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sábado, 18 de mayo de 2013

Ríos de sangre


(Bandera Roja)
El genocida Efraín Ríos Montt, ex dictador guatemalteco, fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad el viernes pasado. El primer genocidio contra los Mayas juzgado en más de 500 años
Era tanto el horror cometido, que ni 30 años de injusticia pudieron tapar la responsabilidad del genocidio y delito contra la humanidad cometidos por el general y ex jefe de facto, Efraín Ríos Montt, en Guatemala durante sus 17 meses de nefasto gobierno. El tribunal penal de Guatemala lo ha condenado a 50 años de cárcel por genocidio y a otros 30 por crímenes de guerra perpetrados por el Ejército en contra del grupo étnico Ixil. Anciano de 86 años, recibió 80 años de prisión inconmutable, que es la pena máxima de la legislación guatemalteca a los crímenes de lesa humanidad. Para los pueblos originarios de Guatemala "se ha juzgando el primer genocidio contra el pueblo Maya en 500 años”.
El 14 de enero del 2012 Ríos Montt perdió la inmunidad judicial de la que gozaba como diputado del Congreso de la República. El “general de la tierra arrasada” como trágicamente era conocido, nunca había sido llamado por la justicia guatemalteca y el silencio fue la estrategia llevada adelante durante todos estos años para que nada se sepa. Pero el juicio llegó y por primera vez los sobrevivientes del conflicto armado guatemalteco que duró 36 años, pudieron contar la barbarie cometida en su contra. 
Desde el inicio del juicio, el 19 de marzo de 2013, comenzó una campaña de la derecha para desacreditar a los ixiles que exigen justicia ante la política contrainsurgente del dictador Ríos Montt. Esa estrategia encontró resultado cuando el 9 de abril la Corte Constitucional decidió suspenderlo y dar lugar a una petición de los abogados de los acusados para emitir algunas pruebas que se presentaron tarde en el proceso. Esa decisión dejaba a Ríos Montt nuevamente en libertad y con una sonrisa burlona en la cara. La desolación e incertidumbre se adueñó de las víctimas que nuevamente veían la injusticia vestida de impunidad. Pero lo que nadie esperaba, por esta misma incertidumbre, era que al reanudarse el juicio se comenzara con el proceso de las conclusiones y se acercara la etapa final, la sentencia tan esperada.
Después de veintisiete audiencias, el pueblo guatemalteco escuchó de la voz de la Jueza Jazmín Barrios, presidenta del tribunal, algo que sabían desde hace 30 años pero nunca habían logrado poner sobre el banquillo de los acusados. Rios Montt fue encontrado culpable de "masacres, torturas, violaciones sexuales, degradación de su dignidad y desplazamientos forzosos, y se ha comprobado que la población civil del grupo ixil fue objeto de asesinatos en forma masiva", detalló la sentancia. "Ríos Montt tuvo conocimiento" de las 15 masacres y "sabía completamente lo que pasaba y no hizo nada para pararlo".
La jueza Barrios detallo que las campañas militares de tierra arrasada durante ese periodo sistemática y repetidamente masacraron a la población maya ixil en el norte del departamento del Quiché por medio de patrones de violencia indiscriminada. “Los juzgadores hemos podido constatar mediante los testimonios muerte violenta de las personas, incendio de viviendas, muerte sistemática de niños y ancianos en forma indiscriminada”, constató.
Asimismo, consideró que los militares violaron a cientos de mujeres ixiles, destruyeron sus casas, cosechas y animales y utilizaron el hambre como "arma de guerra", entre otros hechos, "con la intención de (hacer) desaparecer a la etnia ixil".
Según demostró la Fiscalía durante el juicio, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, período en que Ríos Montt gobernó de facto Guatemala tras encabezar un golpe de Estado militar, las Fuerzas Armadas bajo sus órdenes asesinaron a 1.771 indígenas ixiles. En la lógica guerrerista toda la población Ixil Maya era un objetivo militar, incluidos los niños.
La sentencia tomó en cuenta los peritajes sobre racismo y genocidio, psicosociales, militares, antropológicos, culturales, de violencia sexual, y estadísticos, aportados por el Ministerio Publico. Así como la prueba documental por las víctimas en los cuales se evidencia que el ejército estigmatizó de rebelde y subversivo al pueblo Ixil por lo tanto "entraba en la categoría de enemigo interno, por lo que debía ser eliminado".
Otro elemento significativo de este juicio es que la sentencia toma en cuenta la violencia sexual vivida por las mujeres en el área Ixil y cómo este delito buscaba evitar la reproducción del pueblo Ixil.
"No puede haber paz en Guatemala sin justicia" concluyo la jueza Barrios y reiteró que el genocidio ha afectado a todas las personas en Guatemala y pidió al Ministerio Público de continuar investigando y acusar a otros responsables de genocidio en el país.
Por su parte el ex jefe de Inteligencia Militar José Rodríguez Sánchez, que también fue juzgado, fue absuelto de los mismos delitos al considerar el tribunal que "no tuvo injerencia" en las operaciones militares contra los indígenas.

Que termine cumpliéndose la sentencia

A pesar de la sentencia condenatoria pronunciada en contra del dictador, hay organizaciones de derechos humanos que mantienen las dudas de que la misma se mantenga cuando se eleve a instancias superiores, pues “la justicia en Guatemala avanza y da resultados positivos para el que tiene influencias, cuentan con bienes suficientes, pertenece a grupos que de una u otra manera se encargan de proponer a los Magistrados que luego son designados y que quedan obligados con los que dieron lugar a su elección”. Por eso diferentes organizaciones populares aclararon que festejaron la sentencia, pero seguirán atentas a lo que ocurra con la suerte del dictador, ya que la condena no se encuentra firme y diversos recursos legales pueden anularla.
Por su parte el Movimientos Sindical Indígena Campesino de Guatemala manifestó que “para completar el proceso de reconciliación la justicia debe ir más allá del juzgamiento de quienes ejecutaron materialmente estas atrocidades; implica que se debe juzgar y condenar a quienes apoyaron, auspiciaron y se beneficiaron de alguna forma del genocidio; esto significa que junto a los militares y paramilitares deben ser juzgados quienes dentro y fuera del país pusieron las armas en sus manos, quienes se beneficiaron directamente de la erradicación o desplazamiento de los pueblos para constituir latifundios sobre la base de la apropiación de las tierras de los pueblos arrasados o desplazados y que esas tierras deben ser restituidas a esos pueblos”.
Los pueblos indígenas, quienes más sufrieron este genocidio, destacaron en un comunicado que "la sentencia se dicta en un día en que el Sagrado Calendario Maya está regido por la fuerza del Nawual AJPU,que representa al Abuelo Sol, un día de discernimiento y asertividad que se consiguen mediante la observación de lo ocurrido. Hoy con esta sentencia se da la oportunidad para un nuevo amanecer, un nuevo sol, una oportunidad para construir un país más justo".

Fernando Gómez.