualmente detenidos. Y ahora vemos que hay encubrimiento con los civiles, porque si yo estoy diciendo que hay una asociación ilícita que mandó a matar tendrían que estar presos. El problema que tenemos es que la primera jueza, Marisa Bosco, se inhibió, renunció y no le aceptaron la renuncia; hoy está con juicio político. Además, su cuñado había sido gerente de la empresa. Después pasó un juez que es el que detuvo a los efectivos, que se llama Soto. Ahora pasamos a una tercera jueza que se llama Natalia Constanzo, y el gran problema que tenemos es que una de las abogadas puestas en un principio por la empresa a los Solano, que era asesora legal de la secretaría de trabajo de Lamarque, es prima hermana de esta jueza. Entonces se sigue encubriendo todo, y la idea es desgastarnos para que nos vayamos y esto quede en la nada. Después irán a soltar a los policías pero eso no lo vamos a permitir. Este es un caso más grande de los más grandes casos de la Argentina porque encubre todo, encubre explotación, justicia corrupta, política corrupta, intendentes”. Un encubrimiento que llega hasta la misma provincia de Salta, ya que antes de viajar a Río Negro en noviembre de 2011, el papá de Daniel hizo una denuncia por la desaparición de su hijo en la comisaría 45 de Tartagal, que fue robada falsificando los libros de la dependencia policial, según denunció Heredia a La Retaguardia. Actualmente, el papá de Daniel, su hermano Pablo, su hermana Maira y una sobrina de nombre Romina están acampando desde hace meses frente al juzgado de Río Negro reclamando justicia. Una protesta que hace un año, por ejemplo, incluyó una huelga de hambre por parte de los familiares. En tanto, Sergio Heredia trabaja e investiga quince horas diarias en un local prestado por la iglesia, algo que se notó en cada oración que dijo durante la entrevista con La Retaguardia, en la que brindó un dato, una prueba que da cuenta del encubrimiento existente en esta causa y en la desesperación que tienen los protagonistas por el peligro de que el caso de Solano quede impune. Por ejemplo, el abogado contó que dos días después de realizada la denuncia por la desaparición, un testigo dijo haber visto al joven salteño en un bar: “ese testigo se llama Paulino Rivera, es un boliviano que es el explotador y tratante de personas de una estancia que se llama ‘Estancia Negro Muerto’, donde se hacinan paraguayos y bolivianos. Ahí desapareció Pedro Cabaña Cuba. Este caso ya está toda la elevación impositiva en la justicia federal de Roca. Cuando yo llegué el expediente tenía doscientas fojas y hoy tiene cuarenta cuerpos, ocho mil fojas”. Efectivamente, en el marco de la investigación de la desaparición de Solano, Heredia descubrió otras muertes dentro de la misma causa, entre ellas las del paraguayo Pedro Cabaña Cuba y la del jujeño Héctor Villagrande: “empieza a salir a flote en el caso Solano todo lo que significa la trata de personas, la explotación. Es por eso que nosotros ahora estamos aislados, solos, no nos apoya nadie. Yo trabajo en una iglesia, la familia vive en carpas frente al Juzgado, y acá está haciendo -7 grados en este momento. Y seguimos trabajando, yo he dado a conocer hace unos días que el cuerpo de Solano se encontraría enterrado en la comisaría octava, en base a una investigación que hice y nadie dice nada. Se pidió ayuda a la nación y tampoco nos la ofrecieron. En marzo vino un equipo del canal de televisión Telefé e hizo un informe. Estuvieron tres días trabajando, les dimos todo y nunca pasaron el material porque hay mucha plata, son multinacionales y no pueden tener tres desaparecidos en democracia. Y ya ha aparecido un cuerpo en Conesa, al que le faltaban las manos y los pies, apareció otro en Beltrán, y dos cerca del boliche. Cuatro cuerpos, y esa noticia no se conoce en la Argentina, lo que es increíble”, se indigna el abogado. Tal como lo dijo apenas llegó a Río Negro hace dieciocho meses, Heredia está convencido de que Solano está muerto, y parte de su tarea es poder encontrar su cuerpo, que es la prueba que falta en todo este entramado. “Uno de los asesinos se llama Sandro Berthe –relató el letrado–; este policía estaba separado de sus funciones por una condena de dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación por volarle los dientes a un ciudadano en Macuba. La policía de Río Negro lo habilitó a los dos años y lo puso a hacer trabajo de albañilería en la comisaría octava, por eso es que nosotros creemos que el cuerpo de Solano está enterrado ahí, porque estaba haciendo trabajo de albañil y habían cambiado todos los pisos. Ese mismo policía hacía adicionales. Y cuando dejó de ser albañil, la jueza Bosco lo nombró jefe de una brigada de investigación trucha, que ahora figura en el expediente que esa brigada nunca existió. Su hija, también policía, en marzo del año pasado torturó a un menor con picana en la Comisaría de Beltrán; está suspendida en sus funciones y tiene fallo firme en la cámara penal por tortura con picana”, amplió Heredia. Berthe además fue el policía a cargo de la investigación por la desaparición del trabajador paraguayo Cabaña Cuba, en cuyo expediente se informa que se había ido de viaje, el mismo eufemismo que en el caso Solano. “Hace unos días descubrí que en la unidad regional –continuó Heredia en diálogo con La Retaguardia–, que es donde se comanda a todas las comisarías de la zona, vivió en una casa rodante durante diez años en el patio de la regional, un señor que hacía pozos de agua. Y resulta que este Sandro Berthe mientras estuvo suspendido en la policía trabajó con este hombre... Y yo le dije al fiscal, que comía asados con los policías, que cómo podía ser posible que nadie haya tomado en cuenta este detalle, o sea que Solano puede estar en un pozo de agua de la Patagonia. Aquí todos saben lo que pasó, pero nadie quiere hablar”. Una demostración de esto último es una situación que vivió el propio Heredia, que de no estar contada en este marco de impunidad hasta podría creerse sacada de una comedia negra: “el otro día fuimos a buscar el cuerpo de Solano en un puente. Estábamos con la Brigada de Criminalística y vimos sangre. Entonces les pido que saquen una foto y me dicen que se les acabó la pila de la máquina... Le muestro que un perro está marcando algo y me responden que lo que pasa es que está contento...”. En este sentido, Heredia explicó que todos los efectivos que aún se encuentran libres se dedican a plantar pistas falsas para demorar o impedir el avance de la causa. Ocurre que tal como lo señaló el letrado, este es un caso que desenmascara muchos delitos como la venta de droga que lleva adelante la propia policía dentro del boliche Macuba, donde además hay chicas en situación de trata que las hacen prostituirse allí. En diálogo con La Retaguardia, Heredia manifestó que a pesar de no ser un abogado penalista, entendió desde un principio el alcance de los hechos ocurridos en Río Negro, por lo que aún antes de viajar resolvió que debía filmar absolutamente todo lo que pasara incluso desde su salida de Tartagal: “muchas de esas filmaciones se empezaron a subir a internet, sobre todo las filmaciones de la violencia policial, de la trata, la esclavitud, la discriminación y esa es la gran conmoción que produce porque esto era una cloaca que se mantenía tapada, donde todos sabían cómo estaban los aborígenes. Y la indiferencia también es de Salta, de todo el mundo. A Solano viene una empresa de Tartagal a Río Negro que se llama El Tucumanito, atraviesan más de medio país, y en el expediente ya está probado que es trucha. Entonces, ¿cómo hacen para atravesar medio país con los controles provinciales? Con todas estas filmaciones de más de un año y pico, a fin de mes vamos a dar a conocer un documental que se llama ‘Diario de una causa’. Lo estamos haciendo con gente de Buenos Aires también pagado por nosotros, para que en la Argentina se conozca todo esto”. Desde ya el objetivo del documental no es comercial, sino que la intención es que pueda ser debatido en universidades y organismos de todo el país, para que se difunda lo que está sucediendo en la provincia de Río Negro. Ante el alcance de las denuncias que viene realizando, desde La Retaguardia se le consultó a Heredia si tenía miedo. Al respecto, contestó: “yo le dije al juez federal que calculo que en no más de quince días me van a matar; él ofreció sacarme y le dije que no. También me pusieron custodia de la policía provincial, pero lo hicieron para saber lo que hacía. Estaba custodiado las 24 horas pero dije que no, porque si me va a pasar algo no quiero esta policía, por eso es que nosotros hemos hecho esta película: todo mi trabajo está documentado. Ya hay denuncias de personas que han sido contratadas para hacerme daño. Pero yo a la comunidad en Tartagal lo único que le di fue mi palabra, dije que yo no iba a volver hasta no regresar a esta familia Solano con su hijo, y lo único que tiene un abogado es su palabra. La familia Solano y yo hemos renunciado a cualquier tipo de indemnización de la policía y del Estado, y yo le he dicho al gobernador de Río Negro que todo lo que le corresponda a Solano sea donado al Hospital de Choele. Lo único que queremos nosotros es el cuerpo, y volver a Tartagal con esta familia, que están bajo mi responsabilidad”. El caso Daniel Solano deja en evidencia todas las miserias de los distintos sectores involucrados, las empresas que explotan, estafan y mandan a matar, la policía que ejecuta, el Estado y la justicia cómplices que encubren. Todos protagonistas necesarios para que la impunidad siga siendo pieza fundamental de un sistema cruel, que huele tan mal porque tiene todos los olores hediondos de esta nueva época.